En memoria de Rafael Nahuel.

En memoria de Santiago Maldonado.

Ustedes me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias

que sufren en cada actividad laboral,

en cada barrio, en cada territorio.

Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas.

Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones,

¿podemos reconocerlo? Porque no se trata de cuestiones aisladas.

Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades destructoras

responden a un sistema que se ha hecho global.

¿Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo

sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza?

Papa Francisco

A los movimientos populares reunidos en Bolivia
Santa Cruz de la Sierra 7-9 julio 2015

Rafael Nahuel tenía 22 años cuando los 9 mm de la bala disparada desde atrás y abajo por los Albatros de la Prefectura de Patricia Bullrich, penetraron por el glúteo, desgarraron la carne, se alojaron en el tórax y terminaron de asesinarlo cuando ya era llevado cerro abajo por sus compañeros.

“Rafita”, flaco, inquieto, trabajador, solidario, estaba parado en la intersección de dos de las calles más peligrosas de la Argentina de hoy: vivía en uno de los barrios más pobres de una de las zonas con mayor cantidad de desocupados del país y era descendiente de uno de los pueblos originarios constitutivos de la identidad nacional, el mapuche, cuyas tierras están siendo ocupadas desde hace más de un siglo por extranjeros y criollos terratenientes.

Lo que le pasó al pibe de su barrio tocayo, el Nahuel Hue, ubicado en “El Alto” de San Carlos de Bariloche, podría haber sucedido, a él o a otro muchacho, en cualquiera de las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del conurbano o de otras localidades igualmente faltas de servicios de higiene y salas sanitarias, habitados por mujeres y hombres sin trabajo o casi, en los que la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad hacen que salir a la calle sea poco menos que un juego de ruleta rusa.

Nahuel era de ese mundo. Orgulloso de sus antepasados y de su nombre de felino, seguro de puma, también era de la Argentina mapuche; inquieto y metido en todo como era, desde hacía tiempo empezó a conocer la historia de ese pueblo y a reconocerse en ella. Su familia paterna es activa en esa lucha, participa de la recuperación de sus tierras ancestrales y son autoridades reconocidas por sus pares.

Así fue que el viernes a la tarde, Rafael dejó El Alto y se fue para la zona del muelle de madera (Remu Lafken) de la Villa Mascardi, donde la Lof Lafken Winkul Mapu se había asentado desde el sábado 11, quiso acompañar a sus familiares, a sus amigos. Pensaba que sería una jornada de afectos y charlas.

Entre la veintena de niños, mujeres y hombres instalados ahí, estaba su tía, María Nahuel, que sería detenida durante el operativo de desalojo de la comunidad que, a la postre, trastocaría su

salida en el día de su muerte.

Guarida del puma

El barrio Nahuel Hue - “lugar en el que se guarece el tigre o puma”-, al igual que su lindero Malvinas, tiene los problemas del conjunto de las poblaciones urbanas víctimas de las políticas de la dictadura cívico militar de Martínez de Hoz, del estallido de 2000/2001, provocados por políticas de endeudamientos inviables como la que ya relampaguea en el horizonte del actual gobierno y de las medidas tomadas por este último.

Cerca del 70% de la población económicamente activa está sin trabajo; las cifras oficiales marcan una tasa de desempleo en 9,63% y de subocupación, del 10,27%, computando en este caso a las personas que reciben planes sociales.

La pobreza y la indigencia provinciales se disparan por encima del récord nacional para llegar a cerca del 38,4% y el 8,7%, valores muy altos respecto de otras muestras nacionales y que escalan aún más en el Nahuel.

El panorama conlleva la falta de soluciones habitacionales, con hacinamiento y promiscuidad; cerca de la mitad de las unidades no tienen baño y más todavía son de paredes altamente inflamables, con un promedio de incendios y víctimas muy superior a las medias habituales.

Se registran adicciones varias, violencias doméstica y social y graves problemas de salud entre una población que no alcanza al 30% con obra social; la escuela del barrio tiene una matrícula muy baja comparada con la demanda potencial. Ya en 2010, el relevamiento realizado por la Mesa Interinstitucional apuntaba que la población “no cuenta con alimentación adecuada para garantizar una calidad de vida saludable".

Si la situación del barrio de Rafael ya era problemática, el cañoneo de las políticas implementadas desde diciembre de 2015 dejaron a sus habitantes prácticamente sin oxígeno. El gobierno que más daño socioeconómico hizo en menos tiempo en los últimos 35 años hizo que se reabran miles de comedores y merenderos populares a los que no solo van los menores, sino que se sumaron padres y abuelos; los chicos esperan que las escuelas abran sus puertas para comer su único plato del día.

Zaguanes, entradas de edificios, cines y teatros son el único techo de familias enteras que volvieron a situación de calle, expulsadas de casas e inquilinatos y hoy sobreviven en calles, plazas, autos abandonados, estaciones de subte y trenes, hospitales, cajeros automáticos, bajo las autopistas...

Los tachos de basura de restaurantes, verdulerías y casas de comida volvieron a ser la “góndola” en la que miles de personas consiguen sus alimentos diarios; cerca de 600 mil personas perdieron su trabajo o su “changa” y empezaron a timbrear -de verdad- en los barrios pidiendo comida, mientras millones más los miran de reojo palpitando un penoso probable futuro. (1)

Ese fue el telón de fondo de la vida de “Rafita”. Igual al de millones de pibes argentinos.

Un Estado al filo de la ley

El domingo 26, pasadas las 18, fuentes de máximo nivel del ministerio del Seguridad de la Nación soplaron al oído de los editores de turno del diario Clarín que “los mapuche comenzaron a atacar a los dos integrantes del grupo Albatros ´con piedras, boleadoras y lanzas´”.

En el acto, la web del Grupo de Magnetto y los Noble, reflejó la versión en la nota central de su portal a través de un título que, si no fuese que abría el anuncio de la tragedia, daba para la ironía ya que piedras, boleadoras y lanzas habían podido con los comandos Albatros de Prefectura, que cuentan con fusiles FAL de asalto calibre 7,62 x 51, SIG Sauer Swatt 556 y 3000, Blaser R93 LRS (para francotiradores), Remington 700 y HK G3; subfusiles HK M-P5, calibre 9 mm Parabellum; carabinas M4, versión del fusil M-16 adecuada al combate a corta distancia; ametralladoras MAG; escopetas Benelli M4 modelo 11707, Valtro y SPAS 15; lanzagranadas HK 69, entre otros chiches bélicos, con dotación reforzada o comprada durante la presente gestión, que invirtió en pertrechos para sus fuerzas de seguridad y con destino a operaciones represivas, más que sus colegas de Defensa en mantenimiento de submarinos como el ARA San Juan.

A las 19.25 el ministerio y su diario comenzaron a salvar el “error”. La nueva versión aseguró que, además del armamento jurásico de los mapuches, “hubo disparos cruzados”.

Un minuto después, la web del Grupo terminó la corrección y publicó la versión que Macri y Bullrich quisieron instalar: el grupo originario atacó con “armas de grueso calibre”.

De todos modos, además del entrecomillado de grueso calibre, ahí donde nadie lee reitera que “los mapuche comenzaron a atacar a los dos integrantes del grupo Albatros "con piedras, boleadoras y lanzas" y uno de los efectivos (perteneciente a “una fuerza de operaciones policiales, organizada, instruida, adiestrada y equipada para responder rápida y eficientemente a una amplia gama de requerimientos del servicio que, por su importancia y características puedan en un momento dado, desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares ya establecidos”), repelió el ataque “con un arma no letal con munición no letal de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder".

Dos Albatros bajaron 150 metros y otros dos “quedaron escondidos”, hasta que… “escucharon gritos que aparentaban ser gritos de guerra (sic) y observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos”, además de “armas blancas, por lo que la patrulla de Prefectura esperó escondida entre la vegetación para evitar ser descubiertos".

Según el parte ​oficial, en ese momento los mapuche comenzaron el ataque contra los Albatros "con piedras, boleadoras y lanzas", y hasta "en una formación de tipo militar" agregaría luego la ministra. "Uno de los efectivos, cumpliendo con las normas legales y de uso racional de la fuerza, repelió el ataque con un arma no letal con munición no letal de pintura con motivo de hacer cesar la actitud violenta del grupo en cuestión y de hacerlos retroceder".

Sin embargo, el muerto murió por una bala 9 mm, letal, disparada por un arma también letal. La ministra Bullrich, aunque “lamentó” lo sucedido y hasta le mandó su pésame a la familia Nahuel –consideró -en función de algún protocolo jamás formalizado- que “no se trató de un grupo de protesta o de reivindicación sino de una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho".

Preparó el terreno para sus dichos del día siguiente, cuando aseguró que la represión constituyó "una acción legal, legítima y enmarcada en la ley”, destinada a "cuidar a los argentinos que viven en el sur" del país, “frente a una acción ilegal e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz", incursionó en el límite de la apología del delito de Estado, negó el principio de presunción de inocencia y hasta le dio grado de infalibilidad divina a los datos a los informes de prefectos, gendarmes y policías al considerar que “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”, en respuesta a la falta de imágenes o balas provenientes del supuesto ataque mapuche.

“Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial”, agregó, además de advertir que “no va a aceptar” una orden (judicial) que prohíba el ingreso a determinado territorio. “Si alguien dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino nosotros vamos a entrar. No tenemos ningún límite más que el de la Constitución”, una herramienta que, aunque la Ministra lo ignore, deposita en los jueces la interpretación de normas y leyes.

Dibujando un enemigo

Ya se afirmó en la “Crónica de hectáreas manchadas de sangre”, escrita “en homenaje” a Santiago Maldonado y, lamentablemente, publicada “en memoria” del joven muerto bajo presión de un operativo ilegal de la Gendarmería Nacional, otro dispositivo represivo manejado por Bullrich. Las autoridades nacionales pretenden instalar a la pequeña población originaria mapuche como un “peligro”, a partir de falsedades contra un grupo que constituye el 0,3% de los habitantes del país, con solo el 0,09% radicados en Río Negro y apenas el 0,0033 viviendo en comunidad.

La mayoría de ellos, igual que quienes radican en Nahuel Hue, vive en situación de extrema pobreza, marginación y con dificultades de acceso a salud, educación y alimentación, a pesar de lo cual se construyó una fantasía bélica, convertida en hipótesis de conflicto militar por el Ministerio de Seguridad argentino y por las Fuerzas Armadas a las que incitan el senador justicialista rionegrino Miguel Ángel Pichetto y los diarios de mayor circulación nacional.

Esta visión, exacerbada a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se apoya en los prejuicios, el racismo y el etnocentrismo subyacentes, reverdecidos en los últimos años, que aloja parte de la sociedad y es empujada y orientada por las patronales rurales del país, especialmente de la Patagonia, en este caso con la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la cabeza. (2)

Es una construcción semejante a la del “enemigo interior” desarrollado por la Doctrina de Seguridad Nacional para enmarcar y justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cívico-militares de los ´70, que desembocaron en genocidios y matanzas como los de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador… y “reordenaron” los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacional, ávido en controlar los mercados y en exportar sus propios mecanismos financieros de apropiación.

Después de haber pertrechado de modo exagerado a sus fuerzas, la funcionaria ya desempolva la reforma al Código Penal conocida como “Ley Antiterrorista” sancionada el 13 de junio de 2007 a instancias del gobierno de Cristina Kirchner, bajo presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la supuesta intención de impedir el lavado de dinero como fuente de financiamiento del “terrorismo internacional”.

Controversial y criticada incluso por sectores kirchneristas y hasta por la entonces diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, la norma tuvo cambios en 2011 cuando se derogó la figura de "asociación ilícita con fines terroristas" pero se agregó al Código Penal un artículo que duplica las penas para los casos en que las faltas tipificadas se cometan “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o a gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".​ El articulado deja abierta la posibilidad de que las huelgas y protestas sociales puedan ser calificadas como “actos terroristas”.

Esa discrecionalidad judicial hizo que, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, considerase que la ley “viola los derechos humanos de la persona y de los pueblos” y la comparase con las leyes de impunidad sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, derogadas por Néstor Kirchner en 2003.

Es en la zona cordillerana donde los terratenientes y sus aliados políticos y mediáticos más presionan para implementar medidas como las que Seguridad estudia y son los mapuches los elegidos. En realidad constituye un campo de pruebas para trasladar el aparato militar y los dispositivos legales a las distintas geografías en las que se manifiesten protestas contra las políticas socioeconómicas de la Alianza Cambiemos. En el caso puntual, el terreno se prepara desde intendencias como las de San Carlos de Bariloche y concejos deliberantes como el de El Bolsón, prácticamente manejado por el magnate británico Joe Lewis.

Currículum de un gran pibe

“Rafita” Nahuel estaba parado en el cruce de esas dos avenidas siniestras, la del empobrecimiento y el marginamiento y la de los de los intereses de terratenientes, mineros, petroleros, multinacionales del agro, pasteras, grandes empresas constructoras, emprendimientos turísticos, generadoras de energía y hasta apropiadores de lagos, escondidos en el corazón de la cordillera, que el gobierno de las corporaciones favorece y protege.

Todos ellos ocupan espacios, suelos y subsuelos y operan a través del gobierno nacional y autoridades provinciales, municipales y departamentales y de los medios de comunicación que los acompañan y comparten intereses.

En medio de aquel escenario paupérrimo que El Alto ofrece a los pibes, Rafael, el asesinado por la espalda en el Lof Lafken Winkul Mapu, caminaba por las calles de tierra de la miseria. N o dejaba pasar uno solo de los fierros tirados en el suelo, los convertía en chulengos, parrillas, en cunas, o en arcos de fútbol, como los del Centro Cultural Ruka Che, donde se juntaba con otros pibes todos los martes y los viernes y que alcanzó a reparar en las que serían las últimas semanas de su vida.

Cuentan que era un buen soldador, fue aprendiendo; cada vez que pudo se integró a las organizaciones que el pueblo construye. Tenía 15 años cuando se incorporó a un grupo de la capilla del Nahuel Hue; en 2011 pasó a la experiencia popular de “Alto Construcciones”, un espacio para el aprendizaje de oficios relacionados con servicios comunitarios para la construcción, con salida laboral para los jóvenes de los barrios vulnerados en Bariloche, que luego derivó en el San José Obrero. Le puso ganas al taller y aprendió rápido el oficio de herrero.

En 2017 empezó a participar de “El Semillero” del Colectivo Al Margen. Aprendía carpintería después del almuerzo y del fulbito de cada día. Desde ese lugar formó parte de la Central de Trabajadores Desocupados (CTEP) Bariloche. Que en eso se había construido, en un trabajador desocupado en busca de dignidad; lo mismo que en un mapuche que se caminaba hacia sus orígenes.

Fanático del Boca -al que dejó en la punta de la Superliga que ya no podía ver gratis-, no se sacaba la azul y oro, tenía una con el 10 en la espalda… ¿Imaginaría que era Román…, Diego…., cada vez que la embocaba en los arcos improvisados de los potreros? Fuese quien fuese siguió pegado a su cuerpo cuando cerraron el cajón y va a gritar como si fuese un gol de los que valen, cuando Patricia Bullrich sea investigada, interpelada y, finalmente, separada del cargo que debió dejar el día mismo en que se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Notas

(1) Carlos A Villalba. LAS CORPORACIONES AL ABORDAJE. Macri y el uso privado de lo público (II) http://www.surysur.net/la-argentina-mapuche-cronica-de-hectareas-llenas-...

(2) Carlos A Villalba. CRONICAS DE HECTAREAS MANCHADAS DE SANGRE. La Argentina Mapuche (II)

http://questiondigital.com/la-argentina-mapuche-cronica-de-hectareas-lle...

Carlos A. Villalba

Psicólogo y periodista argentino, Investigador Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)