El Presidente Salvador Sánchez Cerén vetó la semana pasada una ley que premiaba a los morosos con el fisco y promovía la evasión tributaria. Se trata de la llamada “Ley transitoria para regularizar la situación tributaria de los contribuyentes y facilitar el pago de obligaciones tributarias a favor del Estado”.

La normativa -que pretendía exonerar de multas, recargo o intereses de deudas con el fisco desde el año 2009 hasta el 2015- se aprobó por iniciativa de la derecha parlamentaria (ARENA, GANA, PCN y PDC), la misma que se niega a aprobar medidas para combatir la evasión de impuestos y una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

La decisión de Sánchez Cerén de vetar la referida ley es un importante acierto presidencial y un oportuno recordatorio de la urgencia de combatir más eficientemente la evasión tributaria, revertir las leyes que permiten la elusión (evasión legal) y avanzar hacia políticas fiscales progresivas.

Esto es necesario para hacer justicia tributaria y para proveer los recursos estatales necesarios para financiar los programas sociales, planes de seguridad pública, obras de infraestructura, proyectos de reactivación productiva, etc.

En vez de aprobar amnistías fiscales, la Asamblea Legislativa debería aprobar la Ley de Cobro Coactivo (presentada por el Ejecutivo y respaldada por organizaciones sociales), las reformas al Código Penal para castigar con cárcel a los evasores y una ley de progresividad fiscal que incluya impuestos directos al patrimonio,  bienes y servicios suntuarios, ganancia empresarial y grandes transferencias financieras.

El veto de Sánchez Cerén también es un llamado a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia a combatir la corrupción: investigar todos los casos de corrupción, castigar a los corruptos y recuperar los dineros robados.

La reversión presidencial de la amnistía fiscal impulsada por la derecha legislativa también debería poner en discusión la necesidad de hacer una auditoría de la deuda pública, revisar la dolarización y revertir las medidas neoliberales que debilitaron las finanzas públicas, sobre todo la privatización de las pensiones.

La reforma integral al sistema previsional no debe postergarse más, pero la derecha legislativa -férrea defensora de los mezquinos intereses de las AFPs- rechaza la propuesta de crear un sistema mixto que detenga la deuda previsional y genere fondos estatales para pagar a unos 90 mil pensionados que se quedaron en el sistema público.

Es momento de retomar estas propuestas y demandas.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)