Mientras se mueven los límites del país que conocemos (se amplían, se reducen, o se desplazan y regresan a dónde estaban), los empresarios del CACIF avanzan en su propuesta de privatización de la red vial (y nueva reducción y privatización del Estado). La propuesta no es menor, sino el eje del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2017 (Infraestructura para el Desarrollo, Vamos a la Obra) que los propios organizadores definen como estratégico y con visión de largo plazo.

La iniciativa empresarial se centra en la inversión pública y el cobro privado (carreteras de peaje) para lo que se propone la adecuación de la institucionalidad y el marco legal: una Ley o Política de Infraestructura; la modificación del modelo de asocios público privados, con menos controles y mayor poder empresarial; el aumento del Presupuesto del Estado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre otras medidas que están en discusión.

El ejemplo regulador de la Ley general de Electricidad (1996) es la vieja base de lo que el CACIF denomina nuevo modelo de inversión. En mi opinión, es más y menos de lo mismo: más empresas y menos Estado, por tanto menos derechos, como evidencian los últimos 20 años de la historia de Guatemala.

Mi hipótesis es que esta ley es parte de una agenda tripartita (o era parte, porque se están reacomodando fuerzas y tácticas de forma aguda y acelerada para capear la crisis política) que incluye otros puntos de interés del Ejecutivo (antejuicio, remoción del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sustitución de la Fiscal Jefe del Ministerio Público, modificaciones a la ley de contrataciones, modificaciones a la normativa de extinción de dominio), del Congreso (presupuesto sin candados, fondos para gobernadores y diputados, modificación de ley orgánica para legalizar plazas fantasma) y de los empresarios: ley de infraestructura y ley de consultas comunitarias como fundamentales para garantizar negocios; ley electoral, ley de servicio civil y reformas al sector justicia para atenuar las crecientes protestas y deslegitimación de los poderes tradicionales.

En río revuelto, ganancia de empresarios

La política de infraestructura no es el único proyecto estratégico empresarial que camina, a pesar de la crisis o gracias a la crisis, en medio del repudio masivo a la clase política: como si la indignación social no alcanzara a empresas y empresarios empobrecedores y violentos.

Criminalización. El 1 de septiembre, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de empresas”. Estas demandas permanecen abiertas y amenazan prácticamente cualquier tipo de movilización social.

Anulación de la consulta previa. El 8 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia permite que la Minera San Rafael reanude sus operaciones, a pesar de haber incumplido el derecho de consulta. La sentencia (pendiente de apelación en la Corte de Constitucionalidad) marcha en la dirección marcada por el sistema de justicia en el caso Oxec el 26 de mayo, y por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio: permiso para que las empresas que violaron el derecho a la consulta previa continúen operando; carácter indicativo, no vinculante, de la consulta; realización de consultas según un procedimiento estandarizado establecido por el Estado, y no según las formas y decisiones de las comunidades.

Transmisión de energía. El 14 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas concede la tercera prórroga para que la transnacional TRECSA finalice el proyecto de transporte de energía eléctrica (construcción de líneas de transmisión de energía), aún careciendo el proyecto de “licencias sociales y comunitarias”, como reconocen empresarios, es decir, a pesar de la oposición social que está deteniendo el avance de las obras. La renovación del permiso a TRECSA favorece el modelo energético y de negocios que privatiza y comercializa los bienes de todos: electricidad para empresas, agroindustria y exportación.

Paro Nacional

Cuando los límites del país que conocemos se amplían (indignación, movilizaciones, masificación de propuestas de transformación estructural, nuevos actores, espacios simbólicos recuperados como los estudiantiles, planteamientos de autodeterminación y autonomías territoriales) el modelo económico de despojo se profundiza, sin concesiones: nuevos ámbitos de acumulación, idénticos actores, control empresarial del Estado. Paradójicamente, el modelo político se cuestiona, pero el debate sobre el modelo económico y su interrelación y articulación con aquel es todavía minoritario.

El Paro Nacional 20S tiene que ser, en este sentido, un espacio de movilización pedagógica, para visibilizar y denunciar la impunidad y el despojo de este modelo económico. En segundo lugar, el inicio de un ejercicio permanente de discusión y consensos entre organizaciones, para llegar a acuerdos sobre reformas inmediatas y reformas estructurales, que sean impulsadas articuladamente y al mismo tiempo (no de forma gradual, ni priorizada). Esto plantea, en tercer lugar, una lectura de 2017 a partir del cierre en falso de 2015  (nuevo gobierno que no cambió nada, profundización de la agenda neoliberal, reacomodos de élites) y la necesidad de no entrar en la misma dinámica.

Sin soluciones estructurales desde los pueblos, la crisis se alarga, para nosotros. Para los empresarios, si los dejamos, continúa la fiesta.

19 de septiembre de 2017

https://pensamientosguatemala.org/2017/09/19/paronacional-privatizacion-y-despojo/