Lo que ha caracterizado las últimas semanas colombianas es el renacer de la protesta social-paros cívicos en Choco y Buenaventura, de los maestros de Fecode. Pero esto coincide con la recta final del proceso de dejación de armas de los miembros de las Farc -plazo ampliado de común acuerdo en veinte días por los retrasos que ha conllevado el proceso- y el inicio de su proceso de reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, sobre las propuestas que hará el CNR (Consejo Nacional de Reincorporación), basado en el Censo socioeconómico que está terminando la Universidad Nacional. Se acerca el final definitivo de los enfrentamientos armados, pero al mismo tiempo sectores sociales que consideran que sus demandas sociales no han sido atendidas por el Estado, acuden a la movilización y protesta social, justamente ahora que la misma ha dejado de ser estigmatizada con el argumento propio de la 'guerra fría', que todo era estimulado, presionado y obligado por la guerrilla, pretendiendo desconocer la justeza de las demandas sociales. Es decir, se cambia el enfrentamiento armado violento por la lucha social y claro también en este campo estamos en una especie de transición.

Los sectores sociales deben, con todo respeto, aprender a situar sus demandas sociales y sus formas de lucha en las nuevas realidades; es probable que en el contexto anterior la lógica era demandas maximalistas -no porque no fueran válidas y justas-, porque se consideraba que había que colocar este tipo de demandas para tratar de conseguir 'algo' y de otro lado combinar distintas formas de lucha. Hoy día va a tener que replantearse el acudir a mecanismos de violencia en las movilizaciones y tratar de neutralizar el uso de estas formas por grupos minoritarios, pero igualmente entender que las carencias históricas que tienen, no van a poder ser resueltas en el ya y el ahora, sino que van a ser atendidas progresivamente.

Pero igualmente el Estado tiene que aprender a valorar la legitimidad de la protesta social y sus demandas y darles respuestas adecuadas -los funcionarios estatales, especialmente de alto nivel, deben ser especialistas en negociación de conflictos sociales- y tener la decisión de cumplir lo que se acuerde en los procesos de concertación -nada ha deslegitimado más al Estado en el largo plazo, que 'tomarle el pelo' a los acuerdos llegados con las comunidades-. Debe abandonarse la tradición del pasado de considerar que frente a la protesta social la respuesta inmediata es enviar a la Fuerza Pública, especialmente al Esmad, que debe también vivir un proceso de reingeniería en cuanto a sus métodos; allí también debe haber un fuerte componente de formación en resolución pacífica de conflictos y el uso de la fuerza debe ser la última opción; hoy la mayoría de Policías tienen especialistas en manejo de conflictos para orientar sus intervenciones iniciales y el uso de la fuerza debe ser un proceso gradual.

Claro, no faltarán voces recalcitrantes diciendo que a la protesta social debe responderse con la fuerza del Estado y que lo demás es 'arrodillarse' frente a las peticiones sociales; son los remanentes del pasado que igual deben tratar de irse modificando progresivamente. Debemos entender que la democracia es más que la elección de congresistas o concejales; hoy día la participación de los ciudadanos, individual y colectivamente, es fundamental para la legitimidad de la misma.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia