El próximo 27 de octubre se  realizarán las elecciones para alcaldes y Concejos municipales en los 1.122 municipios que existen en el país, gobernadores y Asambleas Departamentales en los 32 departamentos y Alcalde y Concejo Distrital en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Se eligen un poco más de 11 mil funcionarios públicos en estas elecciones. De lejos son las elecciones más complejas de cuantas se realizan en Colombia y serán las primeras elecciones regionales que se realizan después del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

Las elecciones regionales anteriores, octubre de 2015, se realizaron en medio de las negociaciones y de una tregua con las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Siendo aquellas elecciones las que tuvieron un menor índice de violencia de las realizadas en los últimos 30 años desde que se realizaron las elecciones de alcaldes en el año de 1988.

Si bien estas elecciones se realizan sin la presencia armada de las FARC en cerca de 240 municipios en que esta guerrilla ejercía un dominio militar, estamos muy lejos de lograr unas elecciones libres sin interferencia de actores armados en todo el territorio nacional. El Ejército de Liberación Nacional con cerca de 2.200 combatientes regulares hace presencia armada en 130 municipios del país, los grupos paramilitares operan en cerca de 240 municipios con algún grado de interferencia en los procesos electorales locales a lo que hay que agregar la presencia de bandas armadas del narcotráfico también en cerca de 130 municipios del país y los grupos ligados a las disidencias de las FARC que no entraron en el proceso de negociación y que contarían con aproximadamente unos 1.200  integrantes. En muchos de ellos coinciden de manera compleja estos cuatro actores armados ilegales. Estamos pues lejos de garantizar un proceso en que los ciudadanos puedan concurrir libremente a decidir de manera autónoma sobre las autoridades en sus territorios.

Esos municipios están localizados mayoritariamente en la periferia del país con una muy débil presencia del Estado que fue agravada en aquellos municipios en que ejercía poder militar las FARC pues estos territorios no fueron copados por la Fuerza Pública Estatal y son hoy los principales escenarios de confrontación de los diversos actores armados que se disputan su control territorial. Allí se encuentran localizadas las mayores áreas de cultivos de uso ilícito y de minería ilegal. La disputa entre los diversos actores armados, buscan el control de estas actividades económicas ilegales. Y el poder local es fundamental en esta lógica de dominio territorial y de extracción de rentas de estas actividades ilegales.

En la medida en que se acercan las elecciones se recrudece el uso de la violencia para interferir en ellas. Asesinatos de candidatos o precandidatos, interferencia en los procesos de escogencia de los candidatos por  los partidos políticos, amenazas, atentados, asesinato de líderes y activistas de las campañas. La Misión de Observación Electoral, MOE, realiza desde mediados de la primera década de este siglo,  un detallado seguimiento a los diversos factores que interfieren con el libre y autónomo desarrollo de los procesos electorales. Los mapas de riesgos electorales han contribuido enormemente al debate sobre estos riesgos electorales en el país. En su último informe sobre factores asociados con la violencia política nos señala que desde el 27 de octubre de 2018 y hasta el 27 de junio de 2019 registro 265 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos, 75 (28%) fueron asesinados. Tras 244 días de calendario electoral, en promedio cada tres días están asesinando a un líder político, social o comunal en Colombia. En este período la MOE registró 34 precandidatos victimas de diversas formas de violencia, 7 de ellos fueron asesinados (5 aspiraban a las alcaldías y 2 a concejos municipales). Las agresiones se presentaron  en 114 municipios de 14 departamentos del país.

Los líderes comunales son los más afectados por los homicidios mientras que los líderes políticos son sujetos principalmente de amenazas. 79 de las 265 víctimas (30%) tienen filiación política clara, los demás son funcionarios sin partido político o líderes sociales o comunales. La violencia política golpea a todas las colectividades independientemente de su posición en el espectro político. Con 17 víctimas dentro de las 79 claramente identificadas, el Centro democrático partido de la extrema derecha y hoy en el gobierno es el que registra el mayor número de agresiones de las cuales 13 fueron amenazas y 4 atentados. Los partidos de la centro izquierda (Verdes, Unión Patriótica, Colombia Humana, Polo Democrático recibieron 17 amenazas y 2 candidatos del Partido Alianza Verde fueron asesinados). [i]

El otro riesgo también señalado por la MOE tiene que ver con el costreñimiento a los electores y con el financiamiento de las actividades políticas por actores armados ilegales y por el narcotráfico. Ese informe señaló que hay evidencias de serios riesgos electorales por estos factores en 130 municipios del país. A lo anterior hay que agregar riesgos que se presentan dentro del propio sistema electoral y que no son debidamente sancionados por las autoridades electorales tales como trashumancia electoral, es decir, trasteo de votantes de un municipio a otro para ganar las elecciones a donde se trasladan esos votantes, fraude electoral y compra de votos con dinero o con dádivas. Estamos pues muy lejos de contar con unas elecciones desprovistas de riesgos los unos asociados al anacrónico conflicto armado que sigue existiendo en el país y  a la arquitectura institucional que favorece y encubre a quienes atentan contra las elecciones libres y autónomas afectando seriamente la soberanía popular.

La disputa política en curso una primera aproximación

Estas elecciones son cruciales para el futuro del país por varias razones, pero, la principal tiene que ver con el futuro de paz o guerra que son dos alternativas abiertas a raíz de las negociaciones y los acuerdos suscritos por el Gobierno de Juan Manuel Santos y a los cuales se ha opuesto el bloque de la extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No obstante este que es un dilema central para el país se desdibuja cuando se mira el comportamiento político de los partidos de la extrema derecha con respecto a los partidos del centro y de la izquierda en la conformación de las coaliciones regionales para gobernaciones y alcaldías municipales.

Por ejemplo en el caso específico de Bogotá se ven las incongruencias en este comportamiento político. Alrededor de la candidatura de Miguel Uribe Turbay han confluido el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático y las huestes del pésimo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Miguel Uribe fue hasta hace poco el secretario de gobierno de Peñalosa. En el centro del espectro político se levanta la candidatura de Carlos Fernando Galán hijo del inmolado líder Luis Carlos Galán quien renuncio a su curul de senador por el Partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras por discrepancias alrededor del proceso de paz. Galán va por firmas y es segundo en las encuestas.

Y en el espectro del centro izquierda que ha mantenido coherencia política e ideológica en la medida en que en sus propuestas programáticas mantiene como uno de los puntos centrales la defensa del proceso de paz y su construcción en los territorios, en primer lugar aparece la candidatura de Claudia López Hernández, quien reúne alrededor de su candidatura a la mayor cantidad de fuerzas del centro izquierda. Este domingo 21 de julio concreto una alianza como candidata de los Verdes, el Polo Democrático, la Unión Patriótica e independientes como el centrista Sergio Fajardo. Solo quedaron por fuera hasta ahora las huestes de Colombia Humana de Gustavo Petro aunque logró el apoyo del precandidato Jorge Rojas afecto a esta corriente política además de los precandidatos del Polo Democrático, Célio Nieves y del independiente, Luis Ernesto Gómez.

Las diferencias con Gustavo Petro no se dan con respecto al respaldo al proceso de Paz sino a asuntos relacionados con el metro y al lugar de temas sociales dentro de las prioridades. Aún esta división que sería nefasta para garantizar que el segundo cargo más importante del país quede en manos del centro izquierda es posible de superar pues la división no obedece a asuntos fundamentales sino a temas de política pública de movilidad. Petro plantea que el metro que debe construirse debe ser un metro pesado subterráneo con lo cual está de acuerdo Claudia López pero ella plantea que si el metro liviano y superficial queda contratado en esta administración ella trataría de modificar esa decisión,  pero si no es posible su modificación haría en su gobierno lo que deje contratado Peñalosa,  quien  hace todos los esfuerzos para dejarlo adjudicado en octubre próximo apenas a unos meses de terminar su mandato en una irresponsabilidad mayúscula con la ciudad y sus habitantes. Esperemos como ya dijimos que finalmente se logre un acuerdo que daría un impulso enorme a las aspiraciones del centro izquierda de recuperar la alcaldía de Bogotá.

En otras regiones del país se mantiene la coherencia del Centro Izquierda pero no así del centro del espectro político. En la disputa por la Alcaldía de Cali, por ejemplo, la mayor parte de las fuerzas del centro izquierda respalda las aspiraciones de Jorge Iván Ospina del Partido Verde que cuenta con el respaldo del resto de partidos del centro Izquierda pero no de Sergio Fajardo quien en esa ciudad respalda la candidatura de Alejandro Eder un empresario que va por firmas a la Alcaldía de dicha ciudad.

En Antioquia y en Medellín se presenta una situación similar a la de Cali pero también diferente a la de Bogotá. El candidato por firmas Aníbal Gaviria quien proviene del liberalismo y ya fue gobernador y alcalde de la ciudad de Medellín cuenta con el respaldo del Partido Liberal pero también del Partido Alianza Verde. El candidato de Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, Iván Mauricio Pérez que aspiraba a contar con el apoyo del Verde se quedó solo y tendrá que inscribirse por firmas que aún no ha entregado a la Registraduría y no podrá presentar candidatos a Alcaldías y Concejos ni a la Asamblea Departamental. Gaviria ha respaldo y respalda públicamente el proceso de Paz. El uribismo por su parte irá solo a la gobernación  de Antioquia con su candidato Andrés Guerra Hoyos pues los conservadores que son sus aliados a nivel nacional irán con candidato propio, Juan Camilo Restrepo Gómez. La diáspora del centro derecha y de la derecha es evidente allí y se reproduce en las candidaturas a la Alcaldía de Medellín.

En resumen por fortuna para el centro izquierda se mantiene una mínima coherencia en su comportamiento político pero persisten desencuentros y divisiones que afectaran los resultados electorales en una coyuntura crítica para el avance de las fuerzas democráticas y del proceso de paz. También esas divisiones afectan a la derecha y al centro derecha que no logra coherencia en su comportamiento político.

Movilización por la Paz y contra el asesinato de los líderes y lideresas sociales     

Mañana 26 de julio nos movilizaremos para condenar y exigir del Estado que cese el asesinato de Líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC. Desde la firma de los acuerdos de Paz en noviembre de 2016 han sido asesinados 720 líderes y lideresas sociales en todo el país y 137 excombatientes de las FARC. Exigiremos el desmonte de los grupos paramilitares. La movilización ha sido convocada por el Movimiento Defendamos la Paz. Se realizará en 80 ciudades de Colombia y del Mundo. Allí estaremos.

Bogotá 25 de julio de 2019