Este martes 27 de junio de 2017 pasará a la historia política de Colombia como el día en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, dieron realmente por terminado el levantamiento armado iniciado el 26 de mayo de 1964 en que un grupo de experimentados guerrilleros nacidos en la confrontación armada del medio siglo XX  proclamaron su levantamiento en armas el cual justificaron con la necesidad de que en Colombia se pusiera en marcha un proceso de restitución de las tierras despojadas y de la puesta en marcha de un proceso de reforma agraria así como la puesta en marcha de un proceso de apertura democrática ante la instauración del Frente Nacional como pacto bipartidista liberal conservador excluyente del conjunto del país que no perteneciera a estos dos partidos políticos tradicionales.

Este 27 de junio las FARC-EP dando cumplimiento a los Acuerdos para la terminación del conflicto armado culminaron la entrega de las armas a la Misión de las Naciones Unidas. En total y como lo informó Naciones Unidas las FARC-EP entregaron 7.132 armas un poco más de un arma por combatiente. Al mismo tiempo Naciones Unidas informó que habían accedido a 78 caletas de las FARC-EP para destruir material explosivo inestable y recuperar armamento que estaba depositado en dichas caletas. Resta aún la intervención sobre el resto de caletas que según información de las FARC-EP serían en total cerca de 950. El plazo para la ubicación de las restantes caletas es el 1 de agosto. La Misión de las Naciones Unidas ya tiene en su poder las coordenadas de las caletas. Así mismo resta la entrega del listado de bienes y activos de la guerrilla que quedará a disposición del Estado para la reparación de las víctimas y un remanente para apoyar proyectos de reincorporación de los excombatientes a la sociedad.

Lo que sigue

Como se ha señalado ahora viene la parte más difícil que no es otra que la implementación de los Acuerdos que enfrenta no pocos retos y dificultades. El éxito del proceso dependerá en primer término del cumplimiento cabal del Acuerdo Final que de seguridad jurídica a la guerrillerada y que les garantice tanto la reincorporación individual como la reincorporación colectiva tal como quedo estipulado en los Acuerdos. Es clave que el proceso de Desarme, Desmovilización y Reincorporación, (DDR), marche bien y la primera condición para ello es que las partes cumplan a cabalidad con la implementación de los Acuerdos. Y es precisamente en esta implementación en donde afloran las dificultades. Como se ha evidenciado el paquidérmico Estado colombiano es muy lento y además está acostumbrado a incumplir los pactos. La construcción y adecuación de las Zonas Veredales aún no ha terminado a pesar que debió de haber concluido hace meses. La Zona Veredal de Mesetas donde se llevó a cabo el acto de cierre de la entrega de las armas que fue presidido por el presidente Juan Manuel Santos y por el Secretariado de las FARC-EP con la presencia de su jefe máximo Rodrigo Londoño, Timochenko, aún no ha sido concluida. Y eso pasa con otras zonas veredales. En este acto Timochenko también señaló el incumplimiento y la lentitud con la que avanza la liberación de los presos de las FARC-EP que se encuentran en cárceles gubernamentales. En total había 3400 guerrilleros presos de los cuales faltan por ser liberados 2.577 y faltan por ser certificados por la Consejería Presidencial para la Paz, un poco más de 800 para que se dé inicio al trámite jurídico para su liberación. Estos guerrilleros han iniciado una huelga de hambre para presionar a los operadores judiciales y al gobierno para la agilización del proceso y para su liberación. Todos ellos quedarán a disposición de la Justicia Especial para la Paz.

Pero las dificultades se presentan en la reglamentación y la aprobación de los mecanismos jurídicos para que el Acuerdo se plasme en políticas públicas y actos administrativos que los pongan en marcha. Un ejemplo de no cumplimiento cabal de los Acuerdos es el que pone en marcha la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo. El decreto que la reglamentó no corresponde en estricto sentido al contenido de los Acuerdos como lo hemos señalado en estas páginas. Por lo menos el decreto 898 de 2017 que la pone en marcha no preserva y así lo han manifestado las FARC-EP, la autonomía e independencia de dicho organismo. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, se empeñó que dicha Unidad no solo quedara adscrita a la Fiscalía General sino que quedara subordinada a su poder como en efecto quedó en el decreto de marras, pero, además el decreto en la mayor parte de su articulado se dedica a la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación sin que ello tenga que ver en estricto sentido con el desarrollo y la implementación del Acuerdo.

En la ley de amnistía aprobada unos son los criterios y beneficios que gozan los guerrilleros y otros los que gozan los militares y los terceros responsables; esas mismas ventajas a favor de estos sectores quedaron también plasmadas en el Acto Legislativo que crea el Sistema Integral de Justicia para la Paz como quedo evidenciado en documentos que organismos de derechos humanos de la sociedad civil hicieron llegar al Congreso en el trámite de dicho Acto legislativo y en frente de estos contenidos el señor Fiscal General de la Nación guardo completo silencio y en cambio sí hizo observaciones y propuestas frente a los contenidos que afectaban a la guerrilla.

Pero quizás en donde se observan los mayores riesgos es en lo que tiene que ver con lo que aún falta por ser aprobado en el Congreso de la República para la implementación de los Acuerdos. La reforma política propuesta por la Misión Electoral Especial ha sido drásticamente recortada en la propuesta que radicó el Gobierno Nacional: apenas se salva la creación del Consejo Electoral Colombiano pero las circunscripciones territoriales para la elección de la Cámara de Representantes fue eliminada así como la propuesta de creación del Tribunal Electoral. Las listas cerradas y bloqueadas que formaba parte del proyecto en mención fue incluida para que comience a regir en las elecciones regionales de 2019 y partidos de la coalición de Gobierno han anunciado que no la respaldarán.

El Acto Legislativo que crea 16 circunscripciones transitorias especiales de Paz no fue aprobado en la legislatura que terminó este 20 de junio y quedo aplazada para la legislatura que comienza el próximo 20 de julio. Este proyecto que busca dar visibilidad y poder político a las comunidades de los municipios más afectados por el conflicto armado entre el Estado y las FARC-EP, ha sido cuestionado por los partidos políticos de la coalición de Gobierno que aprobaron el informe y aplazaron su aprobación como ya se dijo para la próxima legislatura. Aún no hay proyecto de ley que busca el fortalecimiento de las organizaciones sociales como tampoco ha sido presentado el proyecto de ley que busca transformaciones y reformas a la política integral de reparación a las víctimas.

El proyecto de Ley estatutaria que busca poner en marcha el Tribunal Especial para la Paz que había sido presentado a consideración del Congreso fue retirado por el Gobierno Nacional que anunció que lo presentará el próximo 20 de julio con nuevas modificaciones. Y los decretos que ponen en marcha el Fondo de Tierras para la Paz así como el proceso de formalización de 7 millones de hectáreas para el fortalecimiento de la propiedad campesina se encuentra en revisión de la Corte Constitucional después de un proceso complejo en que se trató de incluir medidas para favorecer la acumulación privada de tierras de la Nación por parte de grandes propietarios contrariando completamente el espíritu y la letra de los Acuerdos que lo que buscan es el fortalecimiento de la economía campesina. La postura radical de las FARC-EP en este punto así como el rechazo de las organizaciones indígenas, afros y campesinas finalmente obligaron al Gobierno Nacional a retirar estos temas del decreto ley, promulgado para cumplir con esta parte del Acuerdo Final.

Para avanzar en la reincorporación de guerrilleros y milicianos y para no repetir procesos como los vividos en Centroamérica en dónde a la negociación y desarme sucedió la organización de poderosas organizaciones ligadas con el narcotráfico como las maras en El Salvador se requiere de un cuidadoso diseño y puesta en marcha de procesos de reincorporación política que dependerá de la seguridad y garantías para el proyecto político de las FARC-EP y sobre todo de que no los maten y para ello el Estado debe emplearse a fondo en el desmonte y combate a las estructuras paramilitares. Un segundo aspecto clave tiene que ver con la construcción de alternativas de reinserción económica para los mandos medios y la base guerrillera y en ello juegan un papel central alternativas de formación profesional, de trabajo digno y decente pero además de condiciones para que se puedan construir alternativas de economía social y solidaria para proyectos productivos colectivos como los que quieren desarrollar las FARC-EP con su propuesta de Ecomún. Muchos proyectos requerirán de la disposición de tierras pues una parte importante de su base está conformada por campesinos que quieren mantener sus proyectos ligados a la tierra. Y ello requiere agilidad y respuesta oportuna y eso es lo que hasta ahora no han demostrado las entidades del Estado encargadas de estos temas.

Otro de los obstáculos en el proceso es el que se desprende de la férrea oposición del Uribismo y el Pastranismo a la implementación de los Acuerdos en medio de una campaña electoral que ya arrancó. Se equivocan quienes creen o creyeron que estos sectores se subirían al tren de la paz por la vía de hacerles concesiones. La renegociación del Acuerdo Final después del estrecho triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre y su negativa a respaldar el proceso pese a las concesiones hechas y a las modificaciones acordadas. Aún hoy siguen insistiendo en que las FARC-EP no han entregado todas las armas y en el delírium trémes en que viven califican al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como izquierdista y a la Misión de Naciones Unidas desplegada en Colombia por dicho Consejo de Seguridad para la verificación y el recibimiento de las armas como aliados de sectores de izquierda. Nada les sirve, solo la guerra. El propio Uribe este 27 de junio salió a decir que las FARC-EP no han entregado todas las armas poniendo en duda el compromiso de las guerrillas con lo Acordado.

Y esto es así mientras no haya un sólido respaldo de la sociedad a los Acuerdos que se traduzca en apoyo político. Mientras oponerse a las FARC-EP y a los Acuerdos sea rentable políticamente, mientras los anuncios de hacer trizas los Acuerdos si llegan a la presidencia de la República en las elecciones de 2018, sea rentable políticamente no darán marcha atrás y los amigos de la paz tendrán que emplearse a fondo para derrotarlos. Por ello la entrega de las armas culminada este 27 de junio es un paso importante pero no suficiente para que las mayorías indiferentes o apáticas no decidan salir del letargo político en que se encuentran.

En el plebiscito del 2 de octubre solo voto el 39% de los ciudadanos que podían ejercer el derecho al voto. El 61% se abstuvo aunque la cita fuera para la refrendación de los Acuerdos de Paz. Para que ese escepticismo se quiebre tendrá que haber nuevos hechos de paz y sobre todo la implementación de los Acuerdos para que la sociedad colombiana entienda que el 90% de lo acordado no beneficia a las FARC-EP sino al país. Que un estatuto de la oposición es una conquista democrática, que la distribución de 3 millones de hectáreas entre campesinos sin tierra es importante para la producción de alimentos y para la recuperación de la soberanía alimentaria, que el silenciamiento de los fusiles que ya nos ha ahorrado 2500 asesinados y centenares de soldados y guerrilleros heridos es beneficiosa para el país y que se requieren transformaciones y cambios que están en los Acuerdos para conquistar un mejor país. El mensaje del 27 de junio es que las armas deben separarse de la política y que la lucha debe ser con palabras y no con armas. Pero hay que llegar con este mensaje a los millones de escépticos.

Bogotá, 29 de junio de 2017

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur

https://www.sur.org.co/la-dejacion-de-armas-y-la-marcha-del-acuerdo-final/