Un serio problema de percepción ciudadana tiene la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, el grupo gobernante y más en específico el Grupo Atlacomulco porque 60 de cada 100 ciudadanos estiman que hubo fraude en las elecciones realizadas el 4 de junio para elegir gobernador del estado de México.

Lo anterior no obstó para que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de México –denunciado desde temprano por su parcialidad hacia Alfredo del Mazo e incluso de operar abiertamente a su favor–, entregara el 8 de agosto la constancia de mayoría al primo hermano, en octavo grado dice, de Enrique Peña Nieto.

Cierto es que fraude electoral es una figura recurrente en el imaginario colectivo, pero con frecuencia sustentada en las experiencias padecidas en el México de la longeva transición a la democracia (1978), pero con mayor descaro en el país del llamado nacionalismo revolucionario y/o de economía mixta, de sólido partido “prácticamente único” y presidencia absolutista.

En el caso en comento, la ciudadanía supo diferenciar muy bien, si nos atenemos a Parametría, que fue en Coahuila donde 65 por ciento de los encuestados estiman que hizo fraude el oficialismo –encabezado por Rubén Moreira, hermano de Humberto, depredador del erario sin que nadie lo moleste–; en tanto que en el estado que gobernó Peña Nieto 60 por ciento de los encuestados considera que los operadores de Eruviel Ávila y su jefe presidencial cometieron fraude.

En Veracruz 47 por ciento y en Nayarit 40 por ciento estiman fraudulentos los comicios. Es decir, diferenciaron los cuatro procesos, de los que tuvieron conocimiento sólo 57 de cada 100 mexicanos. Y dentro de ese conjunto, 67 por ciento se enteró de las mexiquenses, 38 por ciento de las coahuilenses y menos aún de las de nayaritas y veracruzanas.

Tanto en el estado de México como en Coahuila fue solicitada la anulación de las elecciones. Como en el segundo caso es Acción Nacional quien lo exige, respaldado en una movilización ciudadana significativa pero que repentinamente concluyó, no queda clara la desembocadura del litigio, sobre todo porque es parte del vigoroso “PRIANRD” de las reformas estructurales que “cambiarán al país”, gracias al Pacto por México.

La exigencia sobre Coahuila, sin embargo, tuvo la comprensión y hasta simpatía del muy vigoroso oligopolio mediático, con todo y la reforma en telecomunicaciones; pero en el estado de México en automático fue descalificado el Movimiento Regeneración Nacional, Andrés López Obrador y Delfina Gómez en cualquier intento por limpiar y más aún nulificar la elección. Dos varas muy distintas de medir procesos electorales por la comentocracia vinculada y hasta subordinada al presidente en turno, sin importar el partido del que provenga, como si el país viviera en los años 80, los del “fraude patriótico”.

La hasta hoy ilimitada voracidad priista, la del caciquil y archimillonario Grupo Atlacomulco, podría pagarse muy cara en junio de 2018, cuando se vote al nuevo presidente. No quisieron arriesgarse al triunfo de los morenos para que despachara Gómez Álvarez en el Palacio de Gobierno, para obligarlos a distraer muchísima energía social, política e intelectual en la gubernatura; cobrarles muy caro todos los errores que cometerían y hacerles un formidable contrapeso desde el Congreso y la mayoría de las alcaldías mexiquenses. Allá ellos.

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