Seguramente sin proponérselo, el Fiscal General Douglas Meléndez expresa frases que resultan explicativas de cómo funcionan algunas instituciones estatales. En septiembre de 2016 declaró que existen “clicas judiciales”: no sólo las pandillas tienen clicas -dijo- sino que hay también en estructuras del sistema judicial.

La expresión “clicas judiciales” ayuda a entender el modus operandi de instancias como la Sala Constitucional articuladas bajo un mismo mando, alineadas políticamente y con el claro propósito de defender el estatus quo aplicando a su antojo la Constitución.

Ahora el Fiscal Meléndez expresa otra frase ilustrativa: “cochinada institucional”. La tregua (entre pandillas) fue una “cochinada institucional”, dijo la semana pasada, refiriéndose a acciones de facilitación que tuvieron en dicho proceso instancias públicas durante el gobierno del ex presidente Mauricio Funes.

Según el Fiscal, durante la tregua varios funcionarios gubernamentales favorecieron a cabecillas de las pandillas y -por tanto- cometieron delitos. Por eso fue una “cochinada institucional”, afirma Meléndez.

Así que “cochinada institucional” es cuando instituciones o funcionarios públicos favorecen a delincuentes y cometen delitos. ¿Qué diría, entonces, el flamante Fiscal General de su propia actuación y de la institución que dirige, la cual está fuertemente cuestionada por su sesgo y parcialidad en la persecución de los delitos?

El ex presidente Funes ha sido el primero en advertirle al Fiscal. “Burro hablando de orejas, en cochinada institucional se ha convertido la Fiscalía: una maquinaria que fabrica casos por encargo”, escribió en Twitter el ex gobernante al enterarse de las declaraciones de Meléndez.

Al señalamiento de Funes se agregan las omisiones de Meléndez en sonados casos de corrupción que involucran a altos personeros de la derecha oligárquica. El Fiscal no procesa a los “destinatarios” de los fondos donados por Taiwán, a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar por el FECEPE, a los magistrados de la Sala Constitucional por prevaricato y actos arbitrarios ni a los ex funcionarios areneros que recibieron sobre sueldos.

“Cochinada institucional” también podrían ser las conspiraciones de la Sala Constitucional que emite sentencias ilegales, que atentan contra el estado de derecho o violentan derechos humanos.

“Cochinada institucional” seria, además, la irresponsabilidad de la derecha parlamentaria, principalmente ARENA, que no aprueba financiamiento público, la reforma de pensiones ni la ley de agua. Tal comportamiento es delictivo, pues los diputados incumplen su función de legislar para resolver los problemas del país.

Para especificar, entonces, podría hablarse de “cochinadas fiscales”, “cochinadas judiciales”, “cochinadas legislativas” y otras cochinadas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)