Los acuerdos de La Habana entre la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y el Estado Colombiano refrendados en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016 contemplaban la puesta en marcha de una unidad de investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre el paramilitarismo, dicha unidad debería ser autónoma e independiente de la Fiscalía general y debería contar con presupuesto propio, personal propio y un cuerpo élite de investigaciones bajo su dirección. Así mismo este acuerdo contempló que los militares comprometidos con delitos de guerra y de lesa humanidad, que no pueden ser objeto de amnistías y/o indultos deberían concurrir obligatoriamente a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Comisión de la Verdad donde deberían contar toda la verdad sobre estos crímenes y comprometerse a la reparación de las víctimas.

Al frente de la Unidad Especial de la Fiscalía se nombró inicialmente y de común acuerdo a la magistrada de la Jurisdicción especial de Justicia y Paz, Alexandra Valencia, quien se posesionó ante el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el 13 de septiembre de 2016 con el propósito de garantizar la no repetición del fenómeno paramilitar y desarticular las organizaciones criminales responsables de homicidios contra defensores de derechos humanos o de personas vinculadas a movimientos políticos y dirigir las investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo como se denominó a las organizaciones paramilitares.

Con el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, uno de los puntos en el que se renegocio el acuerdo final I fue precisamente el de la forma de selección de la dirección de dicha unidad. Néstor Humberto Martínez el fiscal corrupto que renunció recientemente por sus actuaciones en la trama de corrupción de la firma brasilera Odebrecht aunque pretendió hacerlo por no compartir la decisión de la JEP de no conceder la extradición de Jesús Santrich, se empeñó en reformar esta parte del acuerdo para incidir en el nombramiento de la dirección de la unidad de desmonte del paramilitarismo y someter a esa Unidad a la dirección de la fiscalía general de la Nación, es decir, someterla a su dirección acabando con la autonomía de dicha unidad. Cosa que logró en esta renegociación. Alexandra Valencia fue despedida. El Comité de escogencia debería seleccionar una terna y de ella Néstor Humberto Martínez nombraría la dirección de esa unidad. Fue así como a esa Unidad llegó como su directora Martha Yaneth Mancera posesionada el 1 de diciembre de 2017.

El diagnóstico sobre el fracaso de las investigaciones contra los grupos paramilitares en auge desde mediados de los años noventa del siglo XX señala sin menor equívoco que estas organizaciones criminales crecieron al amparo de la Fuerza Pública, es decir, de los nexos ya comprobados por la jurisdicción de Justicia y Paz entre estas organizaciones criminales y sectores del ejército nacional y de la Policía colombiana. La división del trabajo consistía en que los grupos criminales del paramilitarismo se ocupaban del trabajo sucio como las masacres, el asesinato de líderes sociales y políticos, que contaban con la colaboración y el beneplácito de mandos militares y policiales. Una investigación reciente sobre las sentencias de la jurisdicción especial de Justicia y Paz encontró que en 43 (84,3%) de las 51 sentencias que ha proferido esta jurisdicción se dejó constancia explicita del señalamiento de miembros del ejército como parte de las redes de apoyo a los grupos paramilitares. A la Armada Nacional se señala de su apoyo y participación del accionar de los grupos paramilitares en cuatro de las sentencias. En 21 de las 51 sentencias se dejó constancia explicita de señalamientos a miembros der las Policía Nacional como parte de los grupos de apoyo a los grupos paramilitares.ⁱ Habría que destacar además que en estas 51 sentencias explícitamente se nombra a 187 empresas que habrían apoyado a los grupos paramilitares nombradas en 20 de las 51 sentencias.

Una vez logrado su propósito de poner bajo su mando a esta unidad que se hizo explícito en el decreto ley que reestructuró la fiscalía (decreto 898 del 29 de mayo de 2017) esta Unidad fue desdibujada en su propósito central cual era según los acuerdos de La Habana en desmontar las estructuras paramilitares, ahora esta unidad colabora con la fiscalía en las investigaciones sobre los crímenes contra los desmovilizados integrantes de las FARC que ya van en 133 y el esclarecimiento de los asesinatos de los líderes sociales que desde la firma de los acuerdos ya superan los 500 líderes asesinados, pero, no ha avanzado en su propósito central cual era el de investigar a las estructuras de los grupos paramilitares para su desmonte. En esto Martínez Neira enemigo declarado de los acuerdos de Paz, logró su objetivo y los grupos paramilitares se han venido fortaleciendo desde la firma de los acuerdos y libran una batalla feroz con otros grupos ilegales como las disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por controlar los territorios antes dominados militarmente por las FARC-EP localizados principalmente en 172 municipios colombianos en los cuales se desarrollan actividades ilegales de cultivos ilícitos, procesamiento de cocaína y minería ilegal. Hay que anotar que allí se ha asesinado al 56% del total de los líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de Paz.

Con la llegada de Iván Duque a la presidencia de la República ronda en el ambiente el regreso de las ejecuciones extrajudiciales practicada por miembros de las Fuerzas Armadas y el retorno de las alianzas entre grupos paramilitares y sectores de las fuerzas armadas. El artículo del periodista norteamericano Nicholas Casey publicado con gran despliegue por el diario neoyorquino el 18 de mayo de 2019 dio cuenta de la existencia de unas directivas en que se ordenaba a las tropas para que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte un aumento de las bajas civiles en el proceso, según consta en órdenes escritas y entrevistas con altos oficiales. También se lee en el artículo que a inicios del presente año, los generales y coroneles colombianos se reunieron y se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques. Las presentaciones internas diarias ahora muestran el número de días que las brigadas han pasado sin estar en combate, y los comandantes son amonestados cuando no realizan operaciones con la frecuencia suficiente, dijeron los oficiales.

Estas órdenes reeditan la famosa circular del año 2005 en que el ministro de la Defensa, Camilo Ospina también impartió una orden similar a la mencionada por Casey (de enero de 2019) negada inicialmente por el gobierno pero ante su publicación tuvo que reconocer de su existencia y posteriormente ordenó su retiro ante las denuncias tanto en el país como en el exterior. La orden de 2005 dio paso a las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes que suman según la fiscalía colombiana más de 4000 en informe reciente entregado por este organismos a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y que según el diario inglés, The Guardian llegarían hasta 10 mil.

En una reunión relatada por uno de los oficiales entrevistados por Casey, un general ordenó a los comandantes “hacer lo que sea” para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba “aliarse” con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar. “Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes”, dijo uno de los oficiales quienes hablaron con la condición de mantener su anonimato por temor a las represalias de sus superiores.

La directiva fue impartida por el comandante general del ejército, Nicasio Martínez Espinel, en ese momento brigadier general y hoy general de cuatro soles, máximo grado a que puede llegar un general en el ejército colombiano que le fue aprobado este miércoles 5 de junio por el Senado de la República por 64 votos a favor de su ascenso y un voto en contra. Los parlamentarios de las bancadas de oposición se retiraron de la sesión al momento de la votación. Fueron derrotados pues pedían que ante las graves denuncias que tienen al general Martínez en el centro del huracán no le fuera concedido el ascenso. Esto fue desestimado tanto por el gobierno que propuso su ascenso como por las bancadas del gobierno que en este caso fueron respaldadas también por los partidos independientes, Cambio Radical y el Partido Liberal, con ello se perdió una oportunidad muy importante para condenar como lo pidieron las bancadas de oposición y una buena parte de la sociedad civil colombiana como también una buena parte de la comunidad internacional que pedían no conceder el ascenso como un mensaje de condena a prácticas que pueden propiciar la masiva violación de los derechos humanos como ocurrió en el pasado con este tipo de órdenes.

El gobierno de Duque quiere reeditar en unas nuevas circunstancias estas viejas prácticas que han llevado a una indagación preliminar en la Corte Penal Internacional que compromete según este organismo a 23 generales de la República, siete de los cuales se han sometido a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, hasta el momento. Allí estos generales deberán explicar su participación en las ejecuciones extrajudiciales y es justamente a esto lo que teme el expresidente Álvaro Uribe quien era el presidente de la República cuando sucedieron la mayor parte de estos crímenes. Esta es una circunstancia nueva que no toma en cuenta el gobierno de Duque, o que mejor sea dicho, si toma en cuenta y por ello busca debilitar a la JEP y tratan de desaparecerla por todos los medios. Esto va quedando claro en este debate suscitado a raíz de la publicación del informe de The New York times. Un segundo elemento significativo es que un valeroso grupo de oficiales en servicio activo se han rebelado en contra de éstas directivas y han acudido a las denuncias, lo que tiene profundamente preocupados a funcionarios en el alto gobierno, que según informaciones periodísticas, buscan ser identificados y purgados de las filas castrenses.

Esta es la batalla que se libra ahora en el país. Un desmonte de prácticas ilegales pasa por una profunda reforma de las Fuerzas Armadas y por un desmonte real de los aparatos paramilitares que actúan con fuertes lazos en la institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como de autoridades públicas, en vastas regiones del país. El daño que hizo Martínez Neira fue enorme al impedir que una Unidad Especial de Investigaciones pudiera efectivamente romper esos nexos y por esta vía lograr unas fuerzas armadas dedicadas a la protección de los derechos humanos y al combate a los criminales, que deben ser sus objetivos.

Bogotá 6 de junio de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director Revista Sur