Una corte ecuatoriana rechazó, este lunes 29 de octubre, la acción de protección solicitada por los abogados del periodista Julian Assange, que buscaba dejar sin efecto el protocolo establecido por el gobierno ecuatoriano para regular sus condiciones de vida en la Embajada de ese país en Londres.  Assange y su equipo legal consideran que el “Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica” viola los derechos del fundador de Wikileaks.

El Protocolo Especial, de 32 puntos, que se aplica desde mediados de octubre, no fue consultado con el asilado ni su equipo.  Le impone nuevamente restricciones a su libertad y controles que podrían vulnerar su seguridad y la de sus visitantes, si bien le restaura parcialmente su facultad de usar Internet y el teléfono y de recibir visitas, luego de que estuvo prácticamente incomunicado durante 6 meses.

En un documento de Amicus Curiae presentado a la Corte por las organizaciones internacionales Articulación Continental de Movimientos ALBA y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, conjuntamente con el Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, se cuestiona que las medidas adoptadas parecen referir más a una condición de detenido carcelario que al de un asilado político, lo cual transgrediría la legislación internacional respecto al trato de las personas asiladas.

En el documento, recuerdan que cuando Ecuador acogió a Assange, fue en su calidad de país que reconoce los instrumentos internacionales que obligan a brindar protección a quien pide asilo y respetar sus derechos y libertades fundamentales.  Consideran que el protocolo vulnera una serie de derechos humanos fundamentales de Julian Assange, en particular, el Derecho a la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, así como la Libertad de Reunión.

Estas entidades enfatizan en que el periodista Julian Assange es un profesional que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información de interés público. Destacan que, como consecuencia de su dedicación periodística y su valentía e iniciativa en la defensa de los derechos humanos, ha sido reconocido con significativos galardones internacionales; y que si tuvo que buscar el asilo fue por la persecución política internacional que le ha significado este trabajo.

La acción fue presentada en Ecuador el pasado el 19 de octubre por el exjuez español Baltasar Garzón, quien es parte del equipo de la defensa de Assange.  La jueza, sin embargo, lo rechazó al considerar que el protocolo establece condiciones necesarias de convivencia en la Embajada, donde Assange está recluido desde hace más de 6 años.

El periodista de origen australiano, quien participó en la sesión por videoconferencia, reclamó que el Gobierno ecuatoriano ha emprendido una campaña de desprestigio en su contra con el fin de retirarle el asilo; y anunció que apelará la sentencia.

Las condiciones de vida y situación de salud de Julian Assange son cada vez más precarias.  Él ha dado a conocer que consideraría entregarse a las autoridades británicas –que podrían imponerle 3 a 6 meses de cárcel por haber violado sus condiciones de fianza, hace 6 años–, si éstas le garantizan que no le entregarán a la justicia estadounidense, que pretende enjuiciarle por las publicaciones de Wikileaks, lo que significa un riesgo de pena de muerte.

Entretanto, sectores de la derecha ecuatoriana han anunciado, para este miércoles 31, una movilización para exigir que se retire la calidad de ciudadano ecuatoriano al periodista, que le fue otorgada en diciembre pasado por el gobierno.