Se planteó a finales del año anterior que el esquema de relaciones del Gobierno con el Congreso no parecía ser funcional para lograr que la agenda legislativa del Gobierno fluyera de manera adecuada. El esquema de relacionamiento que se implantó se basa en que no hay distribución de cargos en la administración pública -en los máximos niveles se sobreentiende- a cambio de apoyos políticos en el Congreso y que el equipo ministerial es de técnicos seleccionados discrecionalmente por el Presidente. Esto, sin duda suena bien y tiene buena acogida. Pero sería lo adecuado en un gobierno de partido mayoritario; el problema radica en que el actual Gobierno no cuenta con mayorías en el Congreso -no olvidemos que allí las cosas se aprueban en la medida en que existan mayorías tanto en las Comisiones como en las Plenarias de Cámara de Representantes y Senado-; los partidos que apoyan al Gobierno, que son el Centro Democrático, el Conservador y el Partido de la U. y otro partido minoritario, no logran la mayoría requerida, lo cual hace que el trámite legislativo se vuelva lento y sobre todo incierto.

En teoría no debiera ser así. Las iniciativas legislativas se deberían apoyar por la bondad, calidad y validez de las mismas. Pero desafortunadamente no sucede así -ni en Colombia ni en ningún Congreso del mundo-, porque se trata de asuntos políticos y por consiguiente allí no prima la racionalidad tecnocrática, sino fundamentalmente la racionalidad política, que se basa en las lógicas de poder. Por lo tanto, las diversas iniciativas legislativas deben ser concertadas y acordadas en su contenido con las demás bancadas –independientes que son los Liberales, Alianza Verde y Cambio Radical y/o de oposición, Polo Democrático Alternativo, Partido FARC, Lista de los Decentes-. Esto tampoco, es negativo per se, porque es una forma de validar la fortaleza de las propuestas y eventualmente enriquecerlas con los aportes o modificaciones de los otros campos políticos. Pero conlleva un ámbito de incertidumbre en el trámite legislativo y en la temporalidad del mismo.

Para tratar de incidir –no necesariamente modificar- esta relación, es que se propuso por parte del Gobierno unas reuniones con las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso. Inicialmente se pensó que era una especie de ‘cumbre política’ con todas las bancadas, pero luego se aclaró que se trataba de reuniones separadas con cada una de las bancadas para conversar sobre la agenda legislativa y acerca de las relaciones Gobierno-Congreso. Lo que ha logrado trascender de las reuniones realizadas –Conservadores, la U.- es que la solicitud de muchos congresistas justamente hace referencia a la importancia de la representación de las fuerzas políticas en altos cargos del ejecutivo –que no debe confundirse con prácticas clientelistas o de la llamada ‘mermelada’, sino que corresponde a la realidad de Gobiernos de Coalición en cualquier sistema político-. Es decir, las coaliciones políticas se conforman alrededor del programa de la fórmula presidencial y posteriormente en la conformación de los cuadros del Gobierno y en la elaboración de las prioridades legislativas.

Es previsible que, si como todo indica, las relaciones entre Gobierno y Congreso no sufrirán modificación en esta primera legislatura de 2019, la agenda seguirá un tortuoso recorrido en el Congreso y seguramente con algo de ‘mermelada’ regional se logrará aprobar ciertas iniciativas relevantes, pero será al final del primer año de Gobierno que se hará el balance más de fondo acerca de si se mantiene el mismo esquema de relaciones.

- Alejo Vargas Velásquez es profesor de la Universidad Nacional