Duque tiene hoy un 63% de desaprobación ciudadana y el desgaste crece después de un año de haberse posesionado en la Casa de Nariño como Presidente de la República, en un modelo hibrido de gobierno compartido con su principal promotor y jefe político, el caudillo asesino del Ubérrimo.

La coyuntura no es precisamente de coincidencias y ascendiente del gobierno y del Centro Democrático uribista sobre la opinión pública debido a la terrible y demencial tragedia que afecta a miles de líderes sociales, de los derechos humanos y de reincorporados de la guerrilla de las Farc, sometidos a una cruel y espantosa cacería por el neoparamilitarismo heredero de los escuadrones de la muerte constituidos en los gobiernos de Uribe Vélez y Santos.

A lo se debe agregar la explosiva crisis de gobernabilidad por el deplorable modo corporativo de la gobernanza implementada por Duque; el estancamiento económico; el fracaso de la ofensiva contra el gobierno del Presidente Maduro para derrocarlo e imponer una marioneta de la potencia trumpiana en declive geopolítico por la emergencia de otros polos de poder en el escenario global; y la destructiva agenda para hacer trizas, cuando no risas, los acuerdos de paz firmados con las Farc, no obstante ser los mismos una simple replica de los Manuales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover una “paz liberal” y “neocolonial”, que en nuestro caso contó con la entusiasta colaboración de un sector de la guerrilla fariana, hastiado y agotado con sus principios y valores históricos antisistémicos (de estirpe marxista y leninista), deslumbrado con la democracia burguesa y sus ejes centrales, tanto políticos como económicos, particularmente con el mecanismo del mercado neoliberal y con las practicas del clientelismo y la corrupción para despojar los dineros públicos y colectivos; tal como lo hace Alape con los dineros para los proyectos productivos de los reincorporados, manejados como dineros de bolsillo y de cocina, en compadrazgo con Archila el de la estabilización del post conflicto; o como lo practica Granda convertido en nuevo rico, empresario y mecenas de imprentas y periódicos en bancarrota, los cuales repiten una conocida leyenda de coincidencias con la burguesía liberal parasita del Estado.

En vísperas de iniciarse a fondo la “guerra contra las drogas” con el uso del glifosato en extensas zonas rurales y urbanas y en la perspectiva de las elecciones locales para escoger alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles en las votaciones del próximo 27 de octubre, la estrella y cerebro del gobierno lanzo la propuesta de constituir un “Estado de opinión” en el que según este genio de la política neofascista occidental, quien prevalece es el pueblo con su opinión, que en realidad es la del caudillo mesiánico, protector de la masa, guía supremo y dueño absoluto de la nación y el Estado, a la manera como lo hacían Hitler y Mussolini.

Ese “Estado de opinión” ya tiene sus instrumentos y objetivos establecidos. Se trata de un referendo impulsado por las redes y fichas del uribismo para acabar con la Justicia Especial de Paz (JEP), revocar a todos los magistrados de las Cortes, reducir el tamaño del Congreso y crear una Corte única de justicia.

En la retórica reaccionaria del neofascismo criollo esa propuesta no es algo nuevo. Desde los años 30 con Silvio Villegas y su Estado racista y anticomunista; desde la Constituyente corporativa de Laureano Gómez en 1953; y desde el Estatuto de Seguridad turbayista en 1980, es una idea que ronda y alimenta el alma podrida del sector más violento de la clase dominante nacional.

Digamos que es la “tentación totalitaria y despótica” de los núcleos más retardatarios del país, alérgicos a los derechos de los trabajadores, a las libertades democráticas y opositores cerrados del socialismo.

El “Estado de opinión” se propuso en los dos gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010) y en plena retaliación contra las Cortes, objeto de linchamientos e interceptaciones telefónicas para propiciar los montajes judiciales y la implantación de la parapolítica en el Congreso, el Das, el Ejercito, la Policía, el Ministerio de Hacienda y en múltiples órganos del Estado en todos los niveles. Fue la época del auge de la arbitrariedad, la persecución y los montajes judiciales como el que se me orquestó desde la Secretaria General de la Presidencia en el año 2007, para acusarme de ser parte de las redes financieras de las Farc a cargo de Raúl Reyes.

Todo eso ocurrió en el momento en que se desplegó la mayor presión para cambiar la Constitución del 91 y facilitar la reelección perpetua del Caudillo de marras, por fortuna fracasada.

Digamos que hoy el “Estado de opinión” es una especie de significante vacío planteado para articular y acumular todas las perversas pretensiones de las facciones más violentas de la oligarquía, incluido el asalto en octubre de las 1113 alcaldías y las 34 gobernaciones, mediante la configuración de alianzas con el viejo partidismo liberal (Gaviria) conservador (Pastrana), duramente cuestionado por la indignación ciudadana con el cinismo de los politiqueros que se las arreglaron para hundir uno de los proyectos anti corrupción más emblemáticos como era el de sus pender el subrogado penal de la casa por cárcel para los atracadores del gobierno.

A partir del Referendo, de la consulta sobre la prohibición al consumo mínimo y de la oferta de una demagógica mesada salarial adicional a los trabajadores, lo que se pretende es dar el salto a una Constituyente aceitada a base de “mermelada”, al amaño del caudillo para remodelar el Estado social de derecho e implantar una dictadura neoparamilitar de excepción en el que se extirpe la verdad sobre los crímenes de quienes mediante masacres y asesinatos desplazaron en las últimas tres décadas, más de 8 millones de colombianos despojándolos de casi 7 millones de hectáreas rurales hoy en manos del gamonalato regional que añora la dictadura y la eliminación de la democracia y las libertades políticas; y en la que se profundice la masacre y el exterminio de los líderes sociales, de los derechos humanos y de los ex combatientes de las Farc dejados a la deriva por la cúpula colaboracionista y gobiernista de Timochenko.

De lo que se trata es de dar impunidad a los autores de la guerra, el exterminio y el desplazamiento mediante privilegios judiciales para los poderosos que monopolizan la maquinaria del Estado y la violencia por el acceso preferente al armamento de que dispone el mismo.

A Duque, en pleno extravió autoritario, la idea la cae de perlas para poder aplastar en su momento la inconformidad popular que ha tenido momentos de auge histórico en los últimos doce meses con la huelga universitaria y la Minga indígena y campesina. Inconformidad que sigue vigente y en disposición de expresarse con mayores bríos multitudinarios.

Acudir a al régimen de conmoción se contempló recientemente para la extradición exprés de Santrich. La idea se descarto por el amplio rechazo que provoco entre los partidos de oposición, los organismos internacionales y la sociedad civil.

Pero el objetivo sigue vivo, pues el recurso del régimen de excepción parece ser la única ruta para destrabar a Duque y a su endeble gobernabilidad, dando vía libre a un devastador régimen dictatorial neoparamilitar que sofistique el uso de la violencia para eliminar la resistencia democrática y popular aupada por el clima creado con los diálogos y acuerdos de paz.

El “Estado de opinión” de Uribe/Duque ciertamente es una grave amenaza para Colombia que debe ser denunciada en el marco de la actual campaña electoral para desenmascarar toda su carga fascistizante.

El “estado de opinión” es la herramienta convenida para aplastar la fractura en el aparato militar que se visibiliza y crece con el ingreso de decenas de oficiales, suboficiales y soldados profesionales a la JEP para contar la verdad de los “falsos positivos”, las masacres y el auge del paramilitarismo promovido desde los gobiernos de Uribe, Duque y Santos. Para contar como los poderosos de la banca, la tierra, la ganadería, las multinacionales, las empresas petroleras, mineras, bananeras, la Embajada americana, financiaron y financian la violencia contra las organizaciones sindicales, populares, los partidos de oposición, la prensa independiente y los líderes sociales.