Desde el 1 de abril la oposición venezolana promueve la violencia callejera en Caracas y otras ciudades. Hubo ya varios muertos y muchos heridos. La causa profunda del derramamiento de sangre es el golpismo de esa oposición y su aliado mayor, EE UU.

El 1 de abril pasado Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia que rectificara su decisión de tres días antes, de asumir funciones propias de la Asamblea Nacional. La solicitud presidencial fue aceptada y en ese sentido desaparecían las causales del supuesto “autogolpe de Estado”, con que la Mesa de Unidad Democrática bombardeó mediáticamente al mundo.

No hubo nunca tal golpe de Estado, pero en todo caso, con ese paso atrás del Poder Judicial, quedaba normalizada la situación. Se volvía a “fojas cero”, para usar una desprestigiada expresión macrista.

En vez de aceptar esa rectificación de la justicia a pedido del gobierno y reencauzar sus reclamos políticos por la vía pacífica, ahora con un relativo fortalecimiento porque a los ojos del mundo Maduro habría quedado en offside, los dirigentes opositores redoblaron su apuesta violenta.

La excusa fue que querían converger hacia la Defensoría del Público y el centro de Caracas para entregar una carta del titular de la polémica Asamblea Nacional, Julio Borges, del Partido Primero Justicia, al que también pertenece el dos veces derrotado candidato presidencial Henrique Capriles, gobernador de Miranda.

Con esa excusa convocaron a movilizaciones violentas, la última el 19 de abril, justo cuando el presidente y los sectores populares que lo apoyan realizaban una gran concentración en el aniversario 204 de la declaración de la independencia. El gobierno apeló a la policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que las columnas opositoras no pudieran incendiar sus objetivos.

La asistencia al acto bolivariano, que también celebraba el cuarto aniversario de la asunción de Maduro, fue impresionante. Según el orador se movilizaron 3 millones de personas en la Caracas. Las imágenes son coincidentes en que las avenidas estaban desbordadas por quienes vestían de color rojo-rojito, diría el inolvidable Hugo Chávez.

Las movilizaciones de la oposición, en cambio, fueron menores sin llegar al calificativo de “escuálidos” con que supo cuestionarlas aquel líder. Eso sí, fueron muy violentas, con jóvenes atacando con piedras y bombas molotov a las fuerzas de seguridad y a edificios públicos, reeditando incidentes que se conocen con el nombre de “guarimbas”.

El proceder de la oposición evoca su táctica de 2014, cuando bajo el liderazgo de Leopoldo López y Corina Machado, ubicados a la extrema derecha del espectro, provocaron una seguidilla de guarimbas que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. Tal desestabilización llevaba por nombre “La Salida”, haciendo referencia a la salida de Maduro del Palacio de Miraflores.

Ahora trabajan con el mismo libreto, aún cuando López no pueda participar porque fue juzgado y condenado a una pena de 14 años de prisión. Su delegado personal es Freddy Guevara, de su partido Voluntad Popular, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y fuerte impulsor de las guarimbas.

El golpismo

Las marchas opositoras son negativas por el grado de violencia que emplean, que llevan a una nueva altura sus antecedentes de tres años atrás. Sobre todo son negativas por el sentido golpista que entrañan sus demandas, porque pretenden la libertad de los presos políticos, que en realidad son políticos presos como el citado López. También pretenden descabezar el TSJ por un comportamiento golpista que no fue tal. La justicia asumió por dos o tres días funciones legislativas que la Asamblea Nacional venía incumpliendo por su objetivo de caotizar el país y llegar a un golpe como en 2002. Los órganos del Poder Judicial no van a cesar por los motivos que invoca la oposición, manifiestamente ilegales.

La MUD también pide la realización de elecciones regionales que debieron hacerse hace 5 o 6 meses. Y no es que Maduro no quiera celebrarlas, sucede que el clima político no es el más adecuado, habida cuenta de la violencia imperante desde fines del año anterior. ¿Cuál fue la situación que no permitió esos comicios? La oposición estaba en un pico de extrema violencia porque había fracasado en su intento de cortar el mandato presidencial vía revocatorio y elecciones anticipadas. Allí se incrementaron los picos de violencia. La Asamblea Nacional decidió en enero de 2017 apartar del cargo a Maduro, en un hecho sin precedentes que no pudieron materializar. Esas desviaciones del Legislativo se fueron sumando hasta llegar a la sentencia del TSJ en su contra, por considerarlo un órgano inválido, que además funcionaba con tres legisladores con mandato impugnados por fraude en Amazonas.

Y aunque no figura en los documentos oficiales de la oposición, su principal consigna de facto es el derrocamiento de Maduro, al que acusan de tirano. No pudieron asimilar su victoria en las presidenciales de 2013 y no lo quieren tolerar en el poder hasta 2019. Lo querían afuera en 2016 y como no pudieron lograrlo, lo quieren afuera ahora.

Echar a Maduro es la casi única coincidencia entre los diferentes opositores, donde convergen y disputan a dentelladas Primero Justicia, de Capriles y Borges, Acción Democrática de Henry Ramos Allup, Voluntad Popular de López y Guevara; Vente Venezuela de Corina Machado; Copei de Chitty La Roche y una larga lista de fundaciones financiadas por entidades ligadas al Departamento de Estado.

Ese golpismo en Venezuela tiene dos puntos a favor. Uno es el poder económico, que el proceso bolivariano pudo erosionar a partir del petróleo y PDVSA, pero sin llegar a romper en su espina dorsal privado, responsable del desabastecimiento, acaparamiento, altísima inflación y fuga de capitales. Por ejemplo, General Motors dejó de operar en Venezuela y despidió a 2.678 empleados.

Muerte y deformación

Y el otro factor que coadyuva a la desestabilización es el poder mediático. Para poner un ejemplo de eso, Miguel Henrique Otero, director-editor del diario El Nacional de Caracas, publica sus notas en “La Nación” y Clarín (10/4), asegurando que Maduro ha organizado su salida del país en un operativo vía aérea hacia Cuba. Escribió que en la isla le dijeron que sí, pero sólo aceptarán a 100 personas: “nosotros, por agradecimiento a Chávez, podemos recibir a Alí Babá, pero no a los cuarenta ladrones”. Esas barbaridades no las escribe un cronista de cuarta sino el director de un periódico afiliado a la SIP, con cargos allí, con fuentes “recontrachequeadas”, diría otro chanta porteño.

Hasta el 19 de abril las guarimbas habían provocado seis muertes, que los medios privados y las agencias internacionales facturaron todas al gobierno. Metían en la misma bolsa a una anciana que murió por insuficiencia respiratoria, cuya hija en cambio acusó a los opositores violentos que no la dejaron salir para el hospital. Murió un sargento segundo de la GNB, Niumar San Clemente, baleado en el estado Miranda. Según el ministro de Interior Néstor Reverol, Paola Ramírez falleció por un disparo de Iván Pernía Ávila, de Vente Venezuela, de la opositora Machado. El caso está a estudio del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

El 20 de abril murieron electrocutados entre 8 y 10 personas que saqueaban una panadería y tocaron un cable de alta tensión. ¿De eso también es responsable el presidente Maduro?

Se reitera que toda muerte es muy lamentable, pero no se puede atribuir todas al gobierno. Hay que analizar bien los responsables de los disparos y ver los instigadores, que están en la jefatura de la MUD. Maduro el 19 de abril reiteró su llamado al diálogo político con la oposición, pero no fue registrado por quienes están enloquecidos coordinando con Washington los próximos topetazos para ver si lo echan de Miraflores.

Si estuvieran tan seguros de su poder de fuego electoral, ¿porqué prender fuego a los edificios y mandar a morir a tanta gente? ¿Por qué no ganan las presidenciales de fines de 2018 para investir a uno de los suyos en enero de 2019?

Un párrafo final para los medios concentrados de Argentina, respecto a Venezuela. Si en Buenos Aires los piqueteros de comedores populares cortan calles, esos medios claman en contra de los cortes y piden represión policial. Si esos cortes son en Caracas, organizados por la MUD, los glorifican como resistencia ciudadana. Si Mauricio Macri pone presa arbitrariamente a Milagro Sala, lo apoyan como algo justo; en cambio, piden la libertad de López, presidiario en Ramo Verde. Si frente al Congreso los maestros quieren montar una Escuela Itinerante, justifican la represión policial; si en la capital venezolana los manifestantes queman y rompen todo, lo avalan como heroica lucha contra la represión y la tiranía.

A Maduro le imputan todas las muertes, cuando varias fueron obra de la oposición, y arman un escándalo mundial desestabilizador. En Colombia han asesinado a 31 líderes sociales y el primer ex combatiente de las FARC desde la firma de los acuerdos de paz, en noviembre pasado. No hubo reclamos de la OEA ni de Washington por esos crímenes de un paramilitarismo apañado por el estado; tampoco por los 43 estudiantes mexicanos asesinados y desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa. Con estrépito, todos sus cañones disparan a la cabeza de Miraflores.

http://www.laarena.com.ar/opinion-el-imperio-y-oposicion-los-responsables-de-muertes-en-venezuela-1131138-111.html