La situación de nuestro país sigue muy confusa al mismo tiempo que aparecen señales de disconformidad, protestación y decisión de cambiar de rumbo. Lo más candente del momento es lo que sucede con el recién instalado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quinto poder del Estado. Digamos primero que ese ente estatal de 7 miembros era sugerido antes de que llegara el expresidente Rafael Correa al poder en 2007. Elegido por votación ciudadana después de su aprobación en tiempo del fallecido Julio César Trujillo y de su Consejo transitorio, es el blanco de las críticas acérrimas de los partidos políticos de la Asamblea legislativa que apoyan al presidente Lenin Moreno, porque no es del gusto de ellos ni les salió favorable.

Las funciones de esta CPCCS, como lo dice su nombre, es facilitar la participación ciudadana y llevando adelante el control de las autoridades estatales, acogiendo las quejas y propuestas de la ciudadanía. Por esta razón permite una expresión efectiva de la democracia en la dirección del Estado. En días recientes, por 4 votos a favor, 2 de oposición y uno de abstención, decidieron investigar las denuncias por los ‘INA papers’, que involucran el actual presidente de la república, su familia, su entorno y un grupo de tramitadores que tendrían dinero mal habido en paraísos fiscales: se ha dado el nombre del Banco panameño y el número de la cuenta bancaria. La oposición más feroz viene del banquero Guillermo Lasso con su partido político: piden la supresión de dicho Consejo. El presidente de la Asamblea legislativo amenaza de juicio político a sus miembros, simplemente porque han decidido cumplir con sus funciones.

Por otra parte se escuchan cada vez más voces contra los acuerdos de la Carta de Intención firmada por el gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que recién se está dando a conocer. Dicha Carta contradijera, en 16 puntos, varios artículos de la Constitución. Ya se depositaron denuncias en la Corte Constitucional, máximo organismo de interpretación y defensa de la misma Constitución. Entre los puntos que serían inconstitucionales según el ‘Foro de Economía y Acción Jurídica Popular’ se encuentran: “el método con el que el FMI cuantifica el déficit fiscal; todas las reformas tributarias que propone el organismo internacional; la pretensión de independencia del Banco Central; la eliminación del Impuesto a la salida de divisas; el coeficiente de liquidez nacional; la prohibición de que el Banco Central pueda utilizar liquidez monetaria, entre otros. Este observatorio considera que la aplicación de las medidas propuestas puede poner en peligro a la dolarización ya que se debilitaría la balanza de pagos al eliminar el coeficiente de liquidez doméstica y el impuesto a la salida de divisas, con lo que se daría una fuga de capitales”.

A esto se suman numerosos cuestionamientos a varios personajes estatales como son el Contralor del Estado, Pablo Celi de la Torre, que sigue en función a pesar de haber sido destituido y la Fiscal del Estado, Diana Salazar, nombrada a pesar de una evaluación bajísima en su examen de conocimientos legales (¡10 puntos sobre 20!) y de no cumplir con los requisitos de carrera judicial. Habría que hablar también de los desacuerdos entre los miembros del Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades en los resultados de las últimas elecciones nacionales como también de las críticas internacionales a la vergonzosa entrega de Julián Assange al gobierno británico, el arresto durante 2 meses del activista informático sueco Ola Bini sin cargo definido, y un largo etcétera.

Podemos añadir las protestas por la aprobación del matrimonio civil igualitario, con el ejecútese del presidente Lenin Morena, y de la supuesta perversa ‘ideología de género’ presente en libros escolares. Instituciones religiosas como Iglesias evangélicas y católicas y Movimiento Pro-Vida, haciendo coro con los anti-correístas, ¿no estarán sembrando una cortina de humo para distraernos de la carta del FMI, de los masivos despidos intempestivos, del desempleo creciente, de la pobreza en aumento constante, del desgaste del presidente de la república, de las privatizaciones de grandes instituciones estatales, del destino del dinero dado por el FMI…?

Habría que hablar también del descontrol mortal en las penitenciarías, de los desalojos de más de 5,000 en minas de la provincia de Buenos Aires de Imbabura en vez de su legalización progresiva, de la inseguridad catastrófica de la mayoría de los migrantes venezolanos, del caótico viaje a Europa del presidente de la república a Europa…

Frente a esta realidad nacional cada vez más anárquica, silenciada por los medios de comunicación comerciales en su real índole, se levantan voz de protesta cada más clamorosa desde los indígenas a los campesinos, los universitarios becados a los maestros jubilados, hasta asociaciones de abogados, economistas, médicos… Se organizan Asambleas Populares Ciudadanas a niveles local y nacional, y se llama a manifestaciones por todo el país para el próximo martes 16 de julio contra los aspectos señalados anteriormente.

Aparece urgente sumar voces y esfuerzos para enrumbar nuestra participación individual y colectiva afín de construir un país más estable y solidario, más esperanzador y defensor de los pobres. En este momento, ser indiferentes es hacernos cómplices de la degradación de las condiciones de vida, de trabajo y de salud de la mayoría de los ecuatorianos. “¡No es crisis; es capitalismo salvaje!” La voz de Dios nuevamente vuelve a decirnos, como a Caín: “¿Qué has hecho con tu hermano?”