En Perú, la corrupción y el tráfico de influencias están enquistados en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y todo el sistema de administración de justicia, además que tener un Estado secuestrado por una mafia: los audios revelados por el portal IDL Reporteros, solo sacan a la luz un secreto a voces.

Los audios revelan las negociaciones entre magistrados del Poder Judicial e integrantes del CNM que son quienes evalúan y ratifican a estos jueces. En esta trama delictiva (ofrecían rebajas de condenas, fijaban tarifas por acciones turbias) están implicados el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, el juez César Hinostroza Pariachi y el consejero del CNM Julio Gutiérrez, entre otros personajes.

Desde el ajuste neoliberal de 1990, el llamado “capitalismo de amigotes” significó que para que las grandes empresas hicieran buenos negocios era indispensable las relaciones privilegiadas en el Estado, y el control de las instituciones democráticas. Las coimas, sobornos y otras ventajas quedaron reveladas en los últimos meses y salpican los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Una crisis sistémica, de gobierno, régimen y estado?

"Los graves hechos conocidos en los últimos días, es una muestra del problema estructural que embarga a nuestro sistema judicial", dijo el actual presidente Martín Vizcarra en un mensaje por televisión. El mandatario instó al Congreso, controlado por la oposición, a elaborar un proyecto de reforma judicial ante la urgencia de poner manos a la obra ante la "situación de podredumbre" revelada por los audios. "No hay tiempo que perder", señaló.

La última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos muestra que la corrupción es el principal problema del país: un 57% de entrevistados lo considera así. Este primer lugar no se repetía desde el 2010, durante el segundo gobierno de Alan García. La delincuencia y la falta de seguridad se ubican en segundo lugar con 55%. Le siguen una educación inadecuada con 31% y el desempleo y la falta de trabajo con 25%.

La corrupción ya tomó todas las instancias del país. Cabe preguntarse ¿qué tan infectado está el sistema de justicia?, ¿qué garantiza que los casos emblemáticos de corrupción sean procesados y sentenciados eficazmente por jueces y fiscales que están bajo sospecha?, ¿podemos confiar en la búsqueda de una justicia verdadera?, pregunta del portal La Otra Mirada.

Lo cierto es que se trata de un Estado fallido, fallado y mafioso, capturado por un sistema neoliberal que desde hace 25 años ha mermado la democracia, con sus negociados, sus puertas giratorias, poniendo y sacando autoridades, congresistas afines a sus intereses, con medios de comunicación que actúan como escuderos y los protegen de cualquier denuncia de la prensa independiente.

La corrupción pública se da la mano con la corrupción de cuello y corbata, donde el fujiaprismo (el fujimorismo más los dirigentes del APRA del expresidente Alan García) se consolida como el brazo político que interfiere en todas las instancias del país, colocando consejeros que escogen jueces “adecuados” para sus fines, donde malos empresarios promueven lobbys insanos para crear una legislación ad hoc a sus intereses, añade el portal.

El alanismo no es una corriente de pensamiento, pero impera en el Gobierno que tiene cancerberos que pugnan por el control del poder y la repartija a cualquier precio sin tener en cuenta los más elementales principios de toda persona humana, de la mano de Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Jorge Del Castillo, entre los más connotados, denuncian en El Comercio.

Estas últimas revelaciones encrespan los nervios de la gente junto al alza de los precios de los combustibles y el contubernio entre alanistas, fujimoristas y upepistas para elegir al nuevo presidente del Congreso.

La reacción de Luis Nava, hombre de confianza de Alan García, luego de conocerse todos los negocios que su empresa tuvo con Odebrecht (el Metro de Lima, entre otros), es solo una muestra de la desesperación del “alanismo” que ve como el caso Lava Jato va cerrando su cerco alrededor de ellos, sumándose la implicancia de Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, en los sobornos de la trasnacional brasileña.

Todos los caminos de las denuncias de corrupción que implican a personajes del partido aprista, terminan siempre vinculándose al exmandatario, pero también terminan en la impunidad.

La mafia no cayó con la dictadura del genocida Alberto Fujimori, sino que sin siquiera agazaparse se ha reacomodado, mostrando todo su poderío, burlándose de la ciudadanía y amedrentando a los medios independientes que osan atisbar alguna denuncia.

El caso de los sobornos de Odebrecht involucra al prófugo ex presidente Alejandro Toledo; a funcionarios del segundo gobierno de Alan García; al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos con prisión preventiva; y al renunciante expresidente Pedro Pablo Kuczynski. O sea, los últimos cuatro presidentes, más allá de todos los involucrados en la corrupción durante la anterior dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).

Hoy el sistema vuelve a mostrar su peor rostro, amparado en la impunidad y en el blindaje, y se hace necesario refundar el país, armar una coalición en contra de la corrupción, con aquellos grupos y movimientos sociales que luchan por el cambio estructural, empresarios limpios, medios de comunicación independientes del contubernio mafioso.

Cambios estructurales que debieran partir de un adelanto de las elecciones y una nueva Constitución para todos los peruanos, que no ampare, como hasta ahora, a las mafias corruptas enquistadas por cinco lustros en la dirección de los destinos del Perú.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)