Resumen ejecutivo

En diciembre de 2012, líderes de los partidos políticos más importantes de México acordaron el “Pacto por México” en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Fue anunciado como una nueva ruta para México y su economía, y fue firmado por los principales partidos políticos en esa fecha: el presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD); María Cristina Díaz Salazar, presidenta del comité ejecutivo del (PRI); y Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional del Partido Nacional del Partido Acción Nacional (PAN).[1]

Este documento examina brevemente si se ha avanzado hacia los objetivos del Pacto desde que fue firmado; y si alguna de las medidas tomadas desde entonces - incluidas las políticas económicas actuales - puedan ayudar a México a salir de su larga recesión económica. En el siglo XXI, México ocupa el puesto número 18 de 20 países latinoamericanos en el crecimiento de sus ingresos por persona.

De los datos disponibles se desprende que hay poco o ningún progreso de cara a alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto. Por ejemplo:

• El Pacto prometió aumentar el crecimiento a más del 5% anual. El crecimiento real del PIB promedió sólo el 2.4% anual, y no parece estar avanzando hacia la meta del 5%. Durante el mismo período, el crecimiento real del PIB per cápita promedió sólo 1.4% anual.

• El Pacto prometió aumentar la inversión por encima del 25% del PIB. La formación bruta de capital fijo cayó del 22.3% del PIB en 2012 al 20.5% en 2017.

• El Pacto también prometió reducir la desigualdad: los hogares en el 10% por ciento superior de la distribución del ingreso vieron aumentar su participación en el ingreso nacional del 34.9% en 2012 al 36.3% en 2016. Mientras tanto, la porción de ingresos recibidos por el 10% más pobre se mantuvo igual con tan solo el 1.8%.

• El Pacto prometió reducir la pobreza: La tasa de pobreza nacional ha disminuido levemente entre 2012 y 2016, del 45.5% (de la población) al 43.6%. Sin embargo, esto no fue suficiente para reducir el número absoluto de personas que viven en la pobreza, que aumentó ligeramente a 53.4 millones en 2016, cuando ya llegaba a 53.3 millones en 2012.

• La inversión pública en la compañía estatal de petróleo Pemex fue de aproximadamente 2.0% del PIB (312 mil millones de pesos) en 2012, y cayó a 0.9% del PIB (191 mil millones de pesos) en 2017.

• Los ingresos petroleros del Gobierno colapsaron, cayendo de 1386 mil millones de pesos en 2012 a solo 827 mil millones de pesos en 2017, una caída del 8.8% de PIB al 3.8% del PIB. Este es un shock fiscal negativo muy grande.

• En lo positivo, la subocupación ha bajado ligeramente del 8.4% en 2013 (anual) al 6.8% en el primer trimestre de 2018. (En las estadísticas mexicanas, la subocupación es una mejor medida del estado del mercado laboral que el desempleo, ver más abajo). Sin embargo, el reciente crecimiento que ha mejorado el mercado laboral ha sido impulsado principalmente por el consumo, que representó un promedio del 76.9% del crecimiento del PIB desde 2013 a 2017.

Hay una serie de razones para creer que el hecho de que no se haya logrado un avance significativo hacia los objetivos del Pacto en los primeros cinco años no se deba simplemente a la falta de tiempo, sino a la aplicación continua de un conjunto erróneo de decisiones políticas. Entre las razones:

• El Gobierno llevó a cabo un plan de consolidación fiscal en el que el gasto disminuyó del 24.8% del PIB en 2014 al 20.1% del PIB (proyectado para 2018). Este es una caída muy grande en el gasto gubernamental, algo que no se vio, por ejemplo, en los últimos 70 años en Estados Unidos.

• El saldo fiscal primario cíclicamente ajustado, que intenta ajustarse al ciclo económico, se redujo en 2.6 puntos porcentuales durante este tiempo.

• El compromiso del Gobierno con una mayor consolidación fiscal hace que sea muy difícil para el Gobierno realizar las inversiones públicas que puede necesitar en infraestructura, educación, investigación y desarrollo, a fin de cumplir las promesas del Pacto de aumentar el crecimiento o reducir la desigualdad o la pobreza. Todos estos niveles de inversión pública son actualmente bastante bajos.

• A partir de diciembre de 2015, el Banco Central de México incrementó las tasas de interés de manera bastante agresiva, elevando a más del doble la tasa del 3% de diciembre de 2015 para llegar al 7.5% en febrero de 2018. Existe evidencia (ver más abajo) de que esto pudo haber sido un ajuste monetario mucho más grande del que se necesitaba.

• La hiperliberalización de los mercados financieros mexicanos ha hecho a su economía particularmente vulnerable al contagio y a los impactos económicos de la economía mundial, y especialmente de Estados Unidos, país del que también depende el 80% de sus exportaciones.

México fue alguna vez una economía en desarrollo de rápido crecimiento, donde su ingreso por persona casi se duplicó entre 1960 -1980. A partir de entonces entró en una larga crisis y nunca estuvo cerca de recuperar sus tasas anteriores de crecimiento y desarrollo. Este informe plantea que las decisiones políticas de vital importancia han sido responsables de este fracaso de largo plazo.

Actualmente, México enfrenta serios riesgos a la baja producto de la economía mundial, y a que la Reserva Federal está en camino de subir las tasas de interés cuatro veces este año y más en 2019. El alza de las tasas de interés de la Reserva Federal puede tener un impacto severo en la economía mexicana si aleja suficientes flujos de capital. Esto se vio en la crisis del peso de 1994- 95, en la que México perdió el 9.5% del PIB en una recesión que fue desencadenada por el ciclo de alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal en aquel momento; y en 2013, cuando la hiper-liberalización de los mercados financieros del país también lo hizo vulnerable a la reducción de la flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal en 2013. Estos mercados financieros hiper-liberales hacen que México se a más vulnerable a las turbulencias en los mercados financieros internacionales, la que ya podría estar comenzando con este ciclo de ajuste de la Reserva Federal.

Por lo tanto, bajo el actual régimen de política a largo plazo descrito anteriormente, México se ha comprometido a pagar la deuda pública cuando el crecimiento repunte aunque sea levemente; y cuando hay nubes de tormenta en el horizonte (que también incluyen la turbulencia de las relaciones actuales con Estados Unidos y la incertidumbre de la renegociación del TLCAN), las políticas fiscal y monetaria se vuelven aún más en un lastre para el crecimiento económico. Por lo tanto, México está atrapado en una trampa de baja inversión y bajo crecimiento, sin realizar las inversiones públicas necesarias en infraestructura, investigación y desarrollo o educación. Sin dicha inversión, no puede mantener su competitividad internacional (incluso en los mercados estadounidenses con respecto a China), impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo o incluso mantener los ingresos fiscales necesarios de Pemex, sin mencionar la reducción de la pobreza o la desigualdad.

Lea el reporte completo aquí: http://cepr.net/images/stories/reports/mexico-spn-2018-06.pdf

Autores: Mark Weisbrot, Lara Merling, Rebecca Watts y Jake Johnston

Mark Weisbrot es el codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR). Lara Merling es investigadora asociada, Rebecca Watts es asociada del programa y Jake Johnston es investigador asociado.