El pueblo hondureño asistirá a elecciones generales en próximo 26 de noviembre de 2017, donde se elegiría un nuevo presidente de la Republica, diputados y alcaldes municipales. Puede suceder que se elija al presidente actual, Juan Orlando Hernández (JOH), que aspira a mantenerse en el cargo en clara violación de la Constitución de la República que prohíbe la reelección presidencial.

Las encuestas oficiales dicen que JOH lidera e incluso supera en intención de votos la suma de las preferencias de los otros candidatos de oposición, caso del Salvador Nasrralla, de la Alianza Opositora contra la Dictadura, y Luis Zelaya del Partido Liberal. Sin embargo, encuestas independientes son lideradas por Nasralla, preferentemente en aquel segmento del voto independiente donde los jóvenes son mayoría. La tesis central de analistas políticos es que Luis Zelaya tiene un nuevo discurso que ha motivado las bases liberales, pero no le ajustará ya que todavía golpistas como Micheletti, Saavedra y Flores, están detrás de su candidatura.

El triunfalismo de JOH y sus seguidores, se atribuye a la organización del partido, donde tienen contabilizado y registrado a los votantes, dispone de todos los medios de transporte posibles para llevar a sus seguidores a las urnas, introducido el miedo en aquellos (as) votantes que reciben un bono (Léase: Transferencia Monetaria Condicionada), de cerca de 8 mil lempiras por ser tipificado como población en situación de extrema pobreza, pero que no lo cobrarán al no votar por JOH. Hay un control directo sobre la prensa mediática y tarifada que publicita sus logros en materia económica, social y de seguridad, cuando las evidencia demuestra un aumento del desempleo, subempleo, pobreza, endeudamiento, perdida del territorio nacional y violaciones de derechos humanos.

Un tema de fondos es el fraude electoral y el financiamiento de las campañas políticas. El Tribunal Electoral, controlado por el partido de gobierno, ha manifestado recientemente que a la empresa “Mapa Soluciones” encargada de la trasmisión de los resultados electorales, le ha sido cancelado su contrato, después de varias denuncias de los candidatos de oposición que los llevó al Washington a mostrar prácticas irregulares de dicha empresa, pero se está a la espera de la nueva empresa a contratar.

Las denuncias siguen. Se habla que el padrón electoral no ha sido depurado, tal como lo constataron representantes de la Unión Europea, donde aparecen personas ya fallecidas como habilitadas para votar; dirigentes del partido liberal hablan de más de 200,000 personas. Hay más de 300,000 tarjetas de identidad no entregadas, y evidencia de un masivo traslado de votantes entre departamentos y municipios.

La Oposición también denuncia la entrega de credenciales a simpatizantes del Partido Nacional, en sustitución de miembros de partidos pirujos, en su mayoría habilitados a participar en las elecciones de noviembre con el propósito de acompañar al partido de gobierno en las mesas electorales y tener mayoría.

Recién se aprobó una política de manos limpias, donde se regula los recursos (fondos) que los aspirantes a cargos de elección popular destinan a la propaganda política; sin embargo, todavía la mayor parte de estos no han mostrado evidencia de los recursos que poseen y es evidente un gasto publicitario mayor del candidato del partido de gobierno. El presidenciable Salvador Nasralla, muestra cada semana lo que cuesta cada anuncio de JOH en televisión, y se pregunta de dónde sale esa plata.

Es por ello que, miembros de la Unión Europea (UE), están llegando a Honduras en un número inusual. El primer contingente arribó el 21 de octubre en vuelo desde El Salvador, y se espera que otros contingentes lleguen a finales de octubre y primeras semanas de noviembre. Vienen, según sus principios, a “una observación exhaustiva del proceso electoral sustentada en la valoración del marco legal electoral nacional y en las obligaciones internacionales suscritas por Honduras con respecto a la celebración de elecciones democráticas; la no interferencia en el desarrollo del proceso electoral; la imparcialidad y neutralidad de los observadores europeos; el respecto a un Código de conducta y al marco legal del país.”

Al parecer su misión es supervisar las elecciones y validar las votaciones, incluso a sabiendas de los problemas que trae para la democracia la reelección presidencial ilegal. La Mision de la UE observará el proceso antes, durante y después, por lo que es de esperar algunas sugerencias para solucionar los problemas anteriores, caso contrario después del proceso si se presentan dichas irregularidades las denuncias de fraude desacreditaran el posible silencio de los miembros de la delegación.

Lo anterior, aun cuando, los miembros de la Misión Electoral observan y analizan: a) La imparcialidad de la administración electoral; b) El respeto a los derechos fundamentales; c) La campaña electoral; d) La igualdad de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación; e) El desarrollo de la jornada electoral y el funcionamiento de las mesas electorales; f) La consolidación y la publicación de los resultados; g) El tratamiento imparcial y sin demoras de los recursos electorales; g) Cualquier otro elemento que afecte a la organización democrática de elecciones (marco jurídico, violencia política y electoral, etc.).

La Jefe de la Misión es María Do Santos Matías, destacada miembro del parlamento europeo y candidata a la presidencia de la Republica de Portugal en 2016. Los miembros de la Misión de Observación Electoral (MOE), esperan reunirse con los demás candidatos de los partidos de oposición, tanto a nivel central como regional, y tener acceso a la información que emana del Tribunal Electoral y de los registros departamentales y locales, lo que puede ayudar a identificar los focos de irregularidades para sugerir correcciones. Igualmente, están evaluando el cumplimiento de las observaciones del informe generado en las elecciones de 2013, donde resultó electo el actual presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández. En dicha ocasión, el actual candidato de la Oposición a la Dictadura, denunció que le habían robado el triunfo obtenido por el Partido Anticorrupción (PAC), que en la actualidad compite como partido “Chasta”, o sea sumado al partido de gobierno.

Una de las recomendaciones no cumplidas es el nombramiento de un representante de los partidos de oposición en el Tribunal Nacional Electoral, caso particular del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Pero también se reunirán con dirigentes obreros, empresariales, sindicales, académicos y de la sociedad civil, para tener una idea clara del proceso y de las condicionantes económicas, políticas y geo-estratégicas.

Se espera que los miembros de la Misión de la UE en Honduras, ayuden a despejar dudas y corregir irregularidades, caso contrario es poco probable que se reconozcan los resultados por los candidatos de los partidos de oposición al estar el proceso electoral viciado.

Tegucigalpa, Honduras, 25 de octubre de 2017