Desvío de dineros, malversación de fondos de la ayuda humanitaria, inflación de cifras, fraude y amenazas fueron usados por el equipo del autoproclamado presidente interino venezolano Juan Guaidó en Cúcuta para rodearse de lujos, con la excusa de mantener a los militares venezolanos desertores.

La primera denuncia la hizo Orlando Avendaño en Panam-Post, donde recordó que la oferta que atrajo a algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas fue que todo aquel que abandonara al presidente constitucional Nicolás Maduro sería tratado como un héroe. Los militares se terminaron hospedando en siete hoteles. Escándalos, prostitutas, alcohol y violencia; estadía en hoteles, manutención de ellos y su familia; medicinas, comida, bebidas, hospital, lo que necesitaran.

El ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, recordó que desde el 23 de marzo denunció con pruebas "el entramado de corrupción y conspiración internacional contra el país desde Cúcuta, Colombia", por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con dinero enviado (centena de miles de dólares) para reclutar sicarios.

Juan Guaidó, por su parte, tuiteó: “Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al embajador Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!”.

Y el secretario general de la OEA intentó también deslindarse de la corrupción que todos conocían: “Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción”.

Del fracaso de la Operación Cúcuta del 23 de febrero se logró tejer una red de corrupción. Los exdiputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, era quienes conducían la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta y la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero fue un fracaso.

El 24 de febrero, al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular (VP), la atención del comando, logística y seguridad de los “ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio”. Barrera, es cuñada del diputado de VP Sergio Vergara, mano derecha de Guaidó, desde la prisión de Roberto Marrero.

Del pago de los hoteles, el gobierno de Colombia se estaba encargando del pago de unos y ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A la gente de Guaidó, le correspondía el pago de los hoteles Ácora y Vasconia.

Las alarmas se prendieron cuando Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida de millonarios, desarrollando todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta, en hoteles, discotecas, bebidas, comidas y ropa cara en tiendas de Bogotá y Cúcuta, reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles con sobreprecios.

Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionado con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, proveída por el Gobierno de Juan Guaidó al de Iván Duque luego de una valoración, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.

El pasado 15 de mayo, unos 60 desertores de la fuerza armada de Venezuela y sus familias fueron desalojados del hotel en el que se refugiaban en Colombia debido a deudas con el hospedaje.

A mediados de mayo ambos encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena benéfica en un lujoso restaurante Pajares Salina de Bogotá, con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares, a la que se opuso el “embajador” de Guaidó, Calderón Berti. La cena se canceló finalmente.

Los servicios de inteligencia colombianos alertaron a Caracas: «Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas», quienes fueron apartados, pese a la férrea defensa de la gente de Guaidó, que intentaban desviar la atención contra Calderón Berti. Barrera entregó en una auditoría practicada en Bogotá soportes por apenas cien mil dólares de gastos durante su estancia en Cúcuta.

Molestia de los colombianos

El Gobierno de Colombia está molesto y se siente estafado en su condición d “aliado” de la oposición venezolana, no solo por los dolosos manejos de la gente de Guaidó sino que jamás le comunicaron sobre los diálogos que se desarrollaron en Oslo con representantes del gobierno. Hace un mes Guaidó y López supieron del entramado corrupto de sus emisarios en Cúcuta: hasta ahora no respondieron.

Barrera y Rojas eran asimismo corresponsables del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países, junto a Miguel Sabal, el designado por Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID: el 60% de todos los alimentos donados por diversos gobiernos, como el chileno, se dañó, se pudrió.

Estas comprobaciones despertaron las alarmas e investigaciones en varios gobiernos sudamericanos, que también sumaron sus “ayudas” a la oposición venezolana, mientras financian a los “embajadores” y “enviados especiales” de quien ahora ya no presentan como “presidente interino” sino solo como “presidente de la Asamblea General”.

-Álvaro Verzi Rangel es sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2019/06/16/oposicion-venezolana-lucra-con-fondos-para-ayuda-humanitaria/