Las duras acusaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez contra organizaciones de derechos humanos a las cuales acusó de “escudarse en la bandera de los derechos humanos para respaldar a los terroristas” a la vez que revela la naturaleza del régimen, colocan a las primeras en la mira de los grupos paramilitares de derecha que se han cobrado la vida de cientos de activistas sociales, sindicalistas e intelectuales.

A Álvaro Uribe no le gustó para nada que ochenta organismos de derechos humanos, agrupados en la “Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo”, dieran a conocer el informe denominado “El embrujo autoritario” en el que señalan que en su primer año de su gobierno 7000 personas fueron asesinadas por razones políticas. En el documento de 176 páginas se cuestiona la política gubernamental de “seguridad democrática”, la cual “apunta a un control social y a una implantación del terror en la población”. La política de Uribe se caracteriza por operaciones militares indiscriminadas y un amplio despliegue de fuerza, tiene a la población como objetivo central con grandes redadas, asegura la impunidad, coopta por completo la agenda de los medios de información, militariza la vida cotidiana, cierra los espacios a la oposición política y social y negocia con los paramilitares una política de paz que sirva para el fortalecimiento de la guerra, señalan.

Luego de difundirse el informe, Uribe, desde un cuartel y rodeado de militares, reaccionó de una forma furibunda procediendo a la descalificación de los defensores de los derechos humanos a los que les acusó de “politiqueros”, “traficantes”, “voceros del terrorismo”, “profetas del desastre”, “vividores de los derechos humanos” y otros calificativos. Lo que podría considerarse como un exabrupto del Presidente colombiano en realidad no lo es, porque posteriormente su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez de Rincón, y altos mandos militares insistieron en las mismas acusaciones, revelando con esto que la estigmatización a los defensores de los derechos humanos constituye una política de gobierno.

El discurso anti-terrorista de Álvaro Uribe no es original. Constituye una imitación del que maneja el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre. Pero Uribe está yendo mucho más lejos que Bush. Mientras para Bush, terrorista es quien atenta contra los intereses de Estados Unidos en el interior del país o fuera de él, Uribe señala como terroristas no solo a los miembros de los grupos guerrilleros sino a todos los opositores o a quienes critican su gestión. En definitiva, Uribe, tiende a polarizar a la sociedad colombiana, adoptando una prédica maniqueista que recuerda a los peores regímenes dictatoriales del mundo.

Las acusaciones de Uribe de complicidad de los defensores de los derechos humanos con los grupos guerrilleros son infundadas pues los primeros han dado señales inequívocas de haber deslindado campos e incluso han señalado la responsabilidad de éstos en la violación del derecho internacional humanitario, pero al mismo tiempo se han pronunciado por una solución negociada y concertada del conflicto colombiano, lo cual no es bien visto por los sectores en el poder que apuntan, como única vía, por la solución militar, de la cual obtienen grandes beneficios.

Población civil en la mira

Varios sectores advirtieron sobre las consecuencias de las declaraciones de Uribe para los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, activistas sociales, intelectuales y opositores en un país en el que las víctimas del conflicto son sobre todo civiles. El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, indicó que entre julio de 2002 y junio de 2003, el número de víctimas por infracciones graves al derecho humanitario disminuyó, sin embargo aumentaron las violaciones a los derechos humanos (1.101 víctimas más que en el período de julio de 2001 a junio de 2002) lo cual indica que “las estrategias de guerra y represión se han dirigido contra la población civil”. Por su lado, la Federación Sindical Mundial denunciaba en Ginebra, el pasado mes de abril, en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones que en el último año habían sido asesinados 184 trabajadores, 13 de ellos por grupos

paramilitares. Entre enero y diciembre de 2002, 17 defensores de derechos humanos fueron víctimas de homicidios y desaparición forzada, según datos de la Comisión Colombiana de Juristas.

Decenas intelectuales colombianos salieron al paso de las declaraciones del presidente Uribe advirtiendo, en una carta pública, que los “defensores de derechos humanos y los forjadores de opinión, a través de su trabajo de crítica y denuncia, son hoy el pilar fundamental para la preservación y para la construcción de la democracia y del Estado colombianos. No los maltrate. No los convierta, a través de acusaciones intemperantes, en blanco de potencia- les reacciones. Recuerde que para los más radicales, sus calificativos se pueden convertir en autorizaciones para lo peor. Administre con prudencia su enorme capital político”.

Las reacciones internacionales tampoco se hicieron esperar: Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron sendos comunicados en los que muestran preocupación por las declaraciones oficiales y respaldan la labor de los organismos de derechos humanos. En comunicado, la ONU manifestó que “El Sistema de Naciones Unidas mantiene su firme convicción de que mantener espacios de diálogo y asegurar la participación de la sociedad civil constituyen requerimientos ineludibles para el efectivo funcionamiento de la democracia, la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible”.

Publicado en América Latina en Movimiento # 375 (ALAI), p. 1, 23-09-2003, Quito