Que el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, el vocero de Enrique Peña Nieto y el presidente del Revolucionario Institucional, designado por el Presidente, salgan a la plaza pública a condenar a Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial puntero en las preferencias ciudadanas, no es un hecho anecdótico y mucho menos casual, como sucedió el jueves 16.

Tampoco lo es que días antes, el 13, sin mediar prueba documental ninguna, los conductores de los principales noticieros en televisión y radio dieran por hecho que llamó “provocador” a un padre de familia de los desaparecidos y que le ordenó “Cállate”, en Nueva York. El incidente o error, si así se prefiere, fue magnificado y convertido en nota principal durante media semana, y de la noche a la mañana los conductores aparecieron como defensores de los normalistas agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. La inducción de la mediocracia fue más que inocultable, evidente.

La insistencia de Miguel Ángel Osorio por desempeñar el papel de “golpeador”, podría evidenciar su desesperación para ganar la voluntad y apoyo presidenciales frente a Aurelio Nuño, Luis Videgaray y otros suspirantes por la candidatura tricolor; o bien de plano el hidalguense estima que ya no tiene futuro en ese terreno y está dispuesto a pelearse con AMLO a sabiendas de que no será candidato a presidente, o quizá sí, pero de Pachuca.

También es comprensible que los grupos gobernantes de Miguel de la Madrid hasta nuestros días estén muy agradecidos con el Ejército y la Marina porque sin tales instituciones no podrían medio acotar la inseguridad pública, así sea violentando el espíritu y la letra de la centenaria Constitución, y menos marcarle límites al crimen organizado hoy muy fragmentado y más violento.

Si las fuerzas armadas están fuera de los cuarteles cumpliendo funciones policiales es por la incapacidad de los gobernantes para formar cuerpos policiacos competentes, profesionales, a pesar de la inversión multimillonaria utilizada y muy poco transparente.

Osorio demanda que AMLO presente pruebas sobre la participación de militares en la desaparición de los 43 estudiantes, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes solicitó infinidad de veces conversar con los integrantes del 27 Batallón de Infantería que la noche del 26-27 de septiembre de 2014 realizaron guardia y sencillamente le fue negado. ¿Qué oculta el gobierno de Peña Nieto?

Fueron los integrantes del GIEI los que postularon la intervención de soldados en los trágicos hechos de Iguala, no AMLO. Y esto lo saben muy bien Osorio y los demás declarantes oficiales. Por eso resulta hilarante que el secretario de Gobernación no practique la recomendación que hizo, presentar al Ministerio Público que controla el Ejecutivo, “pruebas de sus dichos sobre la presunta responsabilidad de las fuerzas armadas en el caso Iguala”. Chong debería presentar las propias para demostrar “su relación y apoyo (de AMLO) a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero”, a quien aludió como “responsable del ataque de policías locales contra los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014”. ¡Revive la “verdad histórica” del ahora exitoso gasolinero Jesús Murillo!

Analizar críticamente a las fuerzas armadas es un ejercicio democrático indispensable, que este editor y Forum practican desde octubre de 1993, a pesar de que la Secretaria de la Defensa Nacional a cargo de Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre fueron persecutores tenaces durante más de ocho años.

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