El exjuez de la Corte Suprema planteó que el plan de ajuste del gobierno de Mauricio Macri puede desestabilizarlo y terminar en grave crisis. Le pidieron que renuncie a la CIDH. Quieren matar al mensajero.

Raúl E. Zaffaroni es un prestigioso penalista. Su nombre está asociado al “garantismo” tan venido a menos en un país donde el presidente recibe a un policía procesado por asesinar por la espalda y de varios disparos a un joven que corría del lugar donde había cometido un delito.

Atesora treinta doctorados “honoris causa” de altas casas de altos estudios de acá y del mundo. Si hubiera opinado más de Luis Chocobar, el uniformado acusado de homicidio, nadie debería haberle dicho nada, técnicamente hablando. En política y los medios, por supuesto, le habrían tirado con munición 9 milímetros acusándolo que por culpa de garantistas como él los delincuentes tienen la “puerta giratoria” para entrar y salir de las cárceles.

Macri, en sus enésimas vacaciones, buscó subirse a esa ola demagógica-punitivista al deplorar la decisión de la Cámara del Crimen de agravar la acusación contra Chocobar por “homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber”. El presidente, venenoso, dijo que esos jueces “seguramente habían recibido una felicitación de Zaffaroni”.

¿Y si lo hubiera hecho, qué? ¿El jefe de Estado puede interferir en la justicia y felicitar a un policía autor de un crimen, y el exjuez de la CSJN no puede opinar sobre un tema jurídico que conoce muchísimo más que el rústico ingeniero?

La chicana presidencial tiene causas más profundas. El jurista fue de los pocos que respetó el límite constitucional de edad y renunció a la Corte, a diferencia de otros supremos apoyados por el macrismo. Hasta ahora la pugna entre derechos humanos versus “gatillo fácil”, entre garantismo y “mano dura”, entre “se presume inocente” y prisión preventiva para los opositores, fueron las divisorias entre Zaffaroni y Macri.

Ahora se abrió otro frente de combate, luego que en un reportaje radial del 17 de enero pasado y una nota de opinión del 28 de ese mes, el exjuez pusiera en la picota el plan de ajuste y dijera: “quisiera que el Gobierno se fuera lo antes posible”. En estos días volvió sobre el particular en C5N, aclarando que no es golpista y no quiere una reiteración de la violencia y muertes de diciembre de 2001. “Sólo puede desestabilizarlos su plan económico, ese es el problema”, declaró. Pese a lo correcto de ese diagnóstico, fue denunciado por “apología del crimen”, causa que quedó a cargo del juez Ariel Lijo.

Germán Garavano descalificó esos dichos como golpistas y destituyentes; en base a esa caracterización reclamó la renuncia de Zaffaroni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acusado replicó que el macrismo, no conforme con interferir en la justicia local, lo hace también con la justicia internacional. “Touché”, Garavano.

Justicia adicta

La manipulación de la justicia por el Ejecutivo no es una denuncia original de Zaffaroni; está a la vista desde el inicio de este gobierno con su designación por decreto DNU de dos miembros de la Corte.

Otras pruebas son los procesos contra dirigentes opositores, como los que enfilan contra Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy no está presa por sus fueros. Sin ese beneficio, varios sí están detenidos siendo inocentes de los cargos que formuló el impresentable Claudio Bonadío en la causa Memorándum con Irán como supuesto de encubrimiento del atentado contra la AMIA.

Uno de ellos es Carlos Zannini, que había apelado su detención preventiva del 7 de diciembre, cuando fue detenido como Luis D´Elía, Fernando Esteche, Yussuf Khalil y el excanciller Héctor Timerman, este con domiciliaria por enfermedad.

La apelación de Zannini fue rechazada en diciembre en primera instancia por la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, aunque el fallo tuvo el buen tino de retirar uno de los cargos formulados por Bonadío, de “traición a la Patria”. Zaffaroni se hizo un picnic destrozando las infundadas acusaciones en esta causa, alimentando el odio ancestral e ideológico del PRO-Cambiemos en su contra.

El exsecretario de Legal y Técnica apeló ese fallo de la Cámara Federal, pero esta semana recibió la noticia negativa de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Mariano Borinsky y Gustavo Hornos adujeron que no hay “razones concretas y fundadas que permitan demostrar una afectación suficiente, al menos a esta altura del proceso, para tachar de arbitraria a la resolución recurrida”.

El abogado del detenido, Mariano Fragueiro Frías, recordó las dos razones que podrían justificar una prisión preventiva: que el procesado no esté a derecho o que pueda interferir en la investigación. Su cliente siempre estuvo a disposición de la justicia, y la investigación ya fue cerrada por Bonadío.

El letrado dijo que llegará con recurso ante la Corte Suprema e incluso ante la Corte IDH, reclamando la libertad mientras dure el proceso. En esa Corte está Zaffaroni, quien rechazó el reclamo macrista para que renuncie. Ojalá que no tenga que opinar (votar no podría) porque Zannini y los demás detenidos hayan salido en libertad, algo dudoso hoy por el revanchismo político que alimenta el Ejecutivo y cumplen tantos jueces y camaristas, unos por vocación política y otros por temor a carpetazos.

Esa visión crítica no es privativa de Zaffaroni. Elisa Carrió, reaparecida también tras su enésima vacación en el exterior, criticó a Garavano debido a su maniobra, por medio del fiscal, en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. El fiscal no acusó ni pidió penas para los fiscales Barbaccia y Mullen, implicados en aquel delito según la Unidad Fiscal AMIA y los familiares de los muertos de 1994.

La justicia de hoy, posiblemente también la de ayer, mira con un solo ojo. Eso explica que el ministro Luis Caputo no irá a Ezeiza ni Marcos Paz, pese a comprobadas inversiones offshore en dos compañías en las islas Caimán y en un fondo de inversión de Miami, omitidas en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco irá preso el subsecretario de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, con una cuenta offshore en Andorra. ¿Éstos son los políticos honestos que aseguran que el gobierno anterior “se robó todo”?

El 21F

La semana terminó muy movida por conflictos gremiales y la movilización de ATE nacional y varios gremios y organizaciones sociales de la Ctep. El reclamo de paritarias libres y que se terminen los despidos en la administración pública y la actividad privada, así como para que la ministra de Desarrollo Social implemente con fondos los acuerdos firmados con los tres referentes de desocupados cercanos al Papa, estuvieron en la base de los reclamos.

La movida hacia la plaza de Mayo fue válida pero modesta, porque descansó en ATE de “Cachorro” Godoy y la CTA Autónoma de Ricardo Peidró, de visitadores médicos, la rama menor de las CTA.

En cambio la movilización del miércoles 21 puede ser multitudinaria, en 9 de Julio y Belgrano, convocada por Camioneros, la Corriente Federal y las dos CTA, la de Hugo Yasky y la de Pablo Micheli. Las entidades de base de la Ctep volverán a dar su presente, víctimas preferenciales del ajuste, cese de pensiones, retraso en la actualización de los planes y quita de subsidios decididas por la cartera de Carolina Stanley.

En esa concentración y acto del 21F habrá muchísima gente, que quiere hacer oír sus reclamos al gobierno. Ese es el tema básico de la jornada y la legitima frente a la campaña oficialista por reducirla a una defensa de Hugo Moyano.

En la previa está el paro bancario de lunes y martes. Y también está latente el conflicto docente con un dudoso comienzo de clases toda vez que la presidencia desconoció la paritaria docente nacional y las provincias no ofrecen más del 15 por ciento para 2018, sin cláusula gatillo si la inflación supera ese marco, como ocurrirá.

No todo transcurre en la vidriera política, la Capital Federal. “Más allá de la avenida Pueyrredón, el campo”, solían decir las porteñas de Barrio Norte y Recoleta. Ni siquiera fuera de la avenida General Paz; el límite vecinal era la Pueyrredón…

El país es mucho más que eso y se demostrará el lunes 19, con una marcha de 300 kilómetros desde Jujuy a Güemes (Salta), de los azucareros y sus familias, protestando contra los despidos y cierres de ingenios. Los responsables de estos decretos de muerte para varias poblaciones del norte son apellidos oligárquicos como Blaquier y multinacionales como Seabord Corporation y firmas peruanas y colombianas.

¿Alcanzará la movilización del 21F para derrotar al plan económico del gobierno? Por supuesto que no, pero puede ser un golpe político al ajuste que sume muchas voluntades, incluso de parte de quienes votaron por Macri en 2015.

Los medios amplifican el número de gremios que no estarán en la convocatoria a la 9 de julio. En esto, solamente en esto, el cronista va a coincidir con Moyano, quien afirmó que “hay ausencias que suman”. Si se baja un traidorazo como Luis Barrionuevo, por ejemplo, puede ser que muchos trabajadores, críticos de la burocracia y por eso dudosos, se decidan a ir a la marcha. La “unidad” es una bella palabra y expresión de deseos, pero muchos crímenes se cometen en su nombre.

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