La justicia de Ecuador resolvió esta semana juzgar al ex presidente Rafael Correa –quien vive actualmente en Bélgica, de donde es originaria su esposa– por su presunta implicación en el secuestro del opositor Fernando Balda, cometido el 13 de agosto de 2012 en Colombia, en base a informes de inteligencia colombianos.

La jueza Daniella Camacho ratificó el 7 de noviembre la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas y fondos en Ecuador. A un año y medio de haber culminado su mandato, la situación legal del expresidente de la República Rafael Correa parece complicarse. Las medidas rigen también para el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y dos exagentes de policía, todos acusados de presuntamente haber cometido el delito de plagio.

Pese a que la Fiscalía presentó la acusación por los delitos de asociación ilícita y plagio, la jueza no dio paso a la acusación por el primer delito: La tesis fiscal es de que el secuestro se dio por orden directa del entonces mandatario hacia su secretario de inteligencia, Pablo Romero. Además, en este delito se habrían usado recursos públicos de la Senain, por lo que Fiscalía advirtió que el delito de peculado podría ser motivo de una nueva acusación y acción legal.

Pero la resolución de la jueza de que los cuatro procesados en el caso pasen a la etapa de juicio no se podrá ejecutar debido a que para el expresidente Rafael Correa y para Pablo R. el proceso se suspende, ya que no se los puede juzgar en ausencia. Correa, desde Bélgica –donde solicitó asilo político-, denunció este jueves que sufre una "persecución política" y aseguró que dará la batalla ante tribunales internacionales.

Su defensa ahora pasa por acudir ante organismos internacionales, como hicieron en septiembre sus consejeros jurídicos que denunciaron "persecución judicial" ante el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Sobre la petición de la justicia ecuatoriana a Interpol para su detención, Correa asegura que, aunque aún no tienen comunicación oficial, la corporación la rechazó.

Para el ex mandatario las acciones en su contra forman parte de una estrategia regional, basada en un “acoso judicial terrible de las élites locales conectadas con las de los países hegemónicos. "Miren lo que le han hecho a Luiz Inácio Lula da Silva", dice en referencia al ex presidente brasileño, en prisión desde abril por delitos corrupción sin que exista prueba alguna de su culpablidad. "Y el mundo no reacciona", lamentó

"Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan estas excusas tremendamente graves". La acción judicial, "plagada de irregularidades, no tiene futuro. Pretenden tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba y tenerme fuera el país para la próxima campaña (electoral)", en marzo de 2019, sostuvo.

Correa siempre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha acusado a Lenín Moreno, vicepresidente de 2007 a 2013 y actual mandatario, de orquestar un complot en su contra, y descartó regresar a Ecuador para enfrentar el juicio, porque sería "volver para que (lo) masacren con la injusticia que vive el país. Ecuador vive un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional", señaló.

El exmandatario llamó a sus seguidores a no perder el ánimo y a preocuparse por "los perseguidos en el país", como el ex vicepresidente entre 2013 y 2017, Jorge Glas, quien cumple seis años de prisión por delitos de corrupción, trasladado recientemente a un hospital, a consecuencia de una huelga de hambre que comenzó en protesta por los malos tratos carcelarios.

"Esto no lo buscamos. Es una verdadera pesadilla. Somos víctimas de la traición más grande tal vez de la historia del país y, probablemente, de la historia de América Latina, pero al final venceremos", aseguró.

Un poco de historia

El ex gobernante enfrenta desde el pasado julio una orden de arresto preventiva, pero sólo podrá ser enjuiciado si es detenido o se presenta ante el tribunal, pues la ley impide que sea procesado en ausencia por este delito que se castiga hasta con siete años de prisión.

Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó entonces la prisión y emitió alerta roja para que la Interpol lo localice, capture y extradite. Se indicó que una vez que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.

Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, calificó de arbitraria la disposición de la magistrada de que su cliente se presente cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte (Quito). Presentó seis documentos para demostrar que su defendido reside en Bélgica y tiene su familia en ese país y pidió a la magistrada que se revise la medida para que el exmandatario pueda presentarse en el consulado de Ecuador en Bélgica. Tanto la Fiscalía como la defensa de Balda impugnaron los documentos presentados.

En reiteradas oportunidades, Correa ha asegurado que no poseen ninguna prueba para vincularlo con el caso Balda y ha denunciado ser víctima de una persecución política y mediática, ante el hecho de colocar “una medida cautelar imposible de cumplir”.

El abogado del expresidente dijo que “Aquí no se trata de hacer justicia, sino de venganza. No se trata de aplicar el debido proceso, sino de cumplir las consignas, de hacer méritos para que luego se les mantenga en los cargos en la administración de justicia. “Es decir, hemos visto un escenario en donde se han violado todas las garantías de carácter constitucional y legal. Aquí, lo que se cumplen son órdenes, se buscan razones para acusar, para buscar la detención preventiva, no para hacer justicia”, acotó.

Para el penalista Francisco Pesántez, en la resolución de la jueza Daniella Camacho primaron los elementos de convicción que presentó en su momento la Fiscalía y señaló al El Telégrafo que el “proceso penal colombiano estableció que el secuestro existió, que fue contratado un carro y pagado con dineros de fondos del Ecuador, y que los autores intelectuales del hecho estuvieron en Bogotá y son policías del Ecuador”.

El caso Balda y la “inteligencia” colombiana

Según Balda, el secuestro era una orden del entonces presidente Correa, ejecutada en Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la ayuda de un oficial de policía colombiano e incluso delincuentes. Por el caso declararon exfuncionarios de inteligencia, como Rommy Vallejo, y el propio expresidente Correa.

Balda vivía en Colombia desde 2009, cuando había salido de Ecuador huyendo de dos procesos legales. El primero lo inició Correa por atentar contra la seguridad del Estado y el segundo fue por injurias calumniosas no graves, entablado por el exdirector de la Unidad Técnica de Seguros Óscar Herrera, a quien Balda acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato de bróker de seguros.

La revista colombiana Semana, señaló que la información entregada por la Fiscalía de Colombia en mayo de ese año, en el hotel Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a otros tres ecuatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor.  El primero se acreditó como miembro de una ONG y los otros dos como parte de un movimiento político de oposición a Correa.

Los tres decían que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en Colombia estaba en regla, la deportación no se concretó.

La fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de 2012, cerca de las 7:40 de la noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y mientras caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, fue interceptado por una camioneta en la que cuatro hombres y una mujer lo subieron a la fuerza.

Mientras esto ocurría un taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a otros taxistas que emprendieron una persecución que impidió el supuesto secuestro. Tras la persecución los secuestradores habrían escapado, abandonando a la camioneta y a Balda.

Durante las investigaciones las autoridades colombianas encontraron huellas digitales en el vehículo con las que pudieron detener a uno de los secuestradores (no identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo haber recibido una llamada de un amigo, cabo del Ejército (cuyo nombre tampoco se comunicó) de Colombia, quien le dijo que fuera a Bogotá para hacer “una vuelta” (un encargo): secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales. El detenido iba a recibir 10 mil dólares por el secuestro.

La Fiscalía colombiana señaló que en el intento de secuestro también participaron agentes de inteligencia ecuatorianos. Los colombianos señalaron que la camioneta participante en el delito fue rentado por Chicaiza (quien apareció en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel Capital acompañado del cabo del ejército colombiano que no ha sido identificado). Las autoridades ecuatorianas confirmaron que era un sargento activo de la Policía, parte de la Dirección General de Inteligencia de Ecuador.

- Eloy Osvaldo Proaño es analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), www.estrategia.la