Una de cal y otra de arena tiene el mensaje del 10 de agosto, del presidente Sixto Durán Ballén en lo que respecta a los pueblos indígenas. En efecto, en primer lugar habla de que el quichua va a ser considerado como un idioma nacional y que se va a "reconocer la enorme riqueza espiritual y humana de la población campesina y de las comunidades indígenas y negras". Pero a continuación advierte en forma enfática y tajante que "no podemos admitir ningún tipo de segregación a pretexto de exaltaciones raciales y el peligroso fomento de aisladas nacionalidades que buscan romper la unidad nacional, única y común identidad que necesita solidificarse".

El tema de las nacionalidades sigue dando que hablar en las cúpulas del poder. Y pese a que se lo niegue o rechace no podrá ser suprimido, pues constituye un dato de la realidad que tarde o temprano volverá a plantearse, con igual o mayor fuerza, por los propios pueblos indígenas.

Vigencia de un tema

Si este tema hoy se ha puesto en boga es gracias a la acción de los propios interesados: los pueblos indios del Ecuador. Son estos los que comienzan autodenominándose nacionalidades en octubre de 1980 cuando se reúnen en Sucúa, provincia de Morona Santiago, y conforman el Consejo Nacional delas Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONACNIE.

 "Las organizaciones indios, los pueblos indios, queremos darnos nuestros propios nombres, mantener nuestra propia identidad, nuestra personalidad. Y en la medida en que queremos englobar a los diferentes pueblos in- dios, sea cual sea su desarrollo histórico frente a este dilema, hemos optado por el término de nacionalidades indias. Esta resolución ha sido meditada y no obedece a una sugerencia ajena, sino porque comprendemos que la categoría nacionalidad expresa los aspectos políticos, culturales, lingüísticos de nuestros pueblos. Nos sitúa en la vida nacional e internacional“. (Documento de la CONAIE, sin fecha)

En noviembre de 1986 constituyen la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que cuatro años después convoca a un levantamiento que moviliza decenas de miles de indígenas y sacude la conciencia del país. Uno de las demandas de la CONAIE es que se reforme el Art. 1 de la Constitución Política que señala en su primer párrafo que el "Ecuador es Estado soberano, independiente, democrático y unitario“, y se declare al Ecuador como Estado plurinacional, pluricultural y multilingüe.

En agosto del mismo año, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, filial de la CONAIE, presenta al entonces presidente de la Re- pública, Dr. Rodrigo Borja, un documento de legalización de sus tierras denominado "Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano”.

El planteamiento indígena ciertamente es polémico y ha provocado una serie de reacciones contrarias de las Fuerzas Armadas, gremios de hacendados, políticos, intelectuales y un sector de la prensa que han acusado a las organizaciones indias de estar manipuladas por fuerzas extrañas y de pretender formar un Estado paralelo.

La larga lucha por la identidad

Tradicionalmente se ha sostenido que la Nación ecuatoriana, basada en la cultura blanco-mestiza, es una sola, sin embargo este criterio es excluyente y niega los derechos de los pueblos indígenas.

Estos últimos han existido desde hace miles de años en lo que hoy es el Ecuador. Durante la conquista y la colonización española sufren los efectos de un proceso de aniquilamiento, despojo de sus tierras, explotación despiadada e imposición de una religión, un idioma y una ideología extraños. Sus modos de vida de organización son drásticamente alterados.

En la República, concebida y dirigida por una minoría blanca, mantiene intactos algunos rasgos coloniales y excluye a indígenas y negros, a tal punto que no los considera ciudadanos. La población india es tratada como raza inferior y abyecta, y continúa sometida a la más dura explotación a través del cobro del "tributo de indios" que solo fue abolido en 1857. Recién en 1861, los derechos de ciudadanía son extendidos a toda la población adulta masculina, sin distinción de fortuna.

La Constitución de 1945 apenas hace una referencia a la existencia del quichua y otras lenguas aborígenes a las cuales declara como elementos de la cultura nacional. Y la de 1978 extiende el voto a los analfabetos, la mayoría de los cuales son indios.

A lo largo de la historia republicana se ha pretendido incorporar a los indios al Estado nacional, es decir se ha pugnado porque dejen de ser indios y asuman la condición de ciudadanos que hablen y escriban en español, profesen la religión católica, piensen y actúen de acuerdo a los cánones occidentales. Mucho se ha conseguido en este sentido. Pero no todo. Los pueblos indios han resistido y han logrado sobrevivir y conservar sus identidades, modos de vida, sistemas de organización comunitarios, formas de administrar justicia, idiomas, costumbres y rasgos culturales propios. Claro que no son los mismos de hace 500 años, han cambiado, son otros pueblos: en alguna medida han logrado acceder a la tierra, a la educación, a formas de organización más conscientes y avanzadas que propugnan una participación directa en las decisiones y los asuntos públicos del Estado.

Iguales...pero diferentes

Los indígenas no plantean una desmembración del territorio nacional o la creación de Estados paralelos. Aspiran a ser reconocidos como pueblos en igualdad de condiciones.

“Nos sentimos iguales a cualquier otra sociedad, o cualquier otro pueblo, pero al querer la igualdad no queremos que desaparezcan nuestras propias características, lo que anhelamos es a mantener nuestra propia identidad y en base a esta diferenciación estar en una relación de igualdad con el resto de la sociedad. Los pueblos indígenas creemos que la plurinacionalidad es el respeto a nuestra propia identidad y al mismo tiempo que seamos sujetos de una efectiva participación, en los quehaceres de la sociedad nacional", afirma Rodrigo de la Cruz, asesor jurídico de la CONAIE.

Con este marco conceptual, los indígenas han venido reclamando:

* Autonomía, derecho a regirse por sus propias normas jurídicas.

*Autogobierno, derecho a elegir sus propias autoridades.

* Territorialidad, derecho a administrar sus territorios.

* Y por último autodeterminación, derecho a negociar las condiciones de su participación en la nación ecuatoriana.

Las demandas indígenas se encuentran apoyadas por normas del derecho internacional. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó en 1989 el Convenio 169, sobre "Pueblos Indígenas Tribales", dejando sin efecto el Convenio 107 "Sobre Poblaciones indígenas y Tribales" de 1957. En este nuevo instrumento jurídico hay cambios importantes como las denominaciones de "pueblos" en lugar de "poblaciones". En los artículos que van del 13 al 19 se reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, así como las que no están exclusivamente habitadas por ellos. También se reconoce el derecho que tienen a los recursos naturales existentes en sus tierras, en lo que se refiere a su utilización, administración y conservación. El 169 ha sido ratificado solamente por México y Noruega. Pese a que el gobierno socialdemócrata fue uno de los impulsores, ni éste ni el Congreso se pronunciaron en el sentido de ratificarlo para que se convierta en Ley de la República.

Más allá de las estadísticas...

Una de las objeciones a que los pueblos indígenas se reclamen como nacionalidades es que constituyen "minorías étnicas", que deben ser incorporadas a los beneficios de la civilización.

Los datos de la realidad parecen desmentir esta afirmación.

En el Ecuador se identifican 10 pueblos indígenas, que en conjunto constituirían, según la CONAIE, el 45 por ciento de la población del país. Otros investigadores no le atribuyen porcentajes tan altos y afirman que serían un treinta, un veinte o un quince por ciento. En cualquier caso su presencia es significativa. Y el número no es lo más importante, pues los indios poseen elementos que les convierten en actores fundamentales de nuestra historia.

Sus aportes a la sociedad nacional deben ser vistos desde los ángulos sociológicos, culturales y ecológicos. En la comuna indígena se han mantenido desarrollado formas de trabajo colectivo, de ayuda mutua, de reparto equitativo de los bienes, que bien podrían ser emuladas por nuestras sociedades tercermundistas tremendamente desiguales e injustas, regidas por la competencia, el individualismo y el consumismo como normas supremas.

Los pueblos indígenas mantienen una relación especial de respeto a la naturaleza, atributo, que en el caso de la Amazonía, los convierte en garantes de la conservación de las selvas milenarias que hoy sufren procesos de contaminación, deforestación y colonización que pueden llegar a ser fatales e irreversibles.

De la reforma legal a la reforma mental

Luego del levantamiento indígena, la CONAIE ha presentado en el Congreso, por lo menos en dos ocasiones, el proyecto de reformas a la Constitución. La primera, a fines de mayo de 1991, y la segunda en mayo de 1992, a propósito de la marcha indígena de Pastaza. En las dos oportunidades el pedido ha sido receptado por los diputados socialistas Edelberto Bonilla y Manuel Salgado que en su momento ejercían la Presidencia del Parlamento. Ambos ofrecieron convocar a Congresos extraordinarios para tratar el tema de la plurinacionalidad. Pero el asunto de fondo, por el que se ha estancado esta discusión, es que el grueso de bloques parlamentarios no está de acuerdo con la propuesta de la CONAIE. Reunir las dos terceras partes de parlamentarios que se requiere para reformar la Constitución, en estas condiciones, se hace muy difícil. La composición del actual Congreso no parece propicio como para que la iniciativa prospere.

El movimiento indígena quizá deba esperar a que soplen vientos políticos más frescos como para que se concrete el reconocimiento jurídico de la diversidad étnica y la riqueza cultural de nuestro país. Al fin y al cabo, lo se requiere en el Ecuador es una reforma de la mentalidad social, para que pueda regir una nueva relación con los pueblos indígenas que se base en la solidaridad, la democracia y la proscripción del racismo y la discriminación.

Anexo

Definiciones

 El término nacionalidad se define como la "condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación y como el estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación“.

Adicionalmente posee dos acepciones: una jurídica y una política. Según la primera, es un "vínculo jurídico de ciudadanía que liga cada individuo -denominado nacional- con un Estado“. De acuerdo con la segunda es "un grupo humano, extenso en relación a los grupos primarios (familia, comunidad urbana o rural), que se caracteriza por su establecimiento dentro de un marco geográfico de fronteras más o menos rígidas, su relativa homogeneidad étnico-cultural, la posesión de una tradición histórica y un complejo de actividades económicas y sociales que le diferencian en mayor o menor grado de otros grupos análogos" (Enciclopedia Salvat, Barcelona, Madrid, 1973).

Este concepto ayuda a una aproximación del tema. Sin embargo hay otra definición que la complementa: "Hay pueblos que existiendo dentro de Estados-nación y manteniendo una comunidad cultural, étnica, idiomática e inclusive forma de relación económica específica, no constituyen una territorialidad que los define como Estados. Son grandes grupos humanos -pueblos enteros- que tienen varios de los atributos de la Nación, pero que no tienen el de la soberanía ejercida sobre su territorio. A estos grupos se los ha definido como nacionalidades", sostiene Enrique Ayala en su estudio Estado Nacional, soberanía y Estado Plurinacional.

Publicado en el semanario Punto de Vista N° 532, 17 de agosto de 1992, Quito - Ecuador