Leyes duras, presupuestos abundantes, gatillo fácil y cárceles llenas han empeorado los indicadores de seguridad en toda América Latina mientras los ciudadanos se perciben con toda razón crecientemente más inseguros.

El Estado es el principal actor de la seguridad en su doble rol de decisor político y de ofensor criminal, causa del problema y origen de la solución. Comparte con el delito las características definitorias de ambos universos: territorialidad, monopolio, coacción y estabilidad. La geopolítica de la seguridad impulsa el mejoramiento de los indicadores de estatalidad del Estado a fin de disminuir la incidencia de los indicadores de estatalidad del delito.

El Estado no es homogéneo ni estático, está mutando constantemente y asiste a las subas y bajas de poder en sus distintas áreas en virtud de los resultados coyunturales de las disputas interhegemónicas establecidas en su seno. Esas diferencias de nivel permiten hablar de grados o indicadores de estatalidad a la hora de estudiar el comportamiento social del Estado.

El concepto de estatalidad no significa más presencia del Estado, sino más Estado dentro del Estado; es la recuperación del carácter democrático, humanista y garantista del Estado. En términos de seguridad es la revocatoria de la violencia, la impunidad y los pactos delegativos.

1. Entendiendo que la seguridad es una problemática siempre de carácter local, los indicadores de estatalidad territorial se refieren a la iluminación de las calles en los barrios, el transporte público en cantidad y calidad, la existencia de buenos accesos, el control y visibilidad de los espacios vacíos (baldíos), centros deportivos, actividades recreativas, vida comercial nocturna, la ampliación del espacio público, la extensión del horario ciudadano y la democratización – ocupación del territorio barrial.

2.  

La conexión del barrio o colonia con el resto de la ciudad tiene una centralidad geopolítica que debe alejarse de los intereses comerciales de shoppings y megamercados para volcarse a una geopolítica de la seguridad. No deber haber barreras físicas (autopistas, vías férreas, ríos) que aíslen o fragmenten los núcleos poblacionales, los desafíos geopolíticos que puedan existir deben ser resueltos, evitar que los formatos de las construcciones configuren espacios vacíos o cerrazones urbanas. A nivel de una geopolítica nacional de la seguridad, el ferrocarril es un constructor de pueblos, un integrador geográfico de regiones y un garante de interconexión humana que debe recuperarse.

3. Los indicadores relacionados con el carácter monopólico del Estado se refieren a la calidad de la provisión de servicios que deben considerarse como bienes públicos (agua, electricidad, gas, televisión, internet). También están implicadas la salud pública, la existencia de oficinas de gobierno en los barrios, escuelas, Iglesias, talleres. Los incentivos para la presencia de ONGs en los barrios son contrarios a la elevación del carácter monopólico del Estado porque señalan su ausencia por delegación de poder, como una tercerización de sus obligaciones.

4.  

Dentro del mejoramiento de los indicadores de estatalidad en el aspecto monopólico del Estado es esencial poner fin al doble pacto delegativo de la policía, el gobierno y el crimen organizado retomando el control político de la seguridad.

5. La estatalidad de la coerción o violencia se manifiesta en los indicadores relacionados con la existencia de una policía de proximidad para el control de la violencia interpersonal, propender a la resolución pacífica de conflictos, una cultura de la convivencia y el autoncontrol, una cultura de paz, el fomento a la transparencia y el fin de la corrupción, el acceso ciudadano a la libertad de información, la eliminación de los edictos policiales. El rol policial en los barrios se manifiesta en el patrullaje permanente, la presencia pasiva, la implementación de lugares seguros, con la intención de asegurar el control territorial y la legitimación de la ocupación del espacio público.

6. Por último, la estabilidad geopolítica se expresa en políticas de visibilización del Estado, mediante la promoción de liderazgos locales participativos, el empoderamiento de las organizaciones civiles mediante la participación en asuntos comunitarios, el abordaje científico de las problemáticas criminales locales, el fomento a la educación y formación policial con el objetivo de establecer estrategias de descriminalización. Es vital el fortalecimiento de la comunicación positiva en seguridad y la formación de periodistas especializados en seguridad.

La descriminalización trabaja sobre la hipótesis de la existencia de delitos que no son delitos, hacia una despenalización de la vida social mediante la comprensión de las disparidades geopolíticas que definen a la sociedad contemporánea. Los perfiles criminales están cargados de falsas premisas, prejuicios y mecanismos de control que definen a la familia y la escuela como instituciones nucleares constructoras de formatos preconcebidos de normalidad. Los perfiles deben elaborarse con una base científica que descarte la sospecha étnica, de clase, migratoria o ideológica.

La comunicación positiva entiende que las consignas estatales que pregonan la autopreservación de seguridad (mediante conductas de precaución, autoexclusión, desconfianza y sigilo) aumentan el temor, la individualidad, el descompromiso ciudadano y la percepción de inseguridad al mismo tiempo que fomentan el uso ilegal del territorio, el armamento personal, la asunción de una legitimidad superior a la ley y la despreocupación de las instituciones. Una comunicación positiva acentúa las garantías del Estado sobre la seguridad personal y comunitaria local, asegurando espacios, usos y costumbres éticamente correspondientes de la ciudadanía. De esta forma tiende a la descriminalización de los territorios, la ausencia de temor y la autoconfianza ciudadana.

La formación de periodistas especializados en seguridad permitirá la elaboración de una masa crítica de profesionales capacitados en la obtención y redacción de información pertinente y focalizada que menoscabe el rol securitizante de los medios de comunicación, principales constructores de la agenda de seguridad en nuestros países.

Miguel Ángel Barrios

Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política.

Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica" (Director), "Consejo Suramericano de Defensa: desafíos geopolíticos y perspectivas continentales" y "Seguridad Ciudadana: de lo municipal a lo continental"

Profesor de Geoestrategia en la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de Morón y creador de la Cátedra en Seguridad Ciudadana en la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Dicta seminarios y cursos en Academias Policiales de América Latina y es Consultor en Políticas Públicas de Seguridad.

Coautor con Norberto Emmerich de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina", que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.

Norberto Emmerich

Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

Ha escrito "Una teoría política para el narcotráfico", "Geopolítica del Narcotráfico en América Latina" y "Narcos en Buenos Aires: el caso de la Villa 31".

Profesor de "Seguridad Ciudadana" y "Política Criminal" en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Fue Decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones de la misma Universidad.

Coautor de "Geopolítica de la Seguridad en América Latina" junto a Miguel Angel Barrios, que publicará la Editorial Biblos de Buenos Aires próximamente.