Sambo Creek, agosto 15 de 2017.- Como era de esperar, en un país donde impera la democracia zombi, el Congreso Nacional con su abrumadora mayoría “nacionalista”, aprobó la Ley de Fomento al Turismo (LFT), elaborada por la Consultora Mckinsey. Sin mayores cambios el anteproyecto presentado en el hemiciclo por el actual mandatario Juan Orlando Hernández, será publicado el día de hoy en la Gaceta Nacional. El actual gobierno demuestra una vez más su tendencia a subastar el país, como ya intentaron con las fracasadas ciudades modelo, las que tratan de resucitar a través del Programa Honduras 2020.

La LFT incluye además de los incentivos fiscales, y la subasta de los territorios indígenas, la entrega entre otros de las áreas protegidas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, parques arqueológicos, en las cuales empresarios del rubro podrán efectuar “inversiones puntuales”.

Según lo manifestado por los diputados, las leyes nacionales contemplan la Expropiación Forzosa, lo cual indica que las obras de “utilidad y necesidad pública” puedan dar lugar a expropiaciones, tal como lo señala el artículo 2 de la Ley Expropiación Forzosa (1913).

La comunidad Garífuna de Río Negro, Trujillo, fue demolida entre el 2009 al 2010, amenazando a la población de utilizar la vetusta ley, para que el Rey del Porno canadiense, construyera un centro de recepción de un muelle de Cruceros, bautizado como el Banana Coast.

Con la aprobación del LFT pretenden solidificar la nueva estrategia de la actual administración Honduras 2020, la que aparentemente cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y promueve entre otras la supuesta creación de más de medio millón de puestos de trabajo, en un país con una tasa de desempleo según del FOSDEH del 49 % y una decrépita inversión extranjera directa que ha decaído estrepitosamente después del golpe de estado.

Organismo financieros y la disolución de la propiedad comunitaria

Desde el año 2004, cuando fue emitida la Ley de propiedad auspiciada por el Banco Mundial, las lumbreras encargadas de elaborar la ley, convenientemente redactaron el artículo100 del Capitulo III, con el cual se da inicio al proceso de diluir la propiedad comunitaria, la que ha permitido resguardar los exiguos territorios de las comunidades Garífunas.

El Banco Mundial (BM) de la misma manera que el BID han promovido la disolución de la propiedad comunitaria en todo el orbe, a través de los programas de administración de tierras, que han tenido un severo impacto sobre todo en Africa, situación que ha dado lugar a millones de indígenas desplazados como resultados de las políticas del BM.

Con el advenimiento de la dictadura en el 2009, las agresiones contra los territorios de las comunidades Garífunas se intensificaron, hasta el punto que entre el 20090 al 2010, la comunidad de Río Negro fue demolida. Los habitantes de Río Negro -uno de los primeros asentamientos garifuna en Honduras- fueron amenazados de expropiación forzosa, y ante el enrarecido ambiente que prevaleció en Honduras como resultado del golpe, además de la ausencia de un estado de ley en el país, muchos de los presionados procedieron a vender sus casas a precio de gallo muerto. El efecto dominó de la demolición de Río Negro, se expandió por toda la Bahía de Trujillo, a pesar que se habían presentado las denuncias pertinentes al Ministerio Público, los proyectos inmobiliarios propiedad de extranjeros se apoderaron de buena parte de la bahía, hasta el punto que hoy se le conoce como “Little Canada”.

Existen casos probados de desmembramientos de las comunidades a través de patronatos falsos o impuestos por las municipalidades, tal como el caso de Laguna Negra en Triunfo de la Cruz y las usurpación es ilegales de tierras en la bahía de Trujillo.

Estado y Crimen Organizado

La costa norte de Honduras es parte esencial del Honduras 2020, especialmente las comunidades Garífunas, que desde hace más de dos décadas, son objetivo de especulación inmobiliaria por parte de empresarios nacionales y extranjeros, además del crimen organizado el que viene controlando vastos sectores del país y maneja hasta la fecha municipalidades y juzgados.

La Consultora Mckinsey parece ser que en sus análisis ha descartado el trasfondo del fracaso del turismo en Honduras, rubro que crece en un porcentaje mucho menor al de los países vecinos, los que a pesar de presentar características similares en cuanto a pobreza y violencia, han tenido un crecimiento sostenido del rubro. La clave radica en que la putrefacción estatal no llega al nivel de Honduras. donde parte de la élite política del país es reclamada por la Fiscalía de Nueva York como cómplices en el narcotráfico.

El informe de la Carnegie Endowment for International Peace intitulado “Cuando la corrupción es el sistema operativo: el caso de Honduras”, saca a flote una de las razones primordiales del escaso crecimiento económico del país. Las medidas recomendadas por la cuestionada Consultora Mckiney, afectarán enormemente a los pueblos indígenas que habitamos en Honduras, los que nos veremos expuestos a una intensificación de lo despojos, persecución y encarcelamiento de líderes opositores a los planes de “desarrollo”.

La bahía de Trujillo y los despojos cometidos en contra de la población Garífuna han sido apadrinados por un serie de personajes macabros asociados a los partidos políticos en el país. Sí bien han sido mencionados en las audiencias efectuadas en los juzgados de Nueva York, el Ministerio Público en Honduras aparentemente descarta emprender acción alguna en contra de los caciques que han dominado la bahía de Trujillo.

Áreas protegidas en subasta

El artículo 3 de la LFT es muy preciso en indicar que las 91 áreas protegidas que existen en Honduras, pueden ser objeto de intervenciones promovidas por la industria turística. Por supuesto que los proyectos serán disfrazados como turismo sostenible.

Buena parte de las áreas protegidas existentes se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas, a los que no se nos ha reconocido la tenencia de dichos territorios justificándose el estado la inacción en nombre de la conservación.

De las 47 comunidades Garífunas que existen en honduras 28 de ellas encuentran dentro de las zonas núcleos o de amortiguamiento de las áreas protegidas. Tenemos presente como se han dado desplazamientos silentes de comunidades ante la implementación de planes de manejo inconsultos. Basta recordar el caso de las comunidades Garífunas de Cuero y Salado, expulsadas de su hábitat a inicios de la década de los años 90. Situación que trataron de replica en el año 1994, cuando el Instituto Smithsiniano firmó un contrato para el manejo del Parque Nacional Cayos Cochinos, donde el magnate de los asbestos y director de la supuesta fundación ecológica AVINA, el Sr. Stephan Schmidheiny había adquirido una serie de islotes.

En el caso de cayos Cochinos – el que se encuentra a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se puede vislumbrar lo que sucederá con las poblaciones indígenas que se encuentran dentro de las áreas protegidas a subastar. Desde hace más de una década se viene dando una oleada de turismo en el archipiélago donde encuentran ubicadas tres comunidades Garífunas, Los constantes tours, ademas de los realities shows televisivos, poco o nada aportan económicamente a las comunidades garífunas.

El Honduras 2020 además de no haber sido consultado con los pueblos indígenas y exponer nuestro territorios a ser expropiados, nos están convirtiendo en mercancía bajo el rótulo de culturas vivas. La capacidad de distorsión de la actual administración ha llegado al extremo que el Sr Emilio Silvestri, Director del Instituto Hondureño de Turismo aseveró en una entrevista que “la ley no solo es de incentivos fiscales, sino que viene a configurar varios elementos necesarios para impulsar la industria, como la protección de los diferentes grupos étnicos del país”. Silvestri asegura que las culturas de los pueblos indígenas, a las que denomina cultura vivas – probablemente en contraposición con la cultura dominante, la que se encuentra muerta- forma parte de las mercancías que ofrecerá el país en su acelerada subasta a los empresarios el turismo.

Con la aprobación de la LFT, el Estado violó no solamente el Convenio 169 de la OIT, en relación a no haber efectuado consulta previa alguna; además de transgredir el Convenio de Diversidad Biológica, al colocar las áreas protegidas como lugares disponibles a la inversión turística.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.