Gobernar una sociedad como la colombiana, en los tiempos actuales, no es tarea fácil. No es algo que se da por aceptado con el hecho que el gobernante sea producto de un proceso pre-definido de escogencia. Por ello, combinar los elementos derivados del principio de legalidad, la legitimidad y la gobernabilidad son fundamentales para tener una gestión pública adecuada.

Creer que basar la acción de gobierno, se debe hacer exclusivamente en la legalidad, no es adecuado, porque la legalidad está íntimamente relacionada con la legitimidad, que en principio la podemos entender como la aceptación social. Pero la legalidad, que además no se puede confundir con justicia, en cualquier sociedad, es algo que se va modificando históricamente –recordemos que prácticas y hechos que hoy rechazamos, como la esclavitud, la discriminación por razones de género, etnia, etc., en períodos no muy lejanos de la historia de las sociedades fueron legales-, porque la legalidad está influida por la legitimidad, por el contexto internacional y por las relaciones de poder en las sociedades.

La tarea del gobernante debe ser, en los tiempos contemporáneos, una adecuada combinación de basarse en el principio de legalidad –entendiendo que éste siempre es transitorio y por lo tanto modificable-, buscar legitimidad de sus acciones, lo que significa buscar que los ciudadanos compartan y acepten las decisiones de un gobierno –no estamos en los tiempos en que simplemente el gobernante decidía, autoritariamente, qué se debía hacer, y los ciudadanos aceptaban o se resignaban a aceptar esas decisiones-, lo que hoy día la democracia participativa le ha dado a la ciudadanía es capacidad y posibilidad de aceptar aquellas decisiones que considera adecuadas porque responden a los problemas y demandas sociales, o contradecir las decisiones de los gobernantes si las considera que lesionan sus intereses o no responden a sus necesidades y expectativas.

Para ello la gobernabilidad, que en una democracia no puede ser sino democrática, entendida como la capacidad del gobierno de dar respuestas adecuadas y oportunas a las demandas sociales, juega un rol fundamental. Para una adecuada gobernabilidad se requieren varios elementos, pero quisiera destacar cuatro: i) una escucha permanente de las demandas y necesidades sociales –que no se agota en los diagnósticos realizados por los expertos, que son importantes, pero se requiere un dialogo permanente con la sociedad, no sólo con los amigos o seguidores, sino con los liderazgos sociales opuestos-; ii) una coalición de gobierno en las corporaciones públicas –que normalmente se expresa en representaciones políticas de los diversos sectores que la conforman-, especialmente en el Congreso, que le permita al Gobierno discutir, enriquecer y tramitar en los tiempos adecuados las iniciativas legislativas; iii) una aceptable gestión de lo público, que implica contar con un equipo de gobierno, compuesto por funcionarios con conocimiento suficiente de los temas bajo su competencia y con capacidad de diálogo y concertación, porque el gobierno en las sociedades actuales no se puede limitar a formular y ejecutar buenas políticas públicas, tecnocráticamente hablando, sino unas producto de decisiones concertadas e implementación de políticas públicas que involucren el diálogo y la concertación permanente con las comunidades y los sectores que van a ser beneficiados o afectados por las mismas; iv) garantizar un orden público y seguridad, basados en la confianza de los ciudadanos en la Fuerza Pública, cercana a la ciudadanía.

De esa manera legalidad, con legitimidad, un aceptable orden público y gobernabilidad democrática, se convierten en la base de un gobierno aceptado socialmente y con altas posibilidades de estabilidad.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional