Las organizaciones de comunicación y colectivos sociales nucleados en el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica alertamos a los pueblos de la región sobre la estrategia concertada que están llevando adelante grupos de poder económico, conglomerados mediáticos monopólicos y una facción servil del poder judicial, con el objetivo de proscribir liderazgos populares en futuras elecciones.

Con ello se quiere eliminar la posibilidad de que los procesos de cambio regional iniciados en la década anterior puedan ser retomados o profundizados. Aún más, se apunta al desprestigio final de la política como canal de transformación social, promoviendo la desestructuración de la organización popular y replicando las tesis neoliberales del consenso de Washington, según las cuales el Estado es un actor inconveniente para el desarrollo de la economía y por ende, de la “vida pública”.

La condena del expresidente brasileño Lula a cargo del mediático juez Moro, sin haber presentado evidencias contundentes, es una muestra de la persecución sistemática a la que se quiere someter a los líderes populares que amenacen al totalitarismo empresarial en curso.

Medida que se enhebra perfectamente en la lógica antipopular de leyes y medidas gestadas por el gobierno golpista que destituyó a la presidenta constitucional Dilma Rousseff mediante una mayúscula farsa parlamentaria. Tal lógica se completaría con la probable dimisión del presidente de facto Temer, incluso con su condena, pretendiendo así “cumplir la ley” y dejar el camino expedito para un candidato “limpio” – supuestamente apolítico - apoyado por el empresariado y promovido por el grupo de multimedios hegemónico.

En el mismo sentido debe entenderse el veto anticipado de la justicia electoral paraguaya a la candidatura de Lugo o los procesamientos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por causas inverosímiles.

Del mismo modo, algún jurista allegado al principal grupo de medios colombiano alega que Gustavo Petro no podría presentarse como candidato a la elección presidencial de 2018 por supuestas deudas en un fallo de responsabilidad fiscal. Otros periodistas hacen el trabajo sucio en Uruguay pretendiendo vincular al ex presidente Mujica con antiguos atentados terroristas.

¿Y qué decir de la andanada mediática mundial que ya en tiempos de Chávez soportaba la revolución Bolivariana, hoy llevada al paroxismo por todos los medios y agencias de noticias dominantes, mostrando tan sólo la versión opositora y condenando a priori cualquier medida o propuesta que lleve adelante el legítimo gobierno electo de Nicolás Maduro?

La embestida se configura del mismo modo contra vicepresidentes o ministros en una cadena de responsabilidades que recuerda a prácticas fascistas.

De igual manera, líderes de movimientos populares y periodistas verdaderamente independientes son asesinados, encarcelados o amedrentados en Colombia, Argentina, México, Honduras, Paraguay, Brasil y varios otros puntos de la región.

Así se consuma el amordazamiento de la expresión crítica, conduciendo al blindaje público de políticas dictadas por los mismos sectores de poder concentrado. Sectores que además pretenden el realineamiento geopolítico de la región con un mapa imperialista caduco y decadente. 

Como comunicadores y militantes del campo popular, rechazamos y nos oponemos activamente a este nuevo Plan Cóndor mediático-judicial.

Llamamos a las organizaciones democráticas a autoconvocarse en defensa de las mayorías populares, a profundizar la integración regional de signo soberano y a manifestarse inequívocamente contra los designios retrógrados que amenazan nuestro libre derecho a elegir el rumbo que queremos para nuestras sociedades.