El “llamado” de Enrique Peña Nieto “al Senado de la República a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para escuchar todas las voces y enriquecer lo que resuelva sobre la Ley de Seguridad Interior”, fue demasiado oportuno porque mientras él lo hacía desde Los Pinos durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, en el Senado todavía actuaban de manera opuesta los “pastores” del Revolucionario que ultimaban detalles y citaban para el lunes 11, a las 12 horas, a los miembros de las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos Segunda “para dictaminarla de manera exprés y llevarla a votación al pleno el martes”, de acuerdo al testimonio de Luis Sánchez.

A renglón seguido, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, “instruyó a los integrantes de las cuatro comisiones dictaminadoras y a los coordinadores parlamentarios de la decisión de posponer la reunión, luego que ayer, el presidente Enrique Peña Nieto instruyera (sic que cree en la autonomía de los tres poderes) al Senado a ampliar el diálogo con la sociedad civil para discutir dicho dictamen” (Excélsior, resumen nocturno, 9-XII-17). El redactor no se equivocó, sino que el consorcio de Olegario Vázquez Raña e hijo apuestan siempre por las decisiones presidenciales, en este caso la militarización de la seguridad pública y de México.

Apuestas oligopólicas aparte y también de disciplinas del PRI en demérito del trabajo legislativo y su autonomía, no es pertinente ignorar la sensibilidad mostrada por el titular del Ejecutivo federal, quien de manera directa escuchó las exigencias de Julia Carabias al recibir la Belisario Domínguez y enseguida la de Miguel Álvarez Gándara, e indirecta la de María Elena Morera, del oficialismo (PRIAN), quien optó por deslindarse de la iniciativa de ley, entre muchas voces de organismos promotores del derecho humanitario oficiales e independientes, de México y el extranjero, en primerísimo lugar la ONU-DH, intelectuales y expertos de México y el extranjero.

Para el comandante supremo del Ejército y la Marina “el reto que tenemos todos, sociedad y gobierno, es hacer compatible la actuación de las fuerzas armadas, hoy indispensable en muchas regiones del país, con la necesidad de construir instituciones civiles eficaces y hacerlo en un marco de respeto pleno a los derechos humanos”. Cierto.

Formalmente el espacio que se abrió con la exigencia nacional y la sensibilidad mostrada por el presidente es de un par de meses, cuando podría realizarse el periodo extraordinario de sesiones, en víspera de la campaña electoral.

Y será entonces cuando los de las sociedades civil y política que no están de acuerdo con el uso indefinido e ilimitado de la milicia en tareas de seguridad pública, tendrán que mostrar su capacidad de propuesta y de presión social y política para impulsar fórmulas que acoten –en una ley secundaria porque la Constitución es claramente limitativa– la participación castrense y establezcan criterios y calendarios para su retorno paulatino a los cuarteles. A pesar de que ahora usan y abusan del pretexto de que fue “por solicitud de los gobernadores” hace 11 años, como Lázaro Cárdenas Batel, lo que éste niega. Además, sólo el presidente puede disponer sobre el empleo de militares en tareas que corresponden a los civiles, por orden de los políticos que desde Felipe Calderón muestra irresponsable ineptitud.

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