Cuentan algunos, y otros se lo creen, que la principal razón de la baja inversión del sector privado en Venezuela es la falta de incentivos.

Esta leyenda urbana no coincide en lo absoluto con el hecho de que el sector privado ha recibido US$ 695.026 millones a tasa preferencial de parte del Estado venezolano desde 1970, lo cual luce a simple vista suficiente incentivo. Se trata de las divisas que ingresan por la venta de petróleo.

Además de la apropiación de las divisas que ingresan por exportación de petróleo y de la clásica apropiación de la plusvalía en el proceso social del trabajo, en Venezuela, la burguesía cuenta con un tercer mecanismo de apropiación de la riqueza y es a través de la baja presión tributaria.

Desde que tenemos petróleo, y desde que éste se “nacionalizó” en 1976, el Estado no se ha ocupado en fijar y cobrar tributos a las empresas privadas porque “ha contado” con los ingresos provenientes de los impuestos generados por la principal industria, Petróleos de Venezuela SA.

Somos el país de América Latina con menor presión tributaria. La presión tributaria se calcula dividiendo el total de impuestos recaudados entre el producto interno bruto. En Venezuela ha sido, en promedio desde 1990, escasamente el 13%. En la Región supera el 20% y en los países miembros de la OCED, la presión tributaria ronda el 40%.

Por ejemplo, la presión tributaria en Argentina es 37,3%, Brasil 36,3%, Uruguay 26,3%, Bolivia 26%, Chile 20,8%, Ecuador 20,2%, México 19,6%, Colombia 19,2%, por mencionar algunos vecinos.

Desde 1970 hasta 1991, la presión tributaria en Venezuela disminuyó 46%, llegó al 3%. A partir de ese año comenzó a aumentar y actualmente se ubica en 13%. Aumentó no porque la burguesía esté pagando más impuestos, sino porque todos los venezolanos, principalmente los de la clase obrera, pagamos impuestos cada vez que compramos bienes y servicios, independientemente del monto de nuestro salario. De ese 13% de presión tributaria, solo 3 puntos corresponden a impuestos sobre la renta, los otros 10 son IVA.

Sugieren algunos bajar la presión tributaria para que las empresas privadas se incentiven e inviertan en Venezuela. Hay quienes se creen el cuento.

Expropiaciones

Cuentan en las calles y especialmente en algunos medios de comunicación que desde 1999 fue desmantelada la empresa privada, que la Revolución Bolivariana las expropió. Afirman que esa es la causa de la desconfianza y desincentivo de los inversionistas. Completan el cuento diciendo que los controles de precios, el control del mercado cambiario y la supuesta falta de divisas los ha desmotivado.

Según el IV Censo económico industrial realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2008, de las 28.222 unidades económicas correspondientes a la actividad industrial, solo el 1,2% está en manos del sector público, es decir, 363, mientras que el 98,71% restante pertenece al sector privado.

En cuanto a las unidades económicas relacionadas con la actividad del comercio, el sector público cuenta con 294 de las 243.444, es decir, el 0,12%. El 99,87% restante pertenecen al sector privado. Y de la actividad servicios corresponde 0,88% al sector público, 943 unidades de las 111.333 totales, el resto pertenece al sector privado.

Basta recorrer las regiones industriales del país, darse un paseíto por las grandes extensiones de tierra en la región de los llanos, hacer una parada en los centros comerciales, muchos de ellos construidos en Revolución, pasar por los supermercados, abastos, farmacias y aprovechar de revisar las marcas para darse cuenta que en su gran mayoría fueron producidas por la industria privada. La industria privada nunca fue desmantelada como algunos cuentan.

Corolario

La burguesía nacional y transnacional ha recibido alrededor de 700.000 millones de dólares baratos desde 1970, lo que equivale al 55% de todo lo que en este país ha ingresado por exportación de petróleo. Ese monto representa, más o menos, 50 veces lo que invirtió Europa para su reconstrucción después de la II Guerra Mundial con el Plan Marshall.

En Revolución, desde 1999 hasta 2018, estos grandes capitales recibieron por lo menos US$ 426.488 millones. De los cuales, según la balanza de pagos del BCV, US$ 94.911 corresponden a repatriaciones de dividendos. De esos 94.911 millones de dólares que la burguesía ha repatriado, US$ 46.109 millones se los llevó en tiempos de guerra económica, entre 2013 y 2018, Mientras tanto echaban el cuento de la “crisis humanitaria”.

A pesar de todo ese dineral que desde 1970 ha recibido, y a pesar de que no paga ni medio de impuestos, la burguesía transnacionalizada no solo se queja, sino que además disminuyó 75% sus inversiones desde 1970: en 1977 invertían el 24% del PIB y en 2014 el 6%. Por su parte, el Estado, al que dicen ser ineficiente, con las divisas que no se llevó la burguesía, aumentó la inversión y el gasto públicos 275%: en 2003 era 12% del PIB y en 2014 45% lo que le permitió cubrir una gran deuda social, fortalecer los servicios públicos de salud, educación, vivienda, transporte, disminuir 57% la pobreza, liberar al pueblo de analfabetismo, mejorar los niveles de nutrición.

La guinda del helado, por si fuera poco, la tasa de rentabilidad de la burguesía nacional y transnacional supuestamente desmantelada, expropiada y desincentivada registró un incremento sostenido de 144% durante la Revolución ubicándose para el año 2008 en 22%, los niveles históricos más altos desde 1970, muy por encima de la tasa de ganancia del sector farmacéutico, que a nivel internacional, siendo la más elevada, no llega al 15%.

En lugar de cobrárselos le hemos rendido tributo a la burguesía transnacionalizada, de paso le hemos regalado la renta petrolera del pueblo venezolano, además de lo que, por su naturaleza, se han apropiado vía plusvalía.

Ya lo dijo Chávez en mayo de 2010: “Nosotros parecemos pendejos, dándole los dólares a la burguesía”,

- Pasqualina Curcio es Profesora Titular, Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Simón Bolívar-Venezuela