La reciente decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de Paraguay de procesar a los jueces Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez Prieto – por haber revocado la sentencia de los 11 campesinos condenados por la masacre de Curuguaty – vuelve a movilizar al país vecino contra la vergonzosa manipulación del poder judicial por los grandes terratenientes.

La denuncia contra los dos magistrados fue formulada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, bajo la alegación de “mal desempeño en sus funciones”. Una vez anunciada la absolución de los campesinos presos políticos de Curuguaty, la procuradora amenazó a los jueces de que serían activados “todos los mecanismos legales” para que su comportamiento no quedara impune.

También perdió la compostura, el fiscal Jalil Rachid, hijo de Blader Rachid, ex presidente del Partido Colorado, del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), quien calificó la liberación de los campesinos de “canalhice jurídica”. Una buena parte de la acusación a los campesinos fue orquestada por su batuta criminal, que convocó a 240 testigos, la gran mayoría agentes del Estado, dependientes del Ministerio del Interior y del Vice Ministerio de Seguridad Interna, que a partir de 2016 pasó a ser dirigido por Jalil . Después de omitir informaciones, fabricado declaraciones y hecho desaparecer pruebas, fue debidamente premiado.

La reacción contra la farsa montada por la Procuraduría General del Estado -y acatada por el Jurado de Enjuiciamiento – fue inmediata. Como miembro de la Tercera Sala de Apelación en lo Civil y Comercial e integrante de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en la causa, Arnaldo Prieto decidió procesar a Sandra Quiñónez y proponer su inhabilitación por estar violando la Constitución “al atentar contra la independencia del poder judicial”, “En lugar de velar por el respeto de los derechos y garantías establecidos en ella”.

RESPUESTA

En ese mismo sentido, el juez Emiliano Rolón respondió a la agresión de Quiñónez, dueña de un tenebrosa historia de persecución y criminalización a movimientos que luchan por la tierra. “Como miembros del Tribunal Supremo de Justicia, hemos sido procesados por el JEM. Eso es inédito. Asumimos nuestra responsabilidad y, como Tribunal, tomamos la decisión de acuerdo con la ley y, ahora, deciden procesarnos. Es una contradicción y afrenta a la República “, condenó.

El 15 de junio de 2012, en Marina Kue, Curuguaty, 324 policías fuertemente armados con fusiles, caballos, escudos e incluso helicóptero rodearon un asentamiento con menos de 60 campesinos – la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos. La acción de francotiradores del Grupo Especial de Operaciones (GEO) – entrenado por militares estadounidenses y técnicos de la CIA – causó la muerte de seis policías y 11 trabajadores rurales. El río de sangre derramada, debidamente canalizado por los medios, llevó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo una semana después. Todo para que el 2,5% de los propietarios, dueños del 85% de las tierras cultivables, el 94% de ellas destinadas a la exportación, sigan mandando y desmandando en el país que alimenta a 60 millones de personas en el planeta, mientras oficialmente casi un tercio de su población de 6 ,7 millones pasa hambre.

INJUSTICIA

Sin ninguna prueba, los campesinos habían sido condenados a hasta 35 años de prisión por “homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno”. Conforme a la pericia, todos los 17 muertos fueron objeto de armas de grueso calibre, jamás encontradas con los campesinos. La única “asociación” existente fue estimulada y legalizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para reivindicar la propiedad pública de dos mil hectáreas que la familia del latifundista Blas Riquelme hasta entonces insistía en decir que era suya.

Para José Gil Ojeda, veterano dirigente de las Ligas Agrarias Cristianas de Paraguay, preso y exiliado por la dictadura de Stroessner, “así como en el caso del castigo a los campesinos de Curuguaty lo principal fue disuadir la lucha por la reforma agraria e infundir miedo, no necesita ser un profesional del derecho para ver que quieren transformar a esos dos jueces en chivos expiatorios”. “Tengo la convicción de que desde que Sandra Quiñónez fue nombrada, antes hasta, ya había este plan. Fue nombrada procuradora general por quien elaboró el plan de procesar y condenar a los jueces, pues querían una revancha contra el triunfo que obtuvimos con la nulidad del juicio. Ante eso, sabemos perfectamente que no ahorrarán argumentos falsos, que buscarán validar con su influencia jurídica “, destacó. De la misma forma, explicó, “Jalil Rachid fue elegido a dedo y definido de antemano para encubrir a los verdaderos culpables y sus crímenes”.

Oposición al gobierno, el Frente Guasú denunció a Sandra Quiñonez por “no sólo estar gestando el proceso manipulado y viciado que llevó a campesinos inocentes injustamente a la prisión, dejando al mismo tiempo de investigar los hechos que condujeron a la muerte de compatriotas, como de estar siendo cómplice de la actuación delincuente de Jalil Rachid, que sostuvo este aberrante proceso judicial “.

El coqueteo cariñoso de Jalil Rachid con la familia Riquelme – dueña de Campos Morombi, con 75 mil hectáreas – y el odio desmedido a quien pone en jaque sus intereses son dos lados de una misma moneda. Según denunció hace dos años el abogado Dario Aguayo, “el latifundio de los Riquelme es un búnker de la actividad delictiva. “Pretendían anexar Marina Kue para ampliar su mar de marihuana y soja transgénica”. Simples así.

22 de octubre de 2018

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