La crisis de la política no es un fenómeno exclusivamente  colombiano, por el contrario es un fenómeno universal y es parte de la crisis sistémica que se ha profundizado en los últimos años y que abarca a la economía, al medio ambiente, al verdadero apartheid social en que el 1 por ciento de los más ricos del planeta controlan tantos recursos como los que ganan 3600 millones de seres humanos así como la crisis de civilización en que nos encontramos.

Como lo señaló recientemente Juan Carlos Monedero la crisis política no es nueva sino que lo nuevo es que se ha profundizado manifestándose ahora como una crisis de legitimidad y de capacidad para adoptar las acciones y los programas que gobiernen efectivamente la globalización en curso. Quizás el principal problema de los partidos políticos es que han asumido que el mercado y los agentes del mismo sean autónomos de la política y que esta simplemente se subordine a los intereses económicos. La tragedia en particular de los partidos socialdemócratas consistió en aceptar que los principales postulados de los economistas neoliberales eran infalibles y decidió administrar el modelo neoliberal cediendo el lugar central de la política en la conducción de la economía. En síntesis la mayor parte de la sociedad política dio por sentado que el único modelo económico posible era el neoliberalismo y se sujetó a sus designios apenas con cuestionamientos menores. Esto fue lo que sucedió en Europa con los partidos socialdemócratas y en Estados Unidos con el Partido Demócrata.

La excepción la constituyeron los gobiernos del centro izquierda en América Latina que postularon críticas al neoliberalismo y que pusieron en marcha políticas contrarias a estos dogmas, pero, sin profundizar la crítica al modelo extractivista y de reprimarización de la economía. Durante años gobernaron en Brasil y Argentina que ahora han regresado a regímenes y a gobiernos conservadores de corte neoliberal que buscan en medio de la resistencia de los movimientos sociales dar marcha atrás en algunas de las reivindicaciones logradas durante los gobiernos de centro izquierda.  Son reconocidos los logros de estos gobiernos en materia de inclusión social y disminución de la pobreza, pero también son claras sus limitaciones como hemos señalado en torno al modelo económico y las limitaciones en la formulación de alternativas de desarrollo por fuera de los patrones tradicionales de acumulación capitalista. El péndulo político pareciera ahora cerrar el ciclo iniciado con la llegada de Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 al poder después seguido por los triunfos de Lula en Brasil, Correa en Ecuador y también el triunfo de Tabaré Vásquez en Uruguay y Evo Morales en Bolivia. En Ecuador no está claro aún si se mantiene el proyecto político de Correa ahora que se realice la segunda vuelta electoral. En todos los países incluido Chile no se realizaron profundas reformas en las finanzas públicas que permitieran niveles reales de redistribución de la renta y que combatieran estructuralmente las desigualdades. Todos estos gobiernos redistribuyeron recursos en favor de los más desprotegidos aprovechando la bonanza de los buenos precios de las materias primas que exportaron junto con los buenos precios del petróleo y de los minerales, pero, como hemos dicho no tocaron por la vía de la tributación a los sectores económicos más poderosos.

Ahora bien, como hemos señalado se ha avanzado bastante sobre el diagnóstico de la  crisis de la política y de los partidos políticos. Juan Carlos Monedero resume estos problemas de la siguiente manera: 1) ausencia de democracia interna con una gran oligarquización, fuertes liderazgos y anonimato de los militantes; 2) escaso poder real de la militancia en la toma de decisiones importantes –el gobierno suele tener más poder que el grupo parlamentario que lo sostiene y que apenas puede hacer algo para exigir el cumplimiento del programa-. En otros términos, las decisiones políticas se toman por fuera de los órganos de partido, a menudo incluso por fuera del país; 3) baja afiliación y desinterés por incrementar el número de militantes activos; 4) funcionarización de los militantes; 5) grandes gastos electorales y en relación con esto, participación de los partidos en redes de financiación ilegal  con el resultado final de colusión entre la gran empresa, los bancos y los partidos financiados por los contribuyentes y expresada en megaproyectos, rescates bancarios e infraestructuras innecesarias; 6) difuminación de las ideologías; intentos de captar un número mayor de votos y voluntad de ganar mayor libertad respecto de compromisos de transformación; 7) complejidad y globalidad de los temas tratados que lleva a la especialización y con ella a ininteligibilidad del discurso; 8) escasa flexibilidad para incorporar las nuevas demandas ciudadanas al tratarse de “empresas” con clientes muy definidos; por ejemplo, dificultades para satisfacer al tiempo las demandas del precariado y del obrero tradicional; 9) escaso margen de maniobra para defender los intereses nacionales en una economía internacionalizada determinada por los mecanismos financieros, económicos y políticos globales (FMI, Banco Mundial; OMC, UE); 10) funcionamiento empresarial de los partidos, donde dirigentes y empleados/militantes buscan principalmente mantener un nicho electoral que les permita su margen de ganancia (“élites extractivas” lo han llamado Acemoglu y Robinson); 11) cooptación directa o indirecta del poder judicial y de los mecanismos administrativos de la justicia (mal llamada politización); impunidad de la cúpula de los partidos; 12) colusión entre los partidos y los medios de comunicación que reducen la política a las cuitas interpartidistas. Todos estos elementos tienen como corolario necesario la clara impotencia de los partidos para buscar soluciones fuera del marco de la garantía de continuidad (el de la democracia representativa y la economía neoliberal) con el resultado de un creciente alejamiento de una parte creciente de la sociedad.[i]

Los resultados son casi los mismos en todas partes: impotencia de los movimientos sociales para encarar la tarea de refundación de la política. A menudo los movimientos sociales son capaces de derribar dictaduras o dictablandas como lo lograron recientemente los vigorosos movimientos sociales en los países árabes pero no han logrado transformaciones significativas en el modelo de desarrollo económico y político que ellos han rechazado y derribado. En otros lugares como España se echó abajo al gobierno socialdemócrata pero asumieron con más vigor los del Partido Popular que aplican con más profundidad las medidas de ajuste neoliberal. Las transformaciones de la política en el Sur de Europa son alentadoras con el llamado bloque de Izquierdas en Portugal o Podemos en España en donde la refundación de la política está al orden del día y genera nuevas esperanzas.

La crisis de la política en Colombia y su reforma

En Colombia desde la Constitución de 1991 se ha intentado una reforma de la política que sin embargo no ha logrado avances significativos y por el contrario, algunos de los viejos problemas se han tornado más agudos. A la reforma emprendida en 1991 le siguió luego una contrarreforma en el año 2003 y una reforma parcial en el año 2011. La del año 2003 buscó hacer frente a la aguda fragmentación política que llevó a que en el año 2002 hubiese 72 partidos políticos legalmente reconocidos con lo cual la gobernabilidad tenía que ser lograda negociando al detal con cada pequeña agrupación que apenas si tenían más de un senador y unos pocos representantes a la Cámara; por eso se aprobó en dicha reforma las listas únicas con voto preferente, el umbral del 2 y luego del 3% para el reparto de las curules así como la cifra repartidora y el financiamiento preponderantemente estatal  de las campañas políticas y se reformo la forma de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que pasaron a ser elegidos directamente por el Congreso de la República . Los resultados en materia de combate a la fragmentación de la política arrojó como resultado la disminución drástica del número de partidos que se redujo en la actualidad a unos 11 partidos políticos que gozan de reconocimiento legal.

Pero hay dos aspectos que han resultado sumamente problemáticos. Las listas únicas con voto preferente  combinadas con la circunscripción nacional para la elección del Senado de la República, encarecieron de tal forma  los costos de las campañas electorales que el financiamiento se ha tornado no solo exorbitante sino incontrolable. Pero también han dejado sin representación a los pequeños departamentos en el Senado de la República. Por ello dentro de los debates sobre la reforma política aparecen estos dos como temas ineludibles. Algunos proponen la eliminación de la circunscripción nacional y el retorno a las circunscripciones departamentales para la elección del Senado de la República con lo cual estaríamos retrocediendo a la forma de elección que se eliminó en el año de 1991 para salir del  compulsivo bipartidismo que nos gobernaba.  Para mejorar la representación de los pequeños departamentos y manteniendo el sistema bicameral se podría incrementar su representación en la Cámara de Representantes sin eliminar la circunscripción nacional al tiempo que deberían establecerse funciones diferenciadas para cada una de las Cámaras como que todas las reformas y leyes que tengan que ver con el territorio y con la descentralización deberían iniciar su trámite en la Cámara de Representantes y luego si pasar al Senado de la República, por ejemplo. La existencia de la circunscripción nacional ha significado avances importantes en el pluralismo político que son innegables y frente a lo cual no se debería retroceder. Tampoco en mantener separadas las elecciones regionales y locales de las elecciones nacionales.

Frente al financiamiento de las campañas se ha vuelto a proponer la eliminación del voto preferente o de listas abiertas en que el elector selecciona y vota por su candidato para retornar a las listas cerradas con procedimientos democráticos internos para su conformación. La gran dificultad como ya anotaba uno de los mayores expertos del país, Juan Jaramillo, es que en dónde se han aprobado las listas abiertas solo ha sido posible su reforma por mecanismos extraparlamentarios como las constituyentes. Es muy difícil esta reforma aún con el mecanismo de la vía rápida o fast track. Ello sería complementado con el financiamiento totalmente público de las campañas inicialmente por un período de ocho años. En este punto valga mencionar que si este financiamiento público no se acompaña con una reforma que permita el acceso gratuito a la radio y la televisión las campañas seguirán siendo costosas. México hizo a mi juicio lo correcto y fue reservar espacios gratuitos en horarios prime time que los concesionarios ceden para las campañas políticas sin costo ninguno. El espacio electromagnético es público y por ello al momento de aprobar las concesiones el Estado reserva esos espacios para que los partidos los puedan utilizar en las campañas electorales con lo cual las campañas disminuyen drásticamente sus costos.

Finalmente un tema central del debate hoy en Colombia es el de las autoridades electorales. Tirios y troyanos reconocen que lo que existe actualmente funciona mal. Los recientes escándalos muestran que las autoridades electorales no tienen ni la capacidad ni los recursos para garantizar elecciones libres y seguras. En Colombia actualmente hay un Consejo Nacional Electoral que es una vergüenza como autoridad administrativa pues no ejerce ningún control sobre el financiamiento legal e ilegal de la política. Los escándalos por el financiamiento de la mafia a la política como el llamado proceso 8000 por la entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper en el año de 1994, luego el escándalo por la elección de por lo menos un 36% de los parlamentarios por grupos paramilitares y el proceso judicial que terminó con la condena de 63 parlamentarios en el llamado proceso de la parapolítica y ahora la financiación de las campañas presidenciales de la derecha del candidato Oscar Iván Zuluaga y una no muy clara aún financiación a la campaña del presidente Santos en el año 2014 por parte de la firma brasilera  Odebrecht  muestran que el financiamiento ilegal no es detectado ni controlado por las autoridades electorales.

El Consejo Nacional Electoral está en manos de los partidos y esto es lo que hace de ese organismo un ente burocrático ineficaz. La autoridad electoral se traslada a la sección Quinta del Consejo de Estado que tampoco funciona adecuadamente por los resultados que hemos señalado. Por tal razón y ojalá la Misión Electoral lo contemple dentro de sus propuestas se requiere crear un Tribunal Electoral conformado por magistrados independientes como una rama autónoma del poder público pues lo que está en juego es la democracia misma. Ese tribunal debe ser además el director de la Registraduría Nacional del estado Civil. En dicho tribunal se debe garantizar la doble instancia. Uno de los problemas de la sección quinta del Consejo de Estado es que es lenta y ha carecido de instrumentos para llevar adelante un verdadero proceso de sanción a las prácticas corruptas como la compra de votos, la entrega de dádivas a los electores, el financiamiento ilegal de las campañas,  la violación de los topes fijados para las campañas, el financiamiento aparentemente legal de contratistas que luego cobran el respaldo en contratos, los nexos con actores armados ilegales y con sectores mafiosos, en fin, el listado es largo.

Por ello y como parte de las transformaciones se requiere con urgencia un rediseño de los poderes electorales. La reforma de 2011 buscó endurecer las sanciones a los partidos y movimientos políticos a quienes se compruebe nexos con la mafia o con grupos armados ilegales estableciendo que la curul del parlamentario que resultaré culpable permanecerá vacía durante lo que reste del período pero los parlamentarios negar la propuesta que tal castigo también cobijara a los responsables por delitos contra la administración pública. Las medidas sancionatorias no resultaron eficaces. Una transformación de la vida política implicará también el endurecimiento de las sanciones por delitos electorales  tales como la devolución de los recursos para campañas que se compruebe que recibieron financiamiento ilegal o que incurrieron en actos de corrupción, la prohibición para que presentes candidatos en las circunscripciones en las que se compruebe la comisión de delitos, la responsabilidad de los directivos de los partidos por estas conductas así como sanciones a los partidos por avalar este tipo de candidatos solo con medidas como estas podría avanzarse en la depuración de la vida política del país.

Bogotá marzo 9 de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

Nota

[i] Monedero, Juan Carlos. Curso urgente de política para gente decente. Editorial Planeta Colombiana S.A. Bogotá 2014, Págs. 146-147.

https://www.sur.org.co/reforma-politica-vuelve-y-juega/