La Justicia Especial de Paz (JEP) cumple un año y desde distintas posiciones se hacen balance sobre su organización, funcionamiento y resultados.

La Jep es un mecanismo de justicia transicional para superar la violencia del conflicto social y armado que afecto por décadas a la sociedad colombiana. Ella hace parte de un Sistema de Verdad, justicia, reparación y no repetición que se coloca como un mecanismo alternativo de justicia hibrida que incorpora tanto elementos de la justicia restaurativa como de la retributiva, punitiva o justicia ordinaria.

La Verdad es el pivote que da origen a la prevalencia del procedimiento restaurativo centrado en la victima, no en la norma violada ni en la punición intramural, como una retaliación institucional que no impide la repetición de la infracción criminal como ocurre con la justicia ordinaria en la que la reincidencia es casi del 90% según estudios del propio Inpec y de la Comisión de asuntos penales del Ministerio de Justicia.

En su primer año de existencia su Presidencia, representada por una prestante jurista, la Doctora Patricia Linares, se han dado pasos muy pasos muy importantes como el nombramiento de sus magistrados, la expedición de un Manual de trabajo y la priorización de los casos de secuestro, “falsos positivos”, los hechos de Tumaco y de 10 municipios de Urabá.

Más de 10 mil personas se han acogido a la Jep y esta adelanta sus labores progresivamente con audiencias y labores jurisprudenciales muy importantes que pretenden ser alteradas por la intromisión de funcionarios de la Presidencia de la República, como Arcila el del Postconflicto, quien recientemente se despachó dando órdenes, desconociendo la autonomía judicial, para afectar el debido proceso en los casos del “Paisa” y de Iván Márquez. Gravísima esta arremetida del funcionario ejecutivo que diezma ciertamente la majestad de la Jep.

Desde la mirada de Iván Márquez, el destacado dirigente de las Farc que adelantó las negociaciones de paz en La Habana con los representantes del expresidente Santos, lo acordado en la materia ha sido totalmente alterado en el trámite legislativo y en las sentencias de revisión de la Corte Constitucional. Un verdadero engaño a los consensos de paz que denota la falta de seriedad del Estado.

El texto acordado y pactado sobre justicia restaurativa fue desviado por el Estado y pretende ser degradado aún más por la fuerza política que controla en estos momentos el gobierno mediante alteraciones al tema de la extradición y el juzgamiento de los funcionarios públicos y militares comprometidos en los “falsos positivos”.

Digamos que la Jep se mueve en una cuerda floja como en la metáfora del equilibrista.

Un asunto que marcará su consolidación o extinción es el caso del prominente líder de las Farc, Jesús Santrich, hoy encarcelado en la Picota y sometido a un aberrante montaje y fraudulento proceso penal y de extradición promovido por la Fiscalía en compinchería con la DEA y la CIA.

La Jep debe decidir prontamente el caso y en los términos de la garantía absoluta de los derechos de Santrich y de su libertad inmediata anulando la descarada maniobra judicial de los gringos y NHM, el cuestionado Fiscal de Sarmiento Angulo.

Santrich no debe ser extraditado porque no hay ninguna prueba en la órbita judicial americana en subsidio de lo cual se acude a una etérea “presunción de legalidad” que es esgrimida por el Procurador Carrillo (un banquero que finge defender los intereses comunes y de los líderes sociales masacrados) para cubrir el montaje. No debe ser extraditado porque la verdad del conflicto debe conocerse aquí de primera mano. Y no debe extraditarse porque ese Tratado de extradición es incompatible con el Estatuto de la Jep que recoge las mejores experiencias de ese Modelo en Sur África, Nueva Zelanda, Canadá y algunos Estados del Brasil para construir la paz.

Autorizar la extradición de Jesús Santrich, para satisfacer las presiones de la ultraderecha fascista y de los poderes imperiales americanos es expedir la partida de defunción de la Jep.

Así de simple.

Así de grave.

Nota. El Centro Democrático y su Jefe tienen listo el candidato para reemplazar al Fiscal Néstor Humberto Martínez, si su fin es el del Fiscal del Perú. No se les haga extraño si su nombre es Fernando Londoño o cualquiera de esas aves de rapiña que pululan en las barras bravas del neofascismo uribista. De cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores no quieren echarse encima el desgaste de un Fiscal colocado en la picota pública por un poderoso movimiento social que se expande día a día con sus linternas y desafíos en multitud.