No todo Estado es un Estado de Derecho (E. Díaz), ni tener una Constitución Política que garantiza los derechos. En el estado de derecho el pueblo es el soberano que le exige al gobierno que cumpla lo pactado, responda a las demandas y produzca bienestar colectivo. Técnicamente el estado colombiano es de derecho, porque formalmente hay independencia de poderes, se basa en derechos humanos, tiene elecciones libres y es laico. Sin embargo al pasar una plantilla por las dimensiones ética, histórica, judicial y social, no es así: Éticamente, hace parte de las Naciones Unidas, pero allí sus posiciones son ambiguas y politizadas, condena y absuelve al mismo tiempo, pide paz y respeto para el resto del mundo y en su territorio aúpa la guerra, aboga por intervenir en la organización de otros estados. Es de la OCDE, protegido de los Estados Unidos y de la OEA y aunque trata de ser referente moral, incurre en exabruptos como designar representante del país al exprocurador Ordoñez, que fue destituido por prácticas de corrupción en su elección, persiguió a izquierdistas, homosexuales, ateos, madres solteras, reclamantes de tierras, puso por encima de la constitución la biblia y satanizó a la CIDH, que emite fallos de justicia imparcial contra los estados y sus responsables cuando delinquen.

Históricamente, desde hace doscientos años, el poder está en manos de los dos partidos de derecha (en formatos diversos y actualizados), que han destruido las bases del estado de derecho, despreciado derechos y metido en su medula prácticas de derecha, fundadas en exclusiones, discriminaciones, transmisión casi hereditaria de cargos, uso de los bienes públicos a su medida, control bipartidista de organismos de control y manejo autoritario de las finanzas y la ley.

Jurídicamente, la ley está del lado del poder, son reiteradas y voluminosas las sentencias de cortes internacionales de justicia (CIDH), contra el estado por cometer delitos, que no repara si no minimiza y desdibuja. Cuando los fallos provienen de cortes nacionales, el gobierno se despacha en improperios y descalificaciones, incumpliendo su obligación de respetar y hacer respetar las decisiones de la justicia independiente. Tampoco cumple con disposición y eficacia los llamados a reparar sus daños, enjuiciar a los responsables y eliminar los mecanismos que llevan a repetir los hechos. Los gobernantes actúan dentro de una legalidad que ellos mismos acomodan, e interfieren la aplicación justa e imparcial de la ley, presionan su selectividad, populismo punitivo y condenas por presión mediática, propio de tiranías que componen los hechos históricos, impiden que se sepa la verdad, hacen que pase desapercibida por la memoria y tratan de eliminarla de la conciencia colectiva.

Socialmente, es inocultable la devastación del tejido social y la convivencia civilizada, porque los sectores en el poder del estado han actuado y favorecido la sistematicidad e intencionalidad de prácticas contra la vida, dignidad y seguridad personal de su ciudadanía, por los que es hondamente cuestionado como estado de derecho por omitir o participar en hechos lesivos de la dignidad humana colectiva, como la desaparición forzada de personas (crimen internacional de lesa humanidad) contra quienes piensan, actúan o disienten del orden hegemónico y de la que son responsables principales en al menos el 70% de casos los grupos paramilitares y “se advierte que realizaron acciones conjuntas con agentes del estado” (www.RCN, 25/02/2018). También son sucesivas y múltiples las sentencias condenatorias por el vínculo de agentes del estado en el sistemático y planeado asesinato de líderes sociales y defensores de derechos y de las violentas agresiones contra la protesta social y la oposición política, pero además por la obstaculización a la justicia soberana y dejar a un lado su responsabilidad en fenómenos como el desplazamiento forzado de la sexta parte de la población (estado de cosas inconstitucional según la Corte) cuya cifra de 7 millones supera de lejos las migraciones recientes reflejadas con insistencia por los medios.

Ética, social y jurídicamente la sistematicidad e intencionalidad de hechos de lesa humanidad, ocurridas en Colombia, ponen en cuestión el estado de derecho, del que emanan prácticas de horror que revictimizan victimas por acción u omisión. Pero además hay sistemas trasversales de corrupción incubados que controlan la política, los recursos y las decisiones de estado y hay continuidad de prácticas de estigmatización que promueven la eliminación de adversarios. Proteger al estado de derecho, que tiene incrustadas prácticas de derecha como exclusión, discriminación y defensa de privilegios e impedir su caída a peor en la ultraderecha, de odio, eliminación, xenofobia, misoginia, imposturas, absolutismo guiado por las alteraciones psicológicas de su clase política que necesita estar inventando enemigos para subsistir, pasa por poner en evidencia a los estigmatizadores (determinadores), llevarlos a juicio y desmontar sus nichos de poder, limitar el alcance de sus voces y abusos de autoridad, erradicar el lenguaje de guerra y las técnicas de distribución de miedo y temeridad con que marcan a opositores y víctimas y las acorralan para ser eliminadas. El Estado de Derecho requiere para serlo de verdad tener una oposición reconocida, respetada y con garantías y tener contrapesos en los poderes, para evitar que se vuelvan totalitarios y homogeneizantes.

El gobierno Duque, por el talante y modos de acción del partido en el poder (CD) liderado por AUV, contrariamente a devolver a su lugar al estado de derecho, aparece más proclive a perfeccionar los mecanismos de control del poder total por la ultraderecha, obsesionada con fundar un imperio (refundar la patria: decía el proyecto paramilitar), organizar un estado tipo III Reich, en el que baste señalar con el dedo o el tuit a sus mortales enemigos, para que sus agentes y colaboradores reproduzcan la intención inicial de eliminación y exterminio. La designación de funcionarios hondamente cuestionados, el bajo interés por la agenda de las mayorías, la puesta en marcha de una estrategia de dos cabezas y doble discurso (ejecutivo y congreso), la descalificación a decisiones de la justicia (investigación a AUV, Club el Nogal, JEP, Comisión de la Verdad), la formulación de leyes de populismo punitivo y la alta injerencia de banqueros e inversionistas presionando tributos y medidas que empobrecen, aseguran el éxito de los estigmatizadores, entre los que se destaca por la sistematicidad de sus prácticas del todo vale, el jefe del partido y de la alianza de gobierno, empeñado en obstaculizar la paz, tratar a los acuerdos firmados como “pactos de papel” que se pueden incumplir, estigmatizar a sus adversarios y proveer engaños para extender el odio, conduciendo al estado no a su regreso hacia el derecho, y al país a la convivencia, si no a la ultraderecha para fundar un reino.

P.D. Titulares impropios al estado de derecho: 14 niños indígenas muertos por física hambre en los últimos 17 días; se niega reconocimiento de persona jurídica al partido de oposición que obtuvo cerca del 45% del total de votos a la presidencia, más de 8.5 millones; hay fábricas de espionaje político (chuzadas) a costo de 2000 dólares mes; el homicidio crece al ritmo del 150%; (fiscal); ante banqueros el gobierno estrena sus anuncios de empobrecimiento por tributos contra la población; un juez después de un año concede libertad a 10 jóvenes acusados de terrorismo y a la salida de la cárcel vuelven a ser detenidos sin cargos por presunta rebelión; La corte constitucional prohibió el uso del glifosato, la ciencia dijo que es veneno, en los acuerdos de paz se pactó de no usarlo, pero el ministro de guerra dice que lo usará porque ni es veneno, ni es prohibido y ¿entonces qué?