Concluyó la primera semana de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y comenzó una disputa más política que jurídica entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que se suma a la tenaz persistencia de los mercados –que son los corporativos aztecas y/o trasnacionales, los dueños de México– para encarecer financieramente la decisión de suspender el mega proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco (estado de México) y construir dos pistas en Santa Lucía (Tizayuca, Hidalgo).

Comienza un capítulo importante de lo que Carlos Tello y Rolando Cordera titularon, en 1981, La disputa por la nación. Así es posible valorarlo porque al ordenar Alberto Pérez Dayán la suspensión de los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos –que disminuye los salarios de los altos funcionarios y fija en 108 mil pesos la percepción mensual del presidente de México–, al aceptar dar trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de los cuatro partidos derrotados en las urnas el 2 de julio pasado, saben que atacan uno de los componentes básicos de la cuarta transformación: la austeridad republicana.

La suspensión concedida por el ministro Pérez –quien deberá elaborar el proyecto de sentencia– impide que se modifiquen los salarios de aquellos cargos que están protegidos por la Constitución en los artículos 75 y 127, que atañen a los integrantes de organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo relativo al Poder Judicial de la Federación. La burocracia dorada.

El propósito es dislocar el ejercicio del presupuesto de 2019 y con ello los programas comprometidos por el presidente Andrés Manuel, además de que los 11 ministros de la SCJN jugarán el papel de juez y parte a la hora en que se decida el asunto de fondo, la suerte de sus más de 600 mil pesos mensuales de ingresos (20.20 pesos por dólar).

Resulta comprensible que más de 300 integrantes del Poder Judicial federal defiendan hasta con las uñas sus espléndidos ingresos, como lo ilustra Hernández:

https://www.jornada.com.mx/2018/12/09/index.php?section=cartones&id=0

Aparte están los ingresos provenientes de la impartición de la justicia a modo, pues en México son los pobres extremos (9.6 millones) y los pobres a secas (45 millones) los que saturan las cárceles, y la mayoría cometieron ilícitos que no rebasan los 5 mil pesos.

Pérez Dayán justificó la suspensión solicitada bajo el argumento de que “de aplicarse el ordenamiento combatido se podrían vulnerar de manera irreparable derechos fundamentales”. Argucias para obstruir al novel gobierno y sobre todo los programas sociales para las mayorías, pero sus “derechos fundamentales” le tienen sin el menor cuidado. Y lo hace en pleno proceso sucesorio del presidente de la SCJN donde los cuatro aspirantes, entre ellos él, dicen ser partidarios de la austeridad republicana, pero sin alterar sus sueldos que no perciben ni en la Corte Suprema de Estados Unidos.

En efecto, la casta judicial mexicana no supo leer uno de los mensajes del resultado electoral de hace 5.4 meses: no debe existir un gobierno opulento en medio de la pobreza.

La convicción de la austeridad enraizó en el electorado y quien bregue en su contra se arriesga a perder esta batalla partidista –con la que aspira a articularse la oposición–, jurídica –emprendida por la Corte con débiles argumentos– y nacional porque involucra el interés de las mayorías.

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