Comienza el periodo extraordinario del Congreso para definir la suerte de la propuesta presidencial sobre la Guardia Nacional para lo cual es indispensable reformar la Constitución que permita a militares y marinos participar legalmente en tareas de seguridad pública, pues lo realizan hace décadas violentando la letra y el espíritu de la Constitución, en particular desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón ordenó comenzar la guerra contra el narcotráfico en Michoacán, con el propósito de acotarlo para satisfacer una exigencia ciudadana, sobre todo para ganar la legitimidad que no obtuvo en las urnas.

La militarización de la seguridad pública es de larga data aunque en el plausible debate legislativo, de expertos, activistas y ciudadanos muchos subrayan los riesgos y hasta peligros que podrían conllevar las fórmulas sugeridas por el presidente Andrés Manuel para hacer frente al creciente problema de inseguridad.

Acaso tengan razón en sus prospectivas tampoco ajenas a conductas de videntes –pero la experiencia de 2006-18 los respaldan–, ya que como bien advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado: No sé en qué país viven, porque la militarización no es una amenaza, México ya está militarizado.

También llama la atención que a diferencia del pasado, el comandante supremo de las fuerzas armadas, Andrés Manuel López Obrador, encabeza las deliberaciones y toma de acuerdos del gabinete de seguridad nacional en sesiones tempraneras y por el combate al huachicol también nocturnas. Gabinete del que forman parte el general secretario y el almirante secretario. Al parecer esta enorme diferencia es ignorada, cuando revela la subordinación no sólo institucional sino práctica del Ejército y la Marina al mando civil.

Como signo de los nuevos tiempos gubernamentales, el divisionarios Luis Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda comparecieron por primera ocasión en muchísimos años ante comisiones de la Cámara de Diputados para explicar el proyecto reformista en lo que a ellos compete. Y con desacostumbrada humildad el marino pidió a los diputados: “Tengan confianza en nosotros”. Los usos y costumbres establecían que los legisladores asistían a las oficinas de los militares y todos lo aceptaban. Pero no faltan los que niegan la existencia de cualquier cambio.

El debate legislativo y ciudadano arroja cambios a la iniciativa original como es comprensible, para eso son las polémicas, no para el lucimiento personal, apabullar al interlocutor y hacer politiquería, que de todo esto hubo. Y la secretaria Olga Sánchez Cordero las registra al solicitar a los legisladores su apoyo a un dictamen que contempla que el mando sea civil y eliminar la intervención de la Federación, como demandaron gobernadores, en las policías locales. A ver que resulta, pues no son pocos los ejecutivos estatales vinculados al crimen organizado ayer y hoy.

Los que todo lo observan con los espejuelos de la politiquería y hasta lo ideologizan, ya advierten que AMLO cedió, como si la política no fuera negociación y encauzamiento del conflicto.

Aún pueden tomar en cuenta los legisladores que, excesos aparte a los que no son ajenas la Policía Federal, las estatales y municipales, durante la segunda quincena de diciembre el Ejército y la Guardia Nacional vivieron su mejor momento con 85 por ciento de los ciudadanos apoyándolos, lo que a juicio de Parametría es un dato histórico. No es pertinente ni recomendable que los parlamentarios cierren los ojos ante la realidad.

- Eduardo Ibarra Aguirre

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