Un nuevo hallazgo de restos humanos en un ex cuartel del ejército reabre el debate sobre el escaso avance de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar que asoló Uruguay entre 1873 y 1985. En diálogo con CLATE, Josélo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE – miembro de la CLATE) e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central PIT-CNT, entre otros conceptos, expresó que “el Estado uruguayo, desde el retorno de la democracia, sigue teniendo una deuda enorme con el pueblo en esta materia”.

En 1986 la justicia uruguaya comenzó a citar a militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad. La respuesta provino del propio comandante en jefe del Ejército, el general Hugo Medina, quien avaló el desacato de los indagados y puso en jaque a la naciente democracia. La presión castrense no se limitó al Poder Judicial. También sobre el presidente, Julio María Sanguinetti, quien a su vez coaccionó al parlamento. Así, el 22 de diciembre de ese año, se aprobó la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y Clausura de los Procedimientos contra Funcionarios Policiales y Militares”. De esta manera, bajo amenaza de golpe, se sentaron las bases para la impunidad de los crímenes cometido por la dictadura entre 1973 y 1985.

La obturación de todas las citaciones judiciales y la imposibilidad de investigación a futuro sobre el Terrorismo de Estado es una herida abierta para Uruguay. Y Medina fue un actor de peso en la perpetuación de la impunidad. Fue el último comandante en Jefe del Ejército de la dictadura y el primero de la democracia. Su primer contacto con los medios tras el retorno a las libertades fue advertir que el curso que debía tomar la nueva etapa política en el país debía ser sin mirar al pasado. Se retiró del ejército en 1987, pero no de la tutela del primer gobierno posdictatorial: fue designado Ministro de Defensa, cargo en el que se mantuvo hasta 1990. Un año después, en una entrevista, admitió haber ordenado torturas durante el régimen militar.

A 34 años de recuperación de la democracia, uno nuevo hecho sala esa herida: el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Peciballe, informó que el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) halló en el predio del ex Batallón de Infantería Blindado Nº 13 un esqueleto completo, que estaba enterrado “más o menos a un metro” de profundidad y que había sido cubierto de cal en el momento del enterramiento.

El GIAF constató que se trata de un individuo adulto. Es el quinto hallazgo de restos de detenidos-desaparecidos en Uruguay. Siempre con el mismo patrón: cubiertos de cal y enclaustrados a un metro de profundidad.  

Los cuatro detenidos-desaparecidos hallados hasta ahora son Ubagesner Chaves Sosa, encontrado el 29 de noviembre de 2005 en la chacra de la Fuerza Aérea  de la localidad de Pando, afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y al Partido Comunista; Fernando Miranda, descubierto el 2 de diciembre de 2005 en el Batallón de Infantería 13 de Montevideo, militaba en el Partido Comunista; Julio Castro fue ubicado el 21 de octubre de 2011 en el Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, docente, de la Federación Uruguaya de Magisterio; y Ricardo Blanco, hallado el 15 de marzo de 2012 en el  Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, integraba la Agrupación de Funcionarios estatales, UTE.

Un nuevo cuerpo fue hallado, un cuerpo que trae en sus huellas las respuestas que los poderes del Estado no se atrevieron a dar aún.

Josélo López

En diálogo con CLATE, Josélo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y miembro del Secretariado Ejecutivo de la central obrera  se refirió al reciente descubrimiento de restos en un cuartel militar y el mensaje que deja sobre las respuestas estatales a los crímenes de la dictadura.   

¿Considera que existe una deuda del Estado con las víctimas de violaciones a los derechos humanos?

Definitivamente sí, podemos afirmar que el Estado uruguayo, desde el retorno de la democracia, sigue teniendo una deuda enorme con el pueblo en esta materia. El movimiento sindical en su conjunto, a través del PIT-CNT, y en lo que nos corresponde, mediante COFE, hemos hecho sentir nuestra voz y reclamos, acompañando a la vez la lucha de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desparecidos.  Y en ese sentido, estas organizaciones y otras que trabajan en materia de defensa de los derechos humanos coinciden en la afirmación respecto de que el Estado uruguayo mantiene una vergonzosa deuda con las víctimas, con los familiares y con la sociedad en su conjunto. Confirman estas apreciaciones el hecho de que tan solo un puñado de militares han sido juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad, y aun en estos casos han tenido tratamientos preferenciales y han mantenido sus privilegios. Cada 20 de mayo en nuestro país se celebra la Marcha del Silencio, cada año reúne más y más participantes, contándose por cientos de miles. Cada año la consigna elegida tiene que ver con reclamo de Verdad, Memoria y Justicia. Si el tema estuviera resuelto, la marcha sería un recordatorio y un compromiso con el mantenimiento de un estado de derecho donde nunca más se vuelvan a repetir tan graves violaciones de derechos. Pero las marchas siguen siendo, además de eso, principalmente, un espacio de reclamo para que cese la impunidad.

¿El Poder Judicial es receptivo a las denuncias de familiares de víctimas de desapariciones forzadas?

El Poder Judicial ha tenido comportamientos dispares. En los últimos años se podría observar una cierta apertura, pero, en definitiva, haciendo un balance desde 1985 a la fecha, la deuda que el Estado mantiene con la ciudadanía en su conjunto y en particular con los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado, se sustenta en varias patas, y una de ellas, es la del Poder Judicial. Es preciso discriminar que, dentro del aparato de dicho poder, se observa la actuación persistente, valiente y con absoluta independencia técnica que han llevado adelante algunos jueces y juezas, en la búsqueda de la verdad y el establecimiento de justicia. Esto ha provocado una reacción adversa en el órgano máximo del Poder Judicial como lo es la Suprema Corte de Justicia, que ha tenido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a como dé lugar, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas en la dictadura militar. Efectivamente, ha emitido fallos y sentencias violatorios del derecho internacional y ha llegado a sancionar veladamente a jueces de lo Penal que quisieron seguir con los procesos intentados contra miembros de las Fuerzas Armadas. Estas sanciones aparecen disfrazadas como traslados inconsultos e infundados de sus cargos, con el fin de obstaculizar los avances en los procesos penales pendientes. El caso más resonante fue el de la jueza Mariana Motta que tenía a su cargo más de 50 casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en la dictadura. En 2010, condenó al expresidente y dictador Juan María Bordaberry por delitos de atentado contra la Constitución, desaparición forzada de personas y homicidio político. En 2013, es trasladada de forma abrupta a un Juzgado Civil. Posteriormente, renunció y hoy preside la Institución Nacional de Derechos Humanos.

América Latina, a excepción de la Argentina, no ha tenido una política estatal para que los mandos militares y civiles paguen por el terrorismo de estado, ¿Coincide?

Hay elementos en común en los procesos dictatoriales que se fueron desarrollando en la década de los 60, 70 y parte de los 80 en toda Latinoamérica. Estos eventos no fueron casuales, obedecieron a un plan que tuvo sus orígenes en los años inmediatos posteriores al triunfo de la Revolución Cubana (1959). Tuvieron su “madurez” como coordinación internacional, con base en los organismos de inteligencia norteamericanos, en lo que se dio a conocer como Plan Cóndor. Asímismo, las dictaduras se fueron estableciendo en distintos años (salvo Chile y Uruguay que ambos inician en 1973) y el retorno a la democracia también fue en distintos años en el continente. Pese a estas similitudes, los gobiernos democráticos que se fueron restableciendo tuvieron comportamientos distintos. Por momentos se vio una suerte de “coincidencia progresista “, en las figuras de los presidentes Evo Morales, Lula Da Silva, Hugo Chávez, Michelle Bachellet, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, Rafael Correa, Fernando Lugo. Sin embargo, no hubo una traducción directa de esto, como podría esperarse, en un avance en materia de verdad, justicia y reparación. Las legislaturas de cada país requieren de mecanismos que no son iguales entre sí, para habilitar las investigaciones, los aparatos de inteligencia de estos siguen siendo poderosos, el papel de los Estados Unidos en el ocultamiento de archivos, permanece fuerte, las fuerzas políticas que se fueron alternando en los gobiernos también son variadas, muchas de ellas conformadas en “frentes” donde los partidos políticos que los integran, han puesto énfasis diversos en esta materia. Es preciso alcanzar amplios consensos sociales, tener gobernantes con voluntad política férrea y un compromiso real, más allá de la ratificación de pactos y convenios internacionales, para que la impunidad deje de ser la regla. Eso es lo que tuvo Argentina a diferencia del resto del continente. Los trabajadores organizados seguiremos, junto con las organizaciones de derechos humanos, bregando para transformar esta realidad.

@marianovazkez

http://www.clate.org/nota.asp?id=6169&name=Heridas_abiertas_en_la_historia_uruguaya