Ante la decisión del gobierno argentino de denegar la participación de decenas de representantes de entidades ciudadanas inscritas para participar a la 11va. Reunión Ministerial de la OMC (MC11), que se iniciará en la ciudad de Buenos Aires el 10 de diciembre, se multiplican los comunicados de entidades sociales e incluso oficiales, cuestionando esta medida.

El III Foro de Participación Ciudadana (FPC) de Unasur, reunido en Quito el 1 de diciembre, emitió por consenso de los nueve países participantes una Declaración Especial, en la que expresa “una honda preocupación” ante este hecho e insta al gobierno argentino “que garantice la plena participación de las delegaciones ciudadanas en la reunión”.

En la Declaración, propuesta conjuntamente por las delegaciones ciudadanas de Ecuador y Argentina, se solicita al Gobierno argentino que, “de acuerdo a lo previsto en su normativa nacional, explicite los fundamentos de dicha decisión, dado que, de lo contrario, se afectaría el pleno derecho a la participación ciudadana en una reunión multilateral, creando un antecedente negativo para el sistema multilateral y sería contrario a los compromisos asumidos por dicho Estado como sede de la reunión”.

En efecto, como país anfitrión, Argentina se comprometió a asegurar la acreditación, el visado y acceso a todas las personas, incluyendo delegados, personal y ONG’s acreditadas ante la OMC, según el acuerdo estándar entre las organizaciones internacionales y el anfitrión, el cual prevé que, sólo bajo una consideración excepcional de seguridad, el anfitrión puede rechazar el ingreso de una persona.

No obstante, en una primera respuesta a la denuncia pública, el gobierno de Mauricio Macri dio a conocer que sus organismos responsables “han identificado que algunas organizaciones no tenían voluntad contributiva sino más bien disruptiva respecto de su participación en la CM11, y por tanto se ha resuelto no permitir el ingreso a la Conferencia”.  De toda evidencia, este pretexto no responde a criterios de seguridad, sino más bien expresa una falta de respeto democrático a la divergencia de posiciones.

Entretanto, en una carta dirigida al Presidente Macri, firmada entre otros por el Premio Nobel de la Paz argentino y Presidente de SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, se señala que esta medida, junto con la negación o demora en la tramitación de visas de otros participantes, “violan derechos fundamentales de las personas y organizaciones involucradas, cercenando la participación democrática en un ámbito en que se discuten cuestiones de nivel global que afectan al conjunto de la sociedad”.

Esta carta interpreta que el argumento de ‘seguridad’ es “una tentativa de impedir la participación de voces críticas de las políticas que su gobierno y otros más, buscan avanzar en el marco de esta Ministerial”, que se vienen negociando en secreto, al igual que “la posible firma de un acuerdo mal llamado de ‘libre comercio’ entre la Unión Europea y el Mercosur, o la cesión de soberanía y control sobre áreas de importancia estratégica como las compras gubernamentales, la agricultura ecológica, las finanzas y el comercio electrónico de los datos personales”.  Además, considera que cuestiona seriamente la capacidad de la República Argentina para asumir la presidencia del G20, en 2018.

En la denuncia internacional difundida el 29 de noviembre por la red OWINFS (Nuestro Mundo no está en Venta), se dio a conocer que son más de 60 expertos de la sociedad civil cuya participación ha sido denegada, en su mayoría representantes de organizaciones con una larga trayectoria de actividades en el marco de la OMC.  OWINFS afirma que la OMC no debe aceptar tal flagrante violación de sus bien establecidas normas internacionales e insta al director general, así como a los miembros, a no realizar la reunión en Argentina, a menos que el gobierno anfitrión revierta esta decisión y restablezca las acreditaciones a los grupos excluidos.