Para el momento en que escribimos estas líneas, restan un poco menos de 24 horas para la celebración de los comicios regionales. Y los mismos, de acuerdo a las evaluaciones de última hora, marcarán un punto de inflexión en la actual coyuntura, donde se definirá la paz, la tranquilidad, o la zozobra y el conflicto.

Ya no se trata de hacer campaña por una determinada opción, o por revelar ciertas y determinadas tendencias a través de encuestas. Eso, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico electoral vigente, ya no está permitido. Pero, el caudillo oriental José Gervasio Artigas, ha señalado un pensamiento que hoy más que ayer tiene total pertinencia: “Con la verdad ni ofendo ni temo”.

Nunca elección regional en país alguno ha despertado tanto interés y genere tal arremetida por parte de gobiernos de potencia alguna y sus aliados. Vaya que a pocas horas de la celebración de unas votaciones en un escenario de alta volatilidad e incertidumbre, penda cual espada de Damocles un conjunto de amenazas y recrudecimiento de sanciones a un país cuyo único crimen sea el de definir su propio camino a seguir.

Nos manejamos en un escenario donde se busca propiciar un colapso económico en nuestro país, ello a través de ir comprimiendo las condiciones en el acceso a los bienes y servicios de primera necesidad que hagan inviable la vida cotidiana de nuestro pueblo, en aspectos esenciales como el manejo de efectivo para pagos corrientes en el servicio de transporte, adquisición de alimentos, que son las situaciones que actualmente reportan mayor malestar en nuestra población.

Asimismo, navegaremos por las aguas turbulentas del escenario del impago, ello como consecuencia de las sanciones unilaterales aplicadas por el gobierno estadounidense a nuestro país desde el 25 de agosto. Con ello, se busca sembrar dudas sobre la disposición del Gobierno Bolivariano de recursos para poder solventar sus dificultades, y poniéndonos a merced de los denominados “fondos buitre”, pudiendo estos proceder con una serie de embargos y confiscaciones de activos nuestros en el exterior, que contribuya a hacer más dificultosa la situación por la que nos encontramos actualmente.

Nos manejamos actualmente en un escenario de ingobernabilidad en el control de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, todo ello implementado por los comerciantes del hambre y utilizando este mecanismo para convencer a nuestro pueblo de la “incapacidad del Gobierno Bolivariano a través de sus entes controladores y fiscalizadores” la garantía en el acceso a los bienes y servicios, lo que denominaríamos la seguridad económica, con incrementos del 50 y 60% en relación a precios de por sí sobreestimados, a lo cual hay que sumar diversas alertas sobre la merma de inventarios que nos conducirían al escenario del desabastecimiento en el marco de la denominada “hambruna” que vienen anunciando los medios de comunicación nacionales e internacionales y de “crisis humanitaria”, ejemplificada en el caso del anuncio de la FAO sobre un incremento de la subnutrición en el país.

En estos momentos hay sectores en nuestro país que buscan reforzar todas las situaciones de tensiones producto de las dificultades económicas, principalmente en aquellas producto de las irregularidades en el servicio de transporte (terrestre, acuático y aéreo) y de los servicios públicos en general, todo ello con el propósito de caotizar nuestro país y generar un evento sobrevenido que afecte el proceso electoral del día de mañana, y sobre todo posterior a este, a objeto de reactivar la espiral de violencia y terrorismo. Uno de los principales actores que viene impulsando este anuncio es Nixon Moreno, líder del Movimiento 13 y del grupo denominado “Resistencia”, alerta con esto.

Se busca promover una conmoción social en medio de un escenario de histeria colectiva que mediatice el pensamiento en reacciones contra el Gobierno Nacional, haciéndolo parecer como el único responsable de la situación del país. Se busca sobresaturar a los ciudadanos y ciudadanas con múltiples obstáculos en su cotidianidad que lo convenzan de la imposibilidad de las condiciones de vida actual y de “la necesidad de un cambio” en el contexto de la tesis de un desgaste social para que le reste apoyo o credibilidad al proyecto bolivariano en cuanto a sus expectativas de viabilidad a corto y mediano plazo.

Los resultados muy cerrados que pudieran generarse el día de mañana nos advierten sobre acciones de desconocimiento de los mismos que comporten la retoma de la vía violenta en entidades federales clave, con fines desestabilizadores, para encubrir el fracaso que reflejan diferentes encuestadoras sobre una baja participación de sectores adversos al proyecto revolucionario en la contienda de mañana. Algunos estados como Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia, las proyecciones posicionan la idea de resultados inesperados y con estrechos márgenes de diferencia.

Se puede esperar el accionar de grupos de choque que lideren en forma anticipada celebraciones y valiéndose de resultados emitidos por encuestas propias efectuadas en los centros de votación, la pretensión sería generar acciones de provocación con intención de crear caos entre el final de la tarde y la noche de mañana.

La acción de sabotaje del día de ayer en el sistema Tuy III que sirve de suministro de agua potable a la Gran Caracas y el estado Vargas, sumado a los continuos atentados contra el sistema eléctrico, alertan sobre la disposición de sectores en el país de valerse de los grupos criminales asociados a intereses para caotizar el proceso electoral del 15 de octubre en sus etapas pre y post electorales. Asimismo demuestran hasta donde están dispuestos a llegar en sus objetivos de desestabilización y validan los llamados del Movimiento La Resistencia a continuar con las acciones de calle.

Igualmente, debemos manejarnos en un escenario de falsos positivos de conflictos fronterizos con Colombia en el marco de una “crisis humanitaria”, a propósito del anuncio de la canciller del vecino país, María Ángela Holguín sobre la instalación de un gabinete ministerial en la frontera colombo-venezolana en la víspera de las elecciones regionales, lo que advierte de las intenciones del gobierno de Colombia por contribuir al posicionamiento de una matriz de alerta  que llame la atención de la comunidad internacional sobre tensiones entre ambos países por efectos de las condiciones socioeconómicas y políticas internas en Venezuela que estarían repercutiendo y perjudicando al vecino país.

En las últimas semanas han sido reiteradas las noticias sobre casos de presuntas situaciones irregulares en la frontera con “detonaciones de armas de fuego” para hacer presumir el acoso de “desplazados” venezolanos por el accionar violento de las fuerzas del orden interno de Venezuela. Todo lo anterior sumado a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos denunciando al Primer Mandatario Nacional de no estar jugando limpio en las elecciones del 15 Octubre.

También debemos manejarnos en el escenario del aislamiento internacional, producto de la construcción de un expediente internacional que justifique el no reconocimiento de los resultados de las elecciones regionales del 15 de Octubre, así como la aplicación y ampliaciones de sanciones a través de la Unión Europea y otros gobiernos en lo individual. El gobierno de EE.UU por medio del Departamento de Estado declaró que las últimas actuaciones del CNE no garantizan la transparencia del proceso electoral del 15 de Octubre, lo cual anticipa nuevas hostilidades contra Venezuela.

Igual reforzarán la deslegitimación de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de la generación de opiniones articuladas por sectores vinculados a la oposición, evidenciando interés por aprovechar la baja participación electoral que se advierte en los comicios del 15 de Octubre para re-posicionar la matriz que sostuvieron durante la elección de la ANC sobre la participación de tres millones de votantes y no de los ocho millones. Con esta acción pretenden –a su vez- retomar los ataques en contra de la legitimidad a la ANC sobre la cual pesan las razones –a nivel internacional- para justificar las sanciones aplicadas unilateralmente por EE.UU desde el 25 de agosto 2017.

También buscarán explotar el escenario de corrupción gubernamental, ya que con esta estrategia Luisa Ortega pretende revertir los impactos por la orden de captura emitida por la Fiscalía en contra del Presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo y el diputado Germán Ferrer. Ortega publicó en su Twitter un video con la confesión del presidente de Odebrecht, hecha el 15 de diciembre de 2016 ante la Procuraduría General de Brasil se dan detalles sobre aportes monetarios solicitados por un funcionario de alto rango del entonces Gobierno de Hugo Chávez, donde manifiesta haber entregado  35 millones de dólares para la campaña electoral de un total de 50 millones exigido por Américo Mata para garantizar la continuidad de las obras de Odebrecht en el país en el nuevo Gobierno.

No se descarta que la confesión grabada sea parte del mecanismo de extorsiones denunciadas por el Fiscal General Tarek William Saab, pues sus investigaciones lograron establecer las conexiones entre el fiscal Pedro Lupera, hombre de confianza de la ciudadana Ortega con el bufete Parra Saluzzo y la empresa Odebrecht. Según el Fiscal General Saab “la empresa Odebrecht acordó el pago de ocho millones de dólares, de los cuales entregó previamente tres millones y medio de dólares al bufete (de abogados) José Rafael Parra Saluzzo.

Este último se encuentra privado de libertad y ha prometido acogerse a la política de la delación para revelar con nombres y apellidos quiénes eran los directores que conformaban el cartel de extorsión junto con él”. Saab agregó que “en esa trama están varias alertas rojas, una de ellas recae sobre el ex diputado Ferrer, contra él se activó una notificación de difusión roja en Interpol, porque él está presuntamente involucrado en ese cartel de extorsión que existía en el MP, él huyó del país, se encuentra prófugo de la justicia y contra él se ha iniciado un proceso de investigación y esa difusión de alerta roja incluye a países de América Latina, países de Europa, China y Rusia, quienes están en el deber de capturarlo, porque es lo que establecen las leyes internacionales. Nadie puede, cometiendo delitos de corrupción, presentarse como perseguido político ni nada por el estilo (…) Parra Saluzzo ha mencionado al ex diputado Germán Ferrer, a varios ex directores e incluso a la ex titular del MP”.

Como otro mecanismo de defensa frente a los descubrimientos del actual Fiscal General sobre la red de extorsión que mantuvo Luisa Ortega durante su gestión, ésta anunció en Ginebra luego de reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH que presentará un expediente ante la CPI por el caso de las OLP. El escrito judicial estará acompañado “de un conjunto de experticias (pruebas periciales) cuyo número no revelaré ahora, pero que pasan por protocolos de autopsia, donde se evidencia la ejecución de las personas, disparos de arriba hacia abajo, lo que significa que estaban probablemente de rodillas.

Pero, no es menos cierto también que puede darse un escenario de redistribución de fuerzas institucionales y fortalecimiento de una medición de fuerzas que desfavorezca a la oposición, subrayando tal hecho el fracaso que implicó el empleo de la violencia terrorista por más de cien días, con lo cual pierden cada vez más peso sus posiciones y accionar violento, fortaleciendo la mesa de diálogo de Santo Domingo y la tesis de una salida política propuesta por el Gobierno Nacional.

Así las cosas, la decisión le corresponde usted amiga y amigo cuando este enfrente de la máquina de votación.

Juan Martorano

Abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

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