No se detiene la caravana de la muerte y el genocidio contra los líderes sociales y de los derechos humanos en Colombia.

El nuevo año se inició con una seguidilla de asesinatos en diversos puntos del territorio colombiano los cuales han dejado muerte y terror entre las organizaciones sociales y populares.

Lo que está sucediendo pone al descubierto la ineptitud del gobierno y la irrelevancia de los planes de protección de líderes, anunciados a cada rato para calmar la indignación de la ciudadanía. Tanto la Presidencia de la Republica, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Republica, se presentan en los grandes medios de comunicación anunciando pomposos e inútiles planes que se quedan en los escritorios y en las oficinas de Bogotá, pues en la regiones se imponen siniestros grupos de poder asociados con funcionarios públicos encargados de las masacres y el pistoleo contra los indefensos liderazgos comunales, agrarios, ambientales, femeninos, indígenas y de los derechos humanos.

La más reciente tragedia de este siniestro cuadro de violencia, velado con un mentiroso discurso de paz, es la masacre ocurrida en el Corregimiento de San Antonio, del municipio vallecaucano de Jamundí, el cual está totalmente militarizado y bajo el estricto control rural de la Operación Atalanta, una unidad antinarcóticos y de contra guerrilla del Ejército, plagada de corrupción y de unidades especializadas en el asesinato de supuestos guerrilleros que son reportados aun como “falsos positivos” para cobrar las millonarias recompensas ordenadas por el Ministerio de Defensa.

El viernes 11 de enero del 2019, a la una de la tarde, en una masacre que se pretende ocultar por la policía y otros organismos militares, fueron asesinados Silvio José Bravo, de 38 años de edad; sus hermanos José Ancízar Bravo, de 27 años, y Johnny Bravo, de 34 años de edad y Fidencio Bravo, primo de los primeros. Todos campesinos y jornaleros agrícolas.

Los mismos son sobrinos de Héctor Bravo, destacado líder popular de Cali y Palmira, con quien hemos promovido en los últimos años en el Corregimiento de Potrerillo (Palmira) y en la zona rural de Jamundí, un programa de “Aldeas Comunitarias de Paz” que ha sido bloqueado y perseguido por la Policía de Palmira y otras autoridades públicas, enemigas de la implementación de los acuerdos de paz en la región sur occidental del país.

Héctor Bravo es objeto de seguimiento permanente por la policía y por grupos paramilitares que se mueven a sus anchas en el Valle del Cauca, por lo cual hemos pedido a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la UNP y a la ONU su protección especial, pero tales peticiones han sido desconocidas por tales entidades.

En el caso de Jamundí, el escenario de la masacre de los Bravo, muchas veces le hemos solicitado a los funcionarios de la Alcaldía la elaboración y ejecución del Plan de prevención y protección de los líderes sociales y comunidades en riesgo, pero eso no ha sido tenido en cuenta y la Procuraduría jamás ha tomado nota de ello al igual que la Oficina de la ONU que funciona en Santander de Quilichao, cuyos oficiales policiales chilenos desestiman alegremente los riesgos de la población sometida a la presión, el terrorismo y la violencia de grupos que actúan en complicidad con funcionarios públicos.

En la zona rural de Jamundí los riesgos son muy altos y no se puede descartar la repetición de estos hechos tan graves con nuevas masacres y asesinatos.

En la Liberia, la Meseta, la Elvira, San Antonio, Villa Colombia, vive una importante colonia nariñense proveniente de Cumbitara (Nariño) que busca nuevas posibilidades para superar la pobreza y miseria de sus familias. El abandono en que se encuentra esta parte de Jamundí es espantoso, pues las vías son desuetas, no hay escuelas, ni centros de salud y la inseguridad es muy fuerte no obstante el rampante militarismo de la Tercera Brigada y sus redes de apoyo que financian las mafias del narcotráfico.

Como quiera que el Estado colombiano y el gobierno neo paramilitar de Iván Duque no da garantías a la vida de los líderes sociales y comunales estamos proponiendo un Tribunal Internacional que se reúna en Ciudad de México para visibilizar esta complicada situación de exterminio y masacres dado el amplio movimiento que se ha desarrollado allí por los derechos humanos a raíz de la masacre estudiantil de los normalistas de Ayotzinapa.

Dicho Tribunal debe ser una gran coalición internacional por la vida de los líderes sociales colombianos sometidos a la cacería por las bandas asesinas del uribismo que impera en el gobierno de Duque, para lo cual cuentan con una nueva cúpula militar salida de lo más profundo de la violencia ultraderechista de los institutos armados del Estado.

En Colombia están acribillando sistemáticamente a los liderazgos sociales y el gobierno es una fuerza impotente y cómplice de los pistoleros, razón por la cual se requiere de la solidaridad y apoyo del resto de los pueblos del mundo.

Nota. Hasta el momento quien se ha pronunciado solidario con esta grave situación de genocidio de los líderes es el Presidente Nicolás Maduro, el día de su posesión para un nuevo periodo de gobierno. Maduro ha denunciado enérgicamente esta operación rastrillo contra las organizaciones populares colombianas. Son gestos que lo enaltecen ante el pueblo de Colombia.

Santander de Quilichao, 13 de enero del 2019.

Horacio Duque

Licenciado en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia); autor de varios libros y artículos sobre historia y política colombiana.