A la “dispersión de los grupos delincuenciales” atribuye ahora el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaria de Gobernación, Renato Sales, el recrudecimiento de la violencia en diversas zonas, lo que llevó a que durante el primer semestre de 2017 se padeciera el índice mayor de homicidios dolosos cometidos en México, incluso superior al semestre más mortífero de la aventura guerrerista de Felipe Calderón para “legitimarse” en la Presidencia. Objetivo faccioso que nunca logró, pero la nación pagó con muchas vidas humanas, desaparecidos y desplazados.

Simultáneamente, explicó Sales Heredia, el desbordamiento de la ofensiva criminal tiene su origen en el debilitamiento del corporativo indebidamente llamado cártel, de Joaquín Guzmán Loera y el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lo que no explicó el antes muy exitoso funcionario para las tareas contra el secuestro y que enseguida fue ascendido a comisionado Nacional de Seguridad, es que la “dispersión” de las bandas criminales y el “debilitamiento” del hasta hace poco tiempo demasiado poderosa banda del Pacífico, no fue por generación espontánea y tampoco producto del ajuste de cuentas entre capos.

No. Es producto neto de la acción gubernamental que por la ilegal vía del uso policiaco y ministerial del Ejército y de la Marina privilegia el descabezamiento, aprehensión e incluso abatimiento (asesinato) de los capos y jefes de sicarios, los llamados “120 objetivos prioritarios”, contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto.

¿No recuerda a Monte Alejandro Rubido cuando salía en las cámaras del duopolio de la televisión, rodeado de jefes militares y/o policiacos, a informar en marzo 2014 y hasta agosto de 2015 de la detención “sin disparar un solo tiro” de varios de los “120 objetivos prioritarios”? Hasta que se le “atravesó” la fuga de Guzmán Loera el 11 de julio de 2015 y más tarde fue despedido, pero nuevamente despacha como funcionario de Gobernación.

Entonces es la estrategia del presidente Peña, presentada como de mucha coordinación institucional, harto trabajo de inteligencia y una sola ventanilla para los cientos o miles de agentes estadunidenses que se mueven por México “como Pedro por su casa”, la que está cosechando como resultado el fracaso de las directrices del Pentágono y el Departamento de Estado de USA, las que viraron de la tesis de trabajo de la existencia de dos o tres grandes corporativos criminales con los cuales es más fácil “entenderse” o negociar, a la “dispersión” y el estímulo hacia muchos “cartelitos”, como estrategia exitosa en Colombia bajo la intervención abierta de las agencias de EUA con los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. Mas sin que disminuya el consumo colombiano de drogas ilícitas, y mucho menos la producción y trasiego para Estados Unidos y la aldea global.

Ofrece el señor comisionado –quien también trabajó como subprocurador capitalino–, que “Estamos tratando de ubicar, con inteligencia, a los que están generando violencia, a fin de no provocar una situación de mayor alcance”.

Les encanta hacerle al tío Lolo. Hasta hace una semana responsabilizaban del repunte delictivo al sistema nuevo de justicia penal, bajo el cual fueron puestos en libertad muchos delincuentes. Pero no contemplan las autoridades una mejora sustancial para investigar y obstruir los intocados circuitos financieros y bursátiles del crimen organizado, los que irrigan a la economía mexicana hace muchas décadas.

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