El Instituto  de Estudios para el desarrollo y la paz, INDEPAZ, dio a conocer su más reciente informe sobre el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde que se refrendó el acuerdo entre esta guerrilla y el Estado Colombiano el 24 de noviembre de 2016. Desde entonces y hasta la fecha han sido asesinados 702 líderes y lideresas sociales y han sido asesinados 137 integrantes de la guerrilla en tránsito a la vida civil. El 56% de los asesinatos de los líderes sociales se han perpetrado en los 170 municipios en los que la antigua guerrilla de las FARC-EP ejerció dominio militar, territorios caracterizados por la fuerte presencia de cultivos de coca y actividades de minería ilegal, de la cual ésta guerrilla obtenía la mayor parte de sus recursos económicos para sostener sus actividades militares.

Las políticas públicas puestas en marcha para enfrentar esta ola criminal siguen fracasando pues con la llegada del nuevo gobierno y la puesta en marcha del llamado Plan de Acción Oportuna para Defensores de Derechos Humanos, PAO,  con el fin de prevenir y proteger , individual y colectivamente, los derechos, la vida, la libertad, integridad y seguridad líderes, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales, puesto en marcha el 20 de noviembre de 2019 por el Gobierno, no ha detenido esta práctica criminal sino que por el contrario durante el presente gobierno el asesinato de los líderes sociales ha aumentado. 

Los principales responsables de los asesinatos siguen siendo los llamados grupos paramilitares y las bandas criminales asociadas al narcotráfico que combaten sin cuartel a las organizaciones comunales, campesinas, indígenas, afros, sindicales y en general a las organizaciones sociales y sus líderes y por supuesto a los defensores de los derechos humanos que desarrollan su actividad en los territorios en que hay una alta presencia de cultivos de uso ilícito. Una buena parte de los líderes y lideresas asesinados apoyan los programas de sustitución de cultivos, son reclamantes de tierras despojadas, denuncian las alianzas entre los poderes locales y los grupos paramilitares y del narcotráfico presentes en esos territorios siendo los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander los lugares en que se han perpetrado la mayor parte de estos crímenes.

De vez en cuando la conciencia nacional se indigna por las características particulares que se registran alrededor de estos crímenes como ocurrió recientemente tras el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño perpetrado este 21 de junio en el municipio de Tierra Alta departamento de Córdoba en el noroccidente del país. Ella fue asesinada en presencia de uno de sus pequeños hijos que presenció su cruel asesinato, que fue grabado y divulgado profusamente a través de las redes sociales. Las escenas desgarradoras impactaron a la opinión pública nacional que exigió resultados en las investigaciones y como siempre vinieron los mensajes de solidaridad comenzando por el tardío mensaje del presidente Iván Duque desde Paris en donde se encontraba de gira internacional lo que indignó aún más al país. En esos foros y eventos internacionales Duque trataba de convencer a gobiernos, parlamentos y empresarios a invertir en el país haciendo énfasis en el supuesto compromiso del gobierno con la implementación de los acuerdos de paz en contra de toda evidencia. Dicho sea de paso que en esos foros internacionales Duque tuvo que soportar la presencia de activistas de derechos humanos y debates en los parlamentos en que se denunció la grave crisis de derechos humanos que se presenta en el país y que se incrementó tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Es en este contexto que adquiere relevancia el debate desatado tanto en Colombia como a nivel internacional sobre el fracaso del Estado y de la Fuerza Pública por contener la ola de crímenes contra líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP en tránsito a la vida civil. El más reciente debate escaló a nivel internacional a raíz de la publicación  de un informe del periodista Nicholas Casey en The New York Times el pasado 18 de mayo en que se deba cuenta de una directiva firmada por el comandante general de las Fuerzas Armadas general, Nicasio de Jesús Martínez, en que se exigía a las unidades operativas el incremento de los resultados operacionales de las fuerzas armadas, se rebajaba hasta un 65% los estimativos de seguridad  para iniciar operaciones militares aunado a la denuncia de que en conversaciones se hacía hincapié en que si se requería hacer alianzas con grupos ilegales para obtener resultados se debería hacer. Las alarmas se prendieron puesto que se tenía el antecedente cuando en el año 2005 el ministro de la Defensa, Camilo Ospina, emitió la directiva 029 que incrementó el asesinato de civiles por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. En un informe reciente la Fiscalía documento y entregó informe a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en que se documenta el asesinato de 2.248 víctimas civiles a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas. Tanto, organismos nacionales como internacionales de derechos humanos calculan que fueron unas 5.000 víctimas de esta práctica criminal por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.  Hoy hay más de 2.000 militares respondiendo ante la JEP por estos crímenes.

La directiva del actual comandante de las Fuerzas Armadas Nicasio Martínez fue derogada después de admitir que en efecto existía hecho que fue negado en un comienzo. La derogatoria se dio el 20 de mayo dos días después de publicado el informe de The New York Times. Con posterioridad el general Nicasio Martínez con la aprobación del Senado de la República fue ascendido a general de cuatro soles. En su más reciente edición la Revista Semana dio cuenta que el día 22 de mayo fueron llamados a interrogatorios, entrevistas y a pasar el polígrafo a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Bucaramanga sede de la II División el ejército. El objetivo de estas diligencias era establecer la posible responsabilidad de este grupo de oficiales en las filtraciones a la prensa sobre esta directiva y las órdenes impartidas por el Alto Mando Militar. (Revista Semana, Operación Silencio, Bogotá semana del 23 al 30 de junio de 2019, Edición 1938).

También estas entrevistas fueron negadas en un comienzo pero como da cuenta Semana este grupo de oficiales tuvo que comparecer para dar explicaciones. “Esto es por orden del comandante del Ejército, mi general (Nicasio) Martínez por todo lo que ha pasado en estos días y para saber quiénes están detrás de todo esto”. Con esta frase, un sargento comenzó a explicarle al oficial que tenía al frente las razones por las cuales le iban a realizar una entrevista previa a una prueba de polígrafo. En total según la Revista Semana fueron 15 militares quienes fueron convocados a la II división para dar explicaciones sobre las filtraciones a la prensa de las directivas impartidas por el general Nicasio Martínez y de las que dio cuenta el informe publicado por el periódico norteamericano.

A lo anterior se suma según el informe de la Revista las amenazas y seguimientos ilegales que han sufrido los militares y en particular dos coroneles que han comparecido a la JEP y que han comenzado a revelar el modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el batallón la Popa con sede en la ciudad de Valledupar y en la región del departamento del Casanare. Estas conductas delictivas fueron también ratificadas por la Magistrada de la JEP, Catalina Díaz, quien efectivamente corroboró que la JEP había tenido que solicitar medidas cautelares de protección a estos militares que estaban siendo amenazados.          

El debate tiene dos propósitos. El primero establecer la pertinencia de éstas directivas frente a los problemas de orden público y en particular frente al asesinato de los líderes  sociales y excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil. Es evidente que hay una falla tanto de los regimientos militares como policiales en las regiones y territorios donde se producen estos asesinatos. No se explica cómo y porqué se siguen presentando estos hechos criminales en lugares que tienen una intensa presencia militar y policial.

Y el segundo propósito es establecer porqué se persiste en reeditar políticas que ya fracasaron en el desmantelamiento de estructuras criminales en estos territorios dominados en el pasado por las guerrillas, los paramilitares y las organizaciones del narcotráfico. El actual gobierno comete dos errores garrafales el primero insistir en políticas que ya mostraron un fracaso y que por lo demás condujo a la grave y masiva violación de los derechos humanos de la población civil que vive en estas regiones. El segundo error es pretender que el país sigue siendo el mismo después de la desmovilización de las FARC-EP. Esta guerrilla era una estructura militar con mucha experiencia y capacidad de ataque que los actuales actores armados no tienen.

Lo que en realidad debería ser el indicador para las fuerzas armadas y de policía en todo el territorio nacional pero en particular en éstas zonas conflictivas debería ser el de la vigencia y protección de los derechos humanos en vez de bajas y capturas como indicador de eficiencia que es lo que Mario Montoya pedía a sus hombres cuando fue comandante de las Fuerzas Armadas (2006-2008) y que según el general, hoy sometido a la JEP, se medía en litros de Sangre y que llevó a un crecimiento de las ejecuciones extrajudiciales, lo que hay que establecer como indicador de eficiencia es que no haya asesinatos de líderes sociales ni amenazas a la población. Este debería ser el indicador para los asensos en las fuerzas armadas y de policía y no el número de bajas que se reporten pues ello ya sabemos a dónde condujo. Los cinco mil civiles asesinados a manos de miembros de la Fuerza Pública por lo cual como ya dijimos responden hoy más de 2.000 miembros de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial de Paz a la cual se han sometido.

También hay que decir finalmente que se equivoca el gobierno si piensa que persiguiendo a quienes están en desacuerdo con esas políticas en el seno de las Fuerzas Armadas van a mantener el compromiso y el silencio de una oficialidad que ha vivido las consecuencias positivas de la paz firmada con las FARC-EP. Este sector de la oficialidad y de la tropa ha hecho bien en denunciar estas directivas que pueden volver a conducir a actos criminales a integrantes de la Fuerza Pública. Los más de 2000 militares comparecientes ante la JEP, les indica a dónde los puede conducir estas acciones criminales. En vez de perseguirlos habría que apoyarlos. Pero eso no está en el libreto del actual gobierno. Pero la sociedad civil incluida la prensa si lo ha entendido y por eso los apoya.

Bogotá junio 27 de 2019

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur