Ese es el sueño del movimiento alternativo y la izquierda. Le favorece a la larga porque de no cambiar su rumbo, algo poco probable por el gabinete que nombró y el paquete de medidas que anunció; el deterioro y desprestigio serán más acelerados y el costo de haber llevado a la presidencia un inexperto y prácticamente desconocido, como un as sacado debajo de la manga por Álvaro Uribe, le va a costar muy caro a Colombia.

Es temprano aún para decir cómo, pero lo menos que puede pasar de continuar el rumbo que lleva este gobierno hacia una situación de mayor inestabilidad y agitación social, es que sea el último presidente electo por el bipartidismo que por más que se vista de seda, alianza liberal-conservadora se queda. No se trata simplemente de calificar de malo este gobierno para atreverse a hacer tal afirmación, pues un gobierno no se valora únicamente por lo que pregona sino por las decisiones que toma, que son las que producen un efecto en la vida de la gente.

Los que están acostumbrados a mandar en Colombia no imaginaron lo mal que les saldría su maniobra, pues probablemente éste gobierno no les garantice la continuidad futura. Y no es porque Iván Duque no sea fiel al mandato que le encomendaron, sino porque no está a la altura del momento, ni tiene la experiencia necesaria para ser el presidente de un país con una inmensa deuda histórica con los millones socialmente excluidos, con un acumulado de conflictos sociales represados estallando con mayor asiduidad cada día, expresión de un descontento general y represado que profundiza la crisis sistémica y la pérdida de legitimidad del régimen constitucional vigente; pero además porque el manejo de la cosa pública, el Estado, no es una función para que la asuma cualquiera.

Ya no hay vuelta atrás, y en este punto es cuando mejor se mueve el péndulo de la historia, sobre todo si conviene a tus intereses, porque sino, sería una gran frustración. La ventaja de haber elegido alguien sin suficiente preparación ni carisma, atado a los intereses de las clases acaudaladas que lo pusieron allí, sin experiencia en el manejo del Estado y sin otro mérito que haber trabajado como consultor, asesor y senador por un período, en pocas palabras, un buen chico de clase alta, formado en una universidad extranjera; le brinda a la oposición una oportunidad histórica única: organizarse para recoger los frutos de lo acumulado a lo largo de muchas décadas de luchas, muertos, frustraciones y fracasos. ¿Será capaz esta vez?

Llegó a la presidencia con el apoyo de la alianza que armó la derecha tras la primera vuelta, reciclando lo más conservador y reaccionario de la sociedad colombiana. Y lo hizo a través de una agresiva y masiva campaña en las redes sociales (internet, Facebook, twitter, whatsapp) donde las cadenas de noticias falsas (fakenews) les sirvió para mentir, generar miedo y manipular una amplia franja del electorado que les permitió obtener el triunfo. Sin embargo, dicha coalición no sólo es débil sino que ha empezado a mostrar sus fisuras.

Equipo de gobierno enmermelado. Con poco más que tres meses en el poder, ha ido a la deriva en temas fundamentales, pero sigue el camino del continuismo en otros. Algunos incluso resaltan la composición paritaria, alta representación de mujeres en su gabinete, como un elemento positivo. No obstante, la llamada mermelada, distribución de altos cargos del Estado y sus instituciones en correspondencia con las cuotas de poder de quienes conformaron la alianza de todas las derechas, es un hecho irrefutable.

Alejandro Ordóñez, ex-procurador defensor de los valores más conservadores y tradicionales, al tiempo que ha sido un negador de derechos y principios como la igualdad, la libertad y la diversidad LGTBIQ, el derecho al aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo, nombrado embajador ante la OEA.

Francisco Santos, ex vicepresidente de gobierno de Álvaro Uribe, quien había pedido que se usara pistolas eléctricas para detener las protestas estudiantiles y nunca pudo responder satisfactoriamente las acusaciones de crear el Bloque paramilitar Capital, embajador en EE.UU.

Viviane Morales, ex fiscal, cristiana ferviente, quien critica la “ideología de género”, promovió un referendo que prohibiera el derecho a la adopción por parejas del mismo sexo, embajadora en Francia.

Alberto Carrasquilla, recordado por su pasado como ministro de Hacienda durante el gobierno de Uribe, estafó a decenas de municipios con los llamados 'Bonos de Agua' o Carrasquilla utilizados para financiar acueductos y alcantarillados en 117 municipios, por $440.000 millones; repite en el mismo ministerio para impulsar un adefesio que llaman “ley de financiamiento” con el que buscan aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar que oscilan entre 0% y 5%, al 19%.

Ministro de Defensa Guillermo Botero, ex presidente de Fenalco y quien lo primero que prometió tras su nombramiento fue una reforma para limitar la protesta social.

Ministra de Minas María Fernanda Suárez, una devota del fracking quien llama a utilizar este criticado método de destrucción ambiental en el país, de manera “responsable”.

Con un gabinete de esta talla, es fácil deducir cuál es el rumbo económico y a quiénes busca beneficiar Duque o quienes lo manejan.

¿Y los acuerdos de paz, que dijo iba a respetar? Para quienes creyeron en Colombia que la paz negociada era la salida, a través del diálogo y acuerdo entre las partes, los hechos no les están dando la razón, principalmente porque se ha cumplido muy poco de los acuerdos con las FARC. La posibilidad de un acuerdo con el ELN no parece cercana; de hecho, Duque retiró los negociadores que había nombrado su antecesor Juan Manuel Santos, y cada vez le pone más condiciones a esta guerrilla, que al parecer no está dispuesta a cruzarse de brazos y ha emprendido una campaña de ataques que tampoco ayuda a un entendimiento.

Para el instituto Kroc que le hace el seguimiento a la implemantación del acuerdo de paz en Colombia, en su último informe afirma que, de “las 578 disposiciones a las que la Iniciativa Barómetro le hace seguimiento, 353 (61%) están en algún nivel de implementación”. Que el 39% de la implementación del acuerdo, corresponde a la etapa no iniciada, y el 31% a la etapa mínima sin especifican lo que quieren decir con este dato. Es decir el 70% del acuerdo está entre incumplimiento total y etapa mínima de implementación, con un 21% de implementación completa, y el restante 9% en etapa de implementación intermedia.

A pesar de ello, en sus conclusiones sostiene que, “Los principales logros del proceso son el exitoso proceso de cese del fuego, acantonamiento y dejación de armas, y reincorporación temprana, así como la transición de las FARC-EP a partido político democrático. Estos avances muestran un fuerte compromiso de las FARC con el proceso de paz.”

Finalmente enumera las dificultades: 1. La falta de garantías efectivas de seguridad y protección para líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC en territorios priorizados. 2. Incertidumbres y retrasos en el proceso de reintegración política, económica y social de excombatientes. 3. La ausencia de ajustes normativos y legislativos necesarios para completar el proceso de implementación. 4. La necesidad de una mayor atención a la paz territorial y los enfoques transversales de género y étnico”

¿Y la educación pública en Colombia? El país ha visto las masivas y justas marchas estudiantiles reclamando un financiamiento acorde con el crecimiento y expansión de la universidad e instituciones de educación superior. Parten de que la educación pública atraviesa una crisis financiera que suma 18,2 billones de pesos, que el Estado le adeuda a las 32 universidades públicas, el SENA, y las 28 universidades privadas.

En un pronunciamiento reciente de la sede de la Unal Medellín, se afirma que: “...desde la implementación de la Ley 30 de 1992, la educación pública del país ha dejado de recibir el dinero necesario para su funcionamiento y que hoy, 25 años después la tiene sumida en una crisis presupuestal de más de 18 billones de pesos.”

Las cuentas, según estudiantes, profesores y directivas son éstas: las universidades necesitan 500.000 millones de pesos para cerrar 2018; 3,2 billones para gastos operacionales y 15 billones para saldar la “deuda histórica” en materia de infraestructura y calidad educativa.

El problema grande y de fondo, es el desfinanciamiento estructural de la educación superior, ya que el presupuesto destinado a las universidades públicas se quedó congelado en 1993, a pesar de que estas siguen creciendo en número de estudiantes, pregrados, maestrías y grupos de investigación.

Finalmente, corrupción, crimen y deslegitimación se juntaron para acabar de destruir la confianza de la gente en el Estado y sus instituciones. El último escándalo da para una excelente novela de terror.

El actual Fiscal general, Néstor Humberto Martínez, protege y encubre a los grandes poderes corruptos y criminales en Colombia. Su actuación ha venido siendo denunciada hace un tiempo por reconocidos periodistas, medios y críticos.

El último caso de corrupción que lo involucra a él y su anterior jefe, ha cobrado la vida de un testigo principal y su hijo, en otro caso más de soborno por parte de Odebrecht a los socios de uno de los grandes empresarios y vacas sagradas del poder, el Grupo AVAL y su principal dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cuándo veremos el final del túnel a este hediondo estado de cosas en Colombia?

¿Y entonces qué es lo positivo del gobierno de Iván Duque? Que por el camino que va, llevará al país a un acelerado deterioro, conflictos y resistencia como ningún otro lo había hecho. Y eso no necesariamente es malo, puede ser bueno para que muchos adormecidos por el candor de la guerra mediática y la publicidad engañosa, cuando sienta que aumenta su desespero, su hambre, su no futuro, despierten. Es muy positivo para una sociedad como la colombiana, en estado permanente de inestabilidad, corrupción y conflicto.