I. Tomar partido o no intervenir e ahí el dilema

En el momento previo a la posesión del gobernante, la noticia criminal de llamado a juicio a Álvaro Uribe (AUV), opaca la lucidez de la toma de juramento del cargo, pero tendrá que comportarse y responder con grandeza como exige cualquier país de la OCDE, sea Islandia donde a nadie se le ocurre matar a otro o Finlandia, Austria, Canadá, Noruega, Alemania, donde un llamado judicial es una acción soberana de ese poder independiente, como ha ocurrido con el llamado a juicio del yerno del rey de España o al mismo Rey abdicado. Son asuntos ajenos al fuero e intervención del presidente, sus ministros y los congresistas, que allí suelen decir cosas como que: es un asunto judicial; el gobierno respeta la decisión y no opina; esto no debe discutirse; el tema no entra a la agenda. Eso se espera después de haber vendido la paz afuera para conseguir victorias anticipadas, en beneficio de los huevitos de la confianza inversionista y de la seguridad jurídica, basados en el respeto irrestricto por reglas iguales para todos, sean gobernantes, mensajeros, deportistas o traficantes. La ley es dura e imparcial para bien de la paz y la convivencia y, al gobierno corresponde ponerse del lado de la legalidad, acatando y ofreciendo garantías para que se cumpla la constitución en beneficio del estado de derecho y en contra de la captura de los aparatos de justicia por el espíritu del odio.

Se firmó el acuerdo de paz, pero aun es frágil su implementación, no se evidencian mayores avances en el ajuste necesario en las instituciones y los enemigos de esa paz pasaron de estar agazapados a mostrar su artillería en todos los escenarios del poder, empezando por trivializar lo conquistado, desprestigiar la construcción de justicia, burlarse de la defensa de la vida y banalizar lo alcanzado, como si solo se hubiera ejecutado un trámite entre el gobierno y una insurgencia y el reconocimiento de victimas fuera para el fondo de un cartel. Aunque no haya grandes augurios, el compromiso de la paz es de orden estatal y compromete el desarrollo de la constitución, por lo que la real de afirmación de respeto a la vida, dignidad y realización de derechos, constituye la espina dorsal en la gobernabilidad del nuevo presidente, llamado a responder sin vacilación a la esperanza de tener un país respetuoso de sus pactos, menos desigual, mas educado, menos violento y más humanizado.

Habrá obstáculos para el gobernante y para los defensores de paz y derechos, pero así mismo habrá respuestas organizadas del lado del poder y del lado de la gente. La primera prueba que se atraviesa en el camino del presidente, es que sobre su ofrecimiento de legalidad, tendrá que resolver como estadista la encrucijada de salir a defender la inocencia del jefe de partido y de la alianza de gobierno, llamado a juicio por una corte de justicia o tomar la opción de abstenerse de intervenir. El sistema de justicia pone a prueba la inocencia de Uribe, pero también la solidez del estado de derecho, por tratarse de un proceso penal de largo aliento, que no se resuelve en medios, ni con telarañas de desinformación y exige la aplicación estricta, imparcial y recta de las reglas del derecho.

No intervenir, lo pondrá en serios problemas con su partido, pero eso es lo propio en un estado de derecho y en un gobierno responsable. Solo respetando y respaldando las decisiones del poder judicial, sin intromisión, ni opinión lo pondrá en el lugar del presidente. El buen estadista habla y actúa con prudencia y protege y respeta los derechos, tanto de sus seguidores como de sus opositores o contradictores y responde a las demandas de la sociedad con garantías, sin agotar el mandato con los acostumbrados autoritarismos y excesos belicosos y camorreros de su partido, que puedan conducir al abismo de otra guerra inútil y sangrienta, que no solo le impida gobernar, sino que lo exponga a pasar a la historia no como un destacado joven político, sino como un tirano más.

II. La mala hora en que llega un mala leche

En medio de los preparativos para el regreso de Álvaro Uribe (AUV) a palacio acompañando al presidente nuevo, el espectáculo mediático con nivel de escándalo, deja una estela de sombras, jalonada, a último momento por un señor de mala leche, que viene a defenderlo ridiculizando la inteligencia del sistema judicial y reviviendo engaños, antecedidos por relatos de terror de una crueldad sin límite organizada con la mezcla entre política y narcotráfico. El señor de mala leche, fue gran amigo de Carlos Castaño, (máximo jefe paramilitar creador de las AUC), mandado a matar por su propio hermano Vicente, que lo acusó de querer entregarle a los Estados Unidos (USA) a los otros jefes metidos en narcotráfico. Este asesinato dejó claro que paramilitarismo y narcotráfico están mezclados y entre líneas descubre que USA desprecia lo que ocurra con la barbarie, pero castiga a discreción lo segundo, como lo demostró con juicios exprés a los jefes entregados en extradición por el presidente Uribe, a quien le deben haber sido eximidos de soportar juicio por sus atroces crímenes en Colombia. En esta historia está pendiente juzgar a los determinadores políticos, que podrían ser extraditados o en su defecto “extraídos”, a discreción por “razones de estado”.

El hombre de mala leche reaparece mágicamente para hablar por Santiago Uribe, procesado por organización, creación y operación de grupos paramilitares y en particular del grupo los doce apóstoles y termina defendiendo a AUV, hermano de Santiago. Fue noticia por haber traicionado a su patrón asesinándolo en indefensión [1]. Como él decenas de victimarios hace más de una década, contaron con detalle algunos de sus atroces crímenes, para los que se prepararon para sobresalir como hombres perversos, malvados, efectivos para provocar horror y disfrutarlo, para ensañarse sobre los cuerpos cortándolos en pedacitos, tragándose partes de sus carnes vivas o “haciendo trizas” la vida y dignidad humana, en una competencia de barbarie por demostrar cual era el mejor, sin superar a sus patrones y aprendiendo a guardar respeto a los ilustres señores del poder político (congresistas, alcaldes, gobernadores, empresarios, otros) y también a desaparecer todo tipo de pruebas, que era la base de la reproducción y eficacia del modelo, que superó la cifra de cien mil asesinados.

En algunos de los pasajes relacionados con el hombre de mala leche que llega al momento de asunción del poder, se puede leer “...Apuntaron con sus fusiles hacia el refrigerador donde estaba atrincherado Carlos Castaño. El otrora máximo jefe paramilitar, el símbolo de muerte y terror, se había quedado sin balas. Agarrado por los brazos por quienes hasta hace poco eran sus propios soldados, caminó unos cuantos metros hasta encontrarse cara a cara con ‘Monoleche’. El mensaje era inequívoco.... Antes de que Carlos pudiera maldecir o compadecer a su propio hermano, el emisario de la muerte descargó 12 tiros de pistola 9 milímetros sobre él. ‘Monoleche’ tomó el radio y dio el parte de que la misión estaba cumplida. Después saqueó las pertenencias del fusilado. Se llevó el computador portátil y un saco lleno de dinero (y dicen que la pistola de su patrón)... Una semana después, la Fiscalía venía en camino para buscar los cuerpos. Entonces algunos de los hombres que habían participado en el crimen fueron enviados a desenterrar los cadáveres -excepto el de Castaño- y llevarlos hasta la finca El Barro, propiedad de ‘Monoleche’. Para evitar que algún día fueran identificados, los picaron y después los incineraron... La muerte de Castaño despejaba el camino para que narcotráfico y paramilitares quedaran unidos como un solo cuerpo en las negociaciones que se llevaban a cabo en Santa Fe Ralito (con el presidente Uribe) (26 de septiembre de 2008)”.

En otros testimonios se lee: “alias ‘Monoleche’, quien en una primera confesión pública a mediados del 2006 reconoció ser el autor material del asesinato de Carlos Castaño, en enero de 2008 se retractó ante un fiscal de la Justicia y Paz y afirmó que había comandado el operativo, pero que no disparó” (abril de 2010). En 2009 fue vinculado a la desaparición forzada de un campesino y amenaza y desplazamiento de los familiares en la vereda Marsella de Arboletes, Antioquia (3 de marzo de 2009).

En 2014, la fiscalía solicitó excluirlo del programa de justicia y paz por haber faltado a la verdad, respecto a que en diligencia de noviembre de 2003 admitió haber llegado hasta un predio con el fin de “usurpárselo a su propietaria....” y en diligencias del 24 de enero de 2008 y el 13 de agosto de 2009, “negó su participación en este despojo”, A estas retractaciones, se suma su presunta responsabilidad en la desaparición y homicidio de los hermanos Vélez Ruiz, y de un contador para apoderarse de unos predios de su jefe Vicente Castaño. No resulta benéfico que un hombre de traiciones, odios y motosierra para descuartizar opositores, coincida con el presidente defendiendo la inocencia de AUV, al inicio de su gobierno del que se esperan mejores tiempos de luz y de muy poca sombra.

Nota

[1] www.verdadabierta.com. Tribuna pública que guarda la memoria de buena parte de los horrores señalado en versiones libres por los paramilitares.