El Tribunal Constitucional, dirigido por Iván Aróstica, fue remecido por la entrega de miles de firmas de emplazamiento al Tribunal; la carta transversal de senadores demandando al presidente Piñera intervenir en el mismo sentido, y la movilización en Santiago de las organizaciones de derechos humanos de Ñuble, sosteniendo un cartel frente a la sede del TC, que acusa a la institución ubicada en Huérfanos 1234, de amparar a violadores de derechos humanos.

Explicó Rosario Peña, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chillán: “Las firmas que entregamos hoy 14 de mayo las juntamos en sólo dos semanas, en el Paseo Peatonal de Chillán. Los jóvenes eran los que más firmaban, ellos eran los más benévolos. Esperamos que el tribunal constitucional se aboque ahora a devolver las causas de DDHH a los tribunales de justicia”.

La presión está logrando resultados concretos. Este martes 15 de mayo, a las 10 de la mañana, se verán en audiencia pública las primeras causas de “inaplicabilidad constitucional” luego de largo tiempo de estar congeladas en el TC, trabando así la investigación judicial contra responsables de crímenes en esa región. Los primeros casos en tabla son por la desaparición en octubre de 1973 de Ricardo Troncoso, militante del MIR –que hasta el golpe trabajó como reportero gráfico del diario Clarín- y de los hermanos Tomás y Gustavo Domínguez Jara, dirigentes campesinos del asentamiento Ranquil.

Vigencia de la táctica dilatoria

Los dirigentes y miembros de organizaciones de DDHH de la Región de Ñuble, estuvieron acompañados de la diputada por esa zona, Loreto Carvajal y el abogado constitucionalista Fernando Atria, para la entrega al presidente del Tribunal Constitucional de 2337 firmas de ciudadanos y ciudadanas de Ñuble. También estuvieron acompañados por los ex presos políticos del cuartel de Tejas Verdes.

Porque esta táctica dilatoria continúa siendo utilizada por la defensa de los criminales. La abogada Patricia Parra informó del ingreso de un nuevo recurso de inaplicabilidad, para detener el juicio contra el general ® de carabineros Patricio Jeldres, procesado por el secuestro y desaparición de un joven de apenas 16 años, Gabriel Cortez Luna, a quien el uniformado detuvo en el marco de una disputa personal con el hermano del desaparecido, Parra y el abogado Patricio Robles, del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, calificaron como una verdadera “avalancha” escalonada la presentación ante el TC de casos de inaplicabilidad entre julio de 2017 y enero de 2018. En todos los casos es a nombre de afectados por procesamientos, de manera que se ha dilatado indefinidamente el avance de las causas y la dictación de fallos. Parra y Robles alegarán el martes 15 por las víctimas, en tanto que Maximiliano Murat lo hará a nombre de los violadores de derechos humanos procesados en estas causas.

Rol del Tribunal Constitucional

La semana pasada Iván Aróstica sostuvo ante miembros del Tribunal Constitucional alemán de visita en Chile, que “el golpe de 1973 puso fin a un quiebre institucional previo” afirmación que lo coloca del lado de los impulsores del golpe militar y fue rebatida por otros miembros de su entidad. Hilda Miranda, del Comité Verdad y Justicia de Ñuble consideró inaceptables las expresiones de Aróstica que contribuyen a validar el horror de 17 años de represión e infamia y a mostrar al Tribunal Constitucional como una trinchera que asegura la impunidad de los criminales.

La diputada Carvajal, consultada respecto del rol del TC señaló que era muy negativo y que se había constituido en otro poder del Estado, por lo que apeló a que su presidente atendiera el sentido humanitario y jurídico de la petición de estas organizaciones de manera que las causas regresen a manos del Ministro Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción. El senador Felipe Harboe, presidente de la cámara alta, que representa la región de Ñuble, comparte plenamente esta petición. En entrevista a La Tercera, Harboe sostuvo que el Tribunal Constitucional se está “autodestruyendo con sus decisiones” y que es insólito que incluso esté interviniendo en temas de Derechos Humanos. Por su parte Fernando Atria expresó en la manifestación callejera: “Se trata de una lectura de sentido común y de humanidad que debe hacer el TC en las más de 40 causas que están paralizadas”, agregando que la actuación del tribunal presenta problemas para la independencia judicial. Carmen Herz, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que al igual que el diputado Tucapel Jiménez, se excusó por no llegar a la entrega de firmas y visibilizar su apoyo a estas demandas.

La dirigente Rosario Peña AFDD de Chillán, Mercedes Sánchez, cónyuge de Ricardo Troncoso León, detenido desaparecido, y Jorge Vera, del comité de ex presos políticos Verdad y Justicia de Ñuble y los dirigentes presentes, consideran gravísimo que el TC haya acogido la solicitud de suspensión de procedimiento que afecta a 13 víctimas de su región y a muchas más en todo Chile. Sostienen que esta maniobra vulnera derechos como “obtener justicia en un plazo razonable, el derecho a la verdad antes aludido, consagrado en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile, así como disposiciones internacionales válidas y obligatorias en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2, de la Constitución Política del Estado.”

A continuación el texto completo de la declaración de las organizaciones de DDHH de la provincia de Ñuble.

Santiago, 14 de mayo de 2018

SEÑORES

EXCELENTISIMO PLENO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Las agrupaciones y familiares, abajo firmantes, vienen por la presente en entregar formalmente nóminas que consignan 2334 firmas de personas, hombres y mujeres, la mayor de ellas de la región de Ñuble, por las cuales manifestamos, libre y espontáneamente, nuestra rechazo a lo que está ocurriendo con las causas por violaciones a los derechos humanos incoadas ante US. Excma., y la tardanza en la vista y resolución de ellas, toda vez que constituye un grave atentado al derecho a la verdad que asiste a los familiares de víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico- militar que rigió nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

El hecho de que se encuentren paralizadas por años y meses ante los tribunales de justicia de la República los procesos penales en que se investiga el secuestro y/u homicidio calificado de muchas víctimas, incluidas 12 de nuestra región tras acogerse la solicitud de suspensión de procedimiento, sin que siquiera se pongan en tabla para las alegaciones de fondo, resulta inaceptable, de suyo gravísimo, toda vez que con su accionar el Tribunal Constitucional ha retardado la prosecución de investigaciones cuyo curso lleva varias décadas, e influido decididamente en las indagatorias tras la muerte de familiares de víctimas, muchos de ellos testigos presenciales de los ilícitos investigados, de testigos de la reclusión o muerte de las mismas, o el fallecimiento o demencia que termina afectando a los propios victimarios contribuyendo a configurar la llamada “impunidad biológica”, vulnerándose con ello el derecho al plazo razonable, el derecho a la verdad antes aludido consagrados en Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile, disposiciones internacionales válidas y obligatorias en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política del Estado.

Rechazamos, como ya hemos hecho público, que la justicia constitucional de nuestro país sea usada por lo hechores de graves violaciones a los derechos fundamentales como muralla que paralice el avance sustantivo de las investigaciones ante los tribunales ordinarios, perpetuando la impunidad de que han gozado por 44 años y exigimos, como ciudadanas y ciudadanos de esta patria, se resuelva por este Tribunal Pleno poner el tabla con la mayor prontitud los, a todas luces, infundados requerimientos que afectan la tramitación de las causas criminales en que se indaga la desaparición y muerte de nuestros seres queridos y compañeros.

ROSARIO PEÑA ESPINOZA. Presidenta AFDD de Chillán.

TERESA RETAMAL SILVA. Secretaria AFDD de Chillán

ANGÉLICA ROMERO LAGOS, Tesorera AFDD de Chillán.

MERCEDES SÁNCHEZ ERRAZURIZ, cónyuge de Ricardo Troncoso León, detenido desaparecido.

MARÍA ELIANA y FERNANDO ANGULO MATAMALA. Hermanos de Rolando Angulo Matamala, ejecutado político.

HILDA MIRANDA ORELLANA. Miembro Comité de ex presos políticos Verdad y Justicia de Chillán.

JORGE VERA GONZÁLEZ. Dirigente Comité ex presos políticos Verdad y Justicia de Ñuble.

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