El proceso de paz iniciado con la firma de los acuerdos el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, sigue su curso pese a la oposición del gobierno que actualmente preside Iván Duque Márquez. Esta semana tres decisiones de las tres altas cortes de justicia protegieron los acuerdos y despejaron en parte el proceso sin que se pueda afirmar que se despeja completamente el futuro de los mismos. Estas decisiones permitirán avanzar sobre todo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se ha convertido en el objetivo de los enemigos del proceso. La JEP está en el centro de la disputa entre los amigos y los enemigos de la paz.

La primera decisión la tomó la Sala Plena del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de Zeuxis Pausias Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich. Según el alto tribunal Santrich no se ha podido posesionar por causa mayor irremediable al encontrarse detenido desde hace ya más de un año. Por tal razón el Consejo de Estado decidió mantener la curul de Santrich. Posteriormente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictamino, al resolver un conflicto de competencias, que Santrich es un parlamentario electo y que por tal razón solo podrá ser investigado por la propia Corte Suprema de Justicia al ser un aforado constitucional en su condición de parlamentario. El hecho que no se haya podido posesionar no implica que Santrich no sea un parlamentario. La Sala Penal de la Corte por unanimidad ordenó a la fiscalía el traslado del proceso y las presuntas pruebas que dice tener para que sea la Sala Penal la que asuma la investigación y en la misma sentencia ordenó la libertad de Santrich.

Este miércoles a su vez la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió de manera definitiva la suerte de la Ley estatutaria de la JEP que había sido objetada por el presidente Duque en seis temas. Estas objeciones fueron interpuestas ante el Congreso a pesar que la Corte Constitucional había fallado que el proyecto de Ley se ajustaba a la Constitución en un fallo dado a conocer en el mes de diciembre de 2018. Las seis objeciones se trasladaron al Congreso de la República que las negó en la Cámara de Representantes con una votación de 110 contra 40 y en el Senado de la República donde la negaron 47 senadores contra 34 que apoyaron las objeciones presidenciales. En su fallo de este miércoles 29 de mayo la Corte, a quien había sido remitida la decisión, pues para la Mesa directiva del Senado los 47 votos no constituían mayoría calificada que requieren en Colombia las leyes estatutarias. La Corte señaló que el quórum lo constituían 92 senadores y que 47 eran la mayoría calificada que se requería. Con ello hundió definitivamente las objeciones presidenciales y anunció que enviaría el texto de la ley para que Duque en su condición de presidente de la República la sancione. Termina así un pulso político y jurídico en que Duque metió al país desde el pasado mes de febrero en que anunció que presentaría seis objeciones al texto ya revisado por la Corte.

Estos tres fallos de los más altos tribunales de justicia dan un respaldo al proceso de paz y a los acuerdos firmados con la guerrilla de las FARC-EP. Constituyen una dura derrota al gobierno de Duque que encuentra serios obstáculos tanto en el Congreso de la República donde las objeciones fueron ampliamente derrotadas por las mayorías parlamentarias pese a los esfuerzos de todo orden que puso en marcha el gobierno de Duque para lograr su respaldo en el Congreso y ahora también encuentra una férrea defensa del poder judicial que sin mostrar grietas decide en sus tres más altos tribunales de justicia respaldar el proceso con decisiones que dan un impulso al proceso. Estas decisiones protegen los acuerdos y redundarán en que la JEP que está en el centro de la confrontación tenga un respiro para avanzar en las investigaciones judiciales de los cerca de 2000 militares que se han sometido a esta jurisdicción y de los 13 mil guerrilleros que se desmovilizaron y de los cuales cerca de 10 mil se han acogido a la JEP, pero también para que avance en las investigaciones y los acuerdos con cerca de un centenar de funcionarios  públicos, empresarios y terratenientes que se han sometido voluntariamente a esta jurisdicción. El reto que tiene la JEP por delante es enorme y los enemigos de la misma son muy poderosos.

En el tema de las objeciones por ejemplo se alinderaron tanto el gobierno como el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien no solo se manifestó públicamente a favor de las objeciones sino que se reunió con los ponentes de Cámara y Senado para incidir en que votarán afirmativamente las objeciones, con posterioridad a esas reuniones, retiró la visa a un parlamentario que públicamente denunció las injerencias del embajador en dichas reuniones y también en pleno proceso de revisión de estas objeciones retiro las visas de dos magistrados de la Corte Constitucional y de un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A esas fuerzas se suman los partidos de la coalición de gobierno que no cejarán en sus intentos por seguir poniéndole palos a la rueda de la paz y muy seguramente presentarán nuevamente proyectos de reforma en el Congreso que buscan debilitar el maltrecho proceso de Paz.

Por lo pronto estas derrotas no han amilanado al gobierno. Conocida la decisión de la Corte Suprema de Justicia de poner en libertad a Jesús Santrich el propio presidente Duque al tiempo que señaló el acatamiento a la orden de la Corte Suprema manifestó su oposición a este fallo y calificó a Santrich como a un delincuente narcotraficante al tiempo que al referirse al fallo de la Corte que hundió las objeciones también señaló su acatamiento al fallo pero señaló que seguirá trabajando por reformar los acuerdos.  Seguramente presentara al Congreso nuevamente proyectos que buscan debilitar las instituciones creadas para llevar adelante el proceso de Paz.

El pulso político y jurídico se ha librado principalmente en torno a las instituciones de justicia transicional creadas para satisfacer los derechos de cerca de 8.5 millones de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y las recientes decisiones judiciales protegen esas instituciones de los embates del gobierno y sus aliados nacionales e internacionales. Pero el proceso no está en crisis solamente por esta oposición a las instituciones de justicia transicional. En primer término hay que señalar que durante este gobierno no se ha avanzado en cumplir la agenda pactada con la guerrilla de las FARC-EP. Hay retrocesos evidentes en la política de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito tal como lo señaló un reciente informe del diario The New York Times, este programa esta desfinanciado y no se garantizan los fondos para las cerca de 70 mil familias que han suscrito acuerdos voluntarios de sustitución con el gobierno. No se ha avanzado en la conformación del Fondo de Tierras para la Paz pese a que la Corte Constitucional dio luz verde al decreto ley que ordena su creación para que se entreguen de forma gratuita 3 millones de hectáreas a víctimas y a campesinos sin tierra en los próximos 12 años. Estos dos que son temas centrales de lo acordado con la guerrilla se encuentran sin avances.

Otro tema central tiene que ver con la protección a los excombatientes y a los líderes sociales. Desde la firma de los acuerdos han sido asesinados 131 excombatientes de las FARC-EP y más de 500 líderes sociales. Este es un tema central y las políticas puestas en marcha por el gobierno no muestran resultados positivos por el contrario la situación se ha agravado en los nueve meses que lleva este gobierno. Sobre este tema ha llamado la atención y ha pedido resultados el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que es el organismo garante de los acuerdos.

En materia política los incumplimientos también son evidentes. El único logro significativo pero insuficiente es el de 10 curules en el Congreso de la República para la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC,  que les ha permitido a los excombatientes tener visibilidad política, también fue un logro la aprobación y puesta en marcha del Estatuto de la  oposición con instrumentos importantes como el otorgamiento de curules en el Congreso para quienes obtuvieron la segunda votación en las elecciones presidenciales y la puesta en marcha del derecho de réplica que hoy tienen los partidos declarados en oposición al gobierno. Estos logros son importantes, pero, es más lo que no se ha cumplido. En el Congreso naufragaron las 16 curules en la Cámara de Representantes para los ciudadanos que viven en los 170 municipios que fueron duramente golpeados por le guerra entre el Estado y las FARC-EP, naufragó también la reforma política y en vez de fortalecerse la política de reparación a las víctimas ha sido debilitada y sus recursos han disminuido durante este gobierno. Así pues la crisis del proceso no está solo referida a los organismos de la justicia transicional sino a las reformas comprometidas en el Acuerdo Final y a la seguridad de los líderes sociales y de los excombatientes de las FARC-EP. Y el meollo del problema es que el gobierno no muestra voluntad política para avanzar, por el contrario lo que quiere es retroceder. Ahí estamos.

Bogotá mayo 30 de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la  Revista Sur