“Honduras debe ser un país seguro en la medida que evitemos que se aglomere o pueda crecer una ola enorme de extranjeros en territorio nacional “.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras

Al parecer Donald Trump encontró la fórmula mágica para frenar la migración hacia Estados Unidos, que complementa las acciones para avanzar más rápido en la construcción del muro en la frontera con México. Esta fórmula empieza por denunciar a países como México, Guatemala y Honduras, de no hacer nada por detener a los migrantes, seguido de la amenaza de aumento de aranceles a las importaciones de estos países y, en el caso particular de Guatemala y Honduras, un impuesto progresivo a las remesas que se envían desde EEUU, que representan una parte importante de las divisas que se captan para enfrentar los desequilibrios estructurales en las cuentas externas y frenar la devaluación “acelerada” de la moneda.

Nadie pensaba que después del discurso de toma posesión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se aceptara sin mas este chantaje de Trump; pero contrario al pasado, México decidió convertirse en primer “país seguro” para el migrante al condicionarlo a pedir asilo para poder optar a entrar a EEUU, complementado con la instalación de campos de migrantes y planes de deportaciones masivas incluso sin que intervenga el gobierno norteamericano y organizaciones defensoras de derechos humanos.

A ello se sumó, Guatemala, como segundo país seguro, en especial para migrantes hondureños y salvadoreños, lo que deben tramitar su llamado asilo migrante dentro de ese país, complementado con acciones de deportaciones masivas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Con estas acciones, prácticamente, se inválida el concepto de libre movilidad de ciudadanos del CA-4, países de la región, ya que incluso las exigencias en materia de identificación y validación de documentos aumentan; la tarjeta de identidad pierde vigencia y se exige otra información colateral.

En el caso de Honduras, Donald Trump suspendió parte de la ayuda económica por no cumplir con la retención de las caravanas de migrantes, pero, además, amenazó con aumentar el arancel de entrada de entre 10% y 20% a los productos generados por la maquila instalada en Honduras y CAFTA, y un impuesto a las remesas, el principal producto de exportación del país, estimado su monto para 2019 en 5,100 millones de dólares, más del 20%/PIB. La exigencia es que Honduras se convierta en tercer país seguro, en especial para los migrantes cubanos y nicaragüenses, lo que implica que estos ciudadanos deben pedir asilo en este país y tramitar desde allí, para aquellos pocos que califiquen, sus papeles para entrar a EEUU.

El presidente Juan Orlando Hernandez (JOH) ha puesto el grito a cielo y salido a los medios televisivos “tarifados” a denunciar los impactos negativos que tendrían estas medidas de política en la clase trabajadora que labora en las maquilas y en la población de bajos recursos que recibe remesas, incluso en la economía nacional ( acceso a un fuente creciente de divisas), de concretarse las amenazas de Trump; un manera de concientizar a la población para que avale un acuerdo de migración con EEUU al estilo del presidente norteamericano. Pero desde su visita a Washington en agosto de 2019 y reunión con el Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, ya había en negociación un acuerdo en materia de asilo migrante.

Aunque el canciller de la República, Lisandro Rosales, ha negado que Honduras se convertirá en Tercer País Seguro de la región, lo cierto es que las condiciones del Acuerdo así lo demuestran. En primer lugar, se exigirá que las solicitudes de visa (asilo o refugiado) para entrar a suelo norteamericano por nicaragüenses y cubanos, se harán en Honduras. En segundo lugar, la reducción de la deportación de hondureños desde USA a 48 horas máximo; en tercer lugar, la asistencia de agentes federales de EEUU a Honduras para el control de la migración irregular y, finalmente, la aplicación de la Ley a los migrantes que presenten irregularidades en su documentación.

El problema es que Honduras es un país en pobreza, donde más del 60% de la población enfrenta esta carencia humana, hay un creciente aumento del desempleo estructural y subempleo, donde los salarios pagados son insuficientes para vivir, lo que induce a muchos hondureños a buscar el sueño americano en conjunto con sus familias. El gobierno se ha declarado incapaz para ofrecer un espacio de vida a sus habitantes, por lo que la instalación de un “dique” de retención para migrantes nicaragüenses y cubanos en el territorio será un lastre más que no podrá llevar, viéndose obligado a solicitar ayuda a las Naciones Unidas ya que el gobierno de Trump no está dispuesto a soltar mas recursos a un gobierno altamente corrupto y acusado de narcotráfico.

A ello hay que sumar la creciente inseguridad social, y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en especial de la población indígena y campesina que lucha contra el extractivismo rapaz, que ya cubre cerca del 50% del territorio nacional y amenaza las fuentes de agua, producción alimentaria y la vida humana. La migración es un derecho humano, pretender frenarla constituye una violación, por lo que se hace necesario revisar estos acuerdos denominados de cooperación en materia de asilo migrante.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha venido promocionando el Plan de Desarrollo para el Triángulo Norte y México, como una solución al problema migratorio; sin embargo, su imaginario de desarrollo parte de la premisa que las acciones ejecutadas por el (los) gobierno en temas como cambio climático, seguridad alimentaria, protección al migrante y sus derechos humanos, compensación social, extractivismo agrícola, forestal y minero, mercado de trabajo, salarios y manejo de los recursos públicos son las mas adecuadas, no se cuestionan directamente.

Lo anterior constituye una de las principales debilidades de un instrumento que ha sido vendido a los gobiernos como la panacea para erradicar las causas de la migración y mejorar las condiciones materiales de vida de la población. En realidad, las acciones ejecutadas por los gobiernos, caso de los Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo con EEUU, conspiran contra las imaginarias bondades del plan.

Tegucigalpa, DC, 23 de Septiembre de 2019