En la Asamblea Nacional espera su debate en comisión el Anteproyecto de Ley 149, sobre “uso terapéutico de la marihuana”, el cual propone la despenalización controlada por el Ministerio de Salud del uso medicinal de esta droga. Sería de esperar que la sociedad panameña asumiera la discusión de este tema de manera seria y sosegada, sin que los habituales autotitulados “padres de la moralidad” se rasguen las vestiduras escandalizados.

La sustentación del proyecto señala que en varios estados de Estados Unidos, Europa y América Latina se ha legalizado el uso terapéutico de la cannabis en casos de dolores crónicos, como los producidos por el cáncer. Agregamos nosotros que algunos estudios la recomiendan en el tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo y el Síndrome de Tourette.

El artículo 1 del anteproyecto de ley estable la despenalización de la cannabis de forma vigilada y controlada; el artículo 4, establece que sólo se permitirá el uso de la marihuana “bajo prescripción médica”; el artículo 7 señala que el Estado regulará este uso medicinal, a través de un instituto adscrito al Ministerio de Salud (art. 10). Como se aprecia, el anteproyecto de ley es bastante conservador y se aleja del criterio de despenalización general del consumo, que se ha establecido en muchos países, como Uruguay, por ejemplo.

Pero el anteproyecto debe servir para ir más allá y cuestionar el enfoque que el imperialismo norteamericano ha impuesto al mundo en cuanto al tratamiento del consumo de drogas. La persecución penal de la marihuana empezó en 1961, se hizo más rigurosa a partir de 1972, bajo el gobierno de Richard Nixon, y a partir de los años 80, tomó el carácter actual de “guerra a las drogas”.

Estados Unidos ha impuesto al mundo un enfoque de “seguridad nacional” en el problema de las drogas psicotrópicas, trasladándolo desde una perspectiva de salud pública, a manos de la policía y el ejército. Este enfoque militarizado del problema de las drogas se ha probado equivocado porque produce los efectos contrarios a los que dice buscar. Su objetivo real es el control social y no la disminución de las adicciones.

Al igual que la prohibición del alcohol en ese país fortaleció a la mafia y su tráfico clandestino, la “guerra a las drogas” ha alzado los precios, estimulado los carteles del narcotráfico y ha producido miles de muertos por la violencia que superan largamente a los fallecidos por sobredosis.

Se estima que solo en Estados Unidos mueren al año unas 10 mil personas en esta “guerra”. En México, desde que se hizo política nacional en 2006, han muerto cerca de 200 mil personas. Sin contar las decenas de miles que pueblan innecesariamente las cárceles del mundo por porte o comercio al menudeo de drogas como la marihuana.

Respecto a la marihuana, debe tomarse en cuenta que sus efectos psicotrópicos son menores que el consumo inmoderado del alcohol etílico, una droga “legal”, que se vende libremente, y que está probado que produce miles de muertes anuales en violencia y accidentes de tráfico. Así como el alcoholismo es tratado con un enfoque de salud pública, así debe ser el tratamiento a las adicciones al resto de las drogas, duras y blandas. Hay que romper el esquema absurdo de poner el asunto en manos de los militares.

Panamá debiera avanzar más allá de lo planteado por el anteproyecto de ley 149, y proponerse la despenalización, regulada por el Ministerio de Salud, del consumo y no solo el uso terapéutico de la marihuana, por lo menos. Siguiendo el camino de California, la República Checa, Portugal, Holanda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.