El maquillaje de las estadísticas fue una práctica de uso corriente en México tanto en los 36 años de capitalismo salvaje (neoliberalismo) de compadres, como mucho antes, de tal suerte que las estadísticas oficiales con frecuencia eran puestas en duda en forma automática por el simple hecho de provenir del gobierno y sus dependencias.

Mas hacerlo con la comisión de los delitos manipulando la apertura de lo que ahora se denomina carpeta de investigación (averiguación previa, antes) y todo indica que con el propósito de lavarle la cara al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en su sueño guajiro de ser candidato presidencial del ahora desfondado y sumamente descreditado Partido de la Revolución Democrática, pues no tiene nombre porque es jugar con la vida y los bienes de los 9 millones de habitantes de la gran urbe azteca. Otra cosa es la población de la zona metropolitana del Valle de México que, junto con la capital, sumaban 20 millones 843 mil habitantes en 2018.

El hecho es que la Procuraduría capitalina interpuso, el lunes 22, denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía para Servidores Públicos local contra quien resulte responsable por el maquillaje de cifras sobre índices delictivos durante el gobierno del ahora senador Mancera.

Anteriormente, en febrero, la procuradora capitalina Ernestina Godoy, dio a conocer la existencia de un tope artificial en los delitos de alto impacto reportados, también una clasificación inadecuada de hasta 68% de las carpetas de los mismos, para demostrar que la incidencia delictiva estaba bajo control.

La titular de la Jefatura de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó las acusaciones y denunció la gravedad de que la mala clasificación de los expedientes se presentara en crímenes como violación, homicidios dolosos y feminicidios, mimos que al registrarse como denuncias de hechos daban una idea falsa de la situación de la seguridad pública y dejaban a las víctimas en la indefensión casi total.

Juicios gubernamentales que fueron reconfirmados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en base a un análisis que establece que la manipulación de las estadísticas por el gobierno de Mancera fue de tal magnitud que en algunos ilícitos se llegó a ocultar hasta 75% de los casos.

Al ocultamiento estadístico, y su consecuente falseamiento, incorporaron prácticas ilegales como la presencia de policías de investigación alrededor de las agencias del Ministerio Público con la tarea precisa de disuadir a las víctimas de algún ilícito para que no interpusieran la denuncia.

La voracidad política de Mancera Espinosa condujo a negar su propio pasado de eficacia como procurador capitalino bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, del que ya como sustituto en 2012 abjuró y lo sometió a una campaña de linchamiento mediático por las presuntas corruptelas en la construcción de la Línea 12 del Metro. Cuando el ahora canciller fue ratificado en forma unánime por el Senado, Miguel Ángel lo denominó “un gran señor”. ¡Politiquería!

Las investigaciones ministeriales están en curso e involucran al exprocurador general de la Ciudad de México Edmundo Garrido Osorio y 106 servidores públicos más, pero no contempla al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presunto autor intelectual del gran operativo falsificador de los ilícitos cometidos, y además nugatorio de los derechos a la información y a la justicia de los capitalinos mexicanos. ¡Qué pena!

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