San Juan, 17 de diciembre de 2019 (NCM) – Un documento del Departamento de Justicia indica que el Gobierno de Puerto Rico ha tenido un plan, preparado en el año 2017, para volver a enviar a la cárcel a la prisionera política Nina Droz, luego de terminar la sentencia que cumple por el motín del Primero de Mayo de aquel año en la zona bancaria de Hato Rey.

El documento, con los sellos oficiales del Departamento de Justicia, no especifica por cuáles cargos sería acusada de nuevo la ex campeona nacional de equitación, que se ha convertido en un símbolo de resistencia en Puerto Rico y los reclamos para su excarcelación se acumularon por miles y miles.

Droz fue traída a Puerto Rico a principios de este mes para que cumpla los meses que le faltan de su pena en una “casa de transición” del sistema federal de prisiones de Estados Unidos, lo cual le permitiría conseguir trabajo y organizar su tránsito a la vida en libertad en cuestión de meses. Pero el documento, obtenido de una fuente con relaciones en el Departamento de Justicia, indica que casi desde su arresto original ya había la intención de volver a acusarla cuando concluyera el control federal de la prisionera.

Sin embargo, con todo lo grave que es el plan con respecto a Droz, es apenas una parte de todo un sistema de vigilancia, asedio y persecución, montado en secreto por el Gobierno de Puerto Rico, algunas de cuyas manifestaciones comienzan a conocerse ahora. La reanudación de dicho sistema de persecución contra independentistas, estudiantes y sindicalistas, comenzó a organizarse a principios de 2013, pero es a partir de 2017 que empezó a manifestarse con más fuerza.

Así por ejemplo, luego del asalto a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico durante la huelga estudiantil de 2017, la Policía y el Departamento de Justicia usaron fotografías tomadas en eventos legales para identificar sospechosos. Dichas fotos revelan que los agentes encubiertos estaban vigilando y asediando a estudiantes desde antes de los hechos que motivaron las acusaciones contra ellos.

De igual manera, durante el motín del Primero de Mayo de 2018 –ocurrido también en la zona bancaria- una escuadra de la Policía se desvió de su ruta sin mayor explicación para ir directamente a la casa de un militante independentista y allí fueron arrestados sus hijos. Nunca se estableció cómo fue que la Policía supo exactamente a dónde ir en su incursión por el populoso sector de Santa Rita, cercano a la Universidad.

Los motines de 2017 y 2018 sirvieron además para que la Policía hiciera un gran despliegue de vigilancia electrónica, lo que motivó querellas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que documentaron aspectos ilegales. Sin embargo, en ese momento, el PIP no se topó con pruebas de que la división de inteligencia de la Policía estuviera usando un sistema de agentes encubiertos para infiltrar grupos y mantener una vigilancia sistemática sobre los marcados.

Durante casi todo el siglo veinte, la Policía de Puerto Rico –como agente subsidiaria del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las divisiones de inteligencia militar de EEUU- montó expedientes de vigilancia de “separatistas y subversivos” que llegó a acumular 130.000 personas fichadas. El sistema fue desmantelado e ilegalizado entre 1987 y 1996, como secuela de las ejecuciones sumarias de dos independentistas en el suceso que pasó a la historia como “el caso del Cerro Maravilla”.

Pero en 2013 la Policía rindió un informe confidencial alegando que el gobierno estaba infiltrado por los independentistas y se ordenó la reactivación del sistema de agentes encubiertos para infiltrar los grupos independentistas, estudiantiles y sindicales.

El uso de fotografías de vigilancia tomadas en el transcurso de actividades cotidianas y de la identificación de sospechosos por exhibir insignias, como las del PIP o del Partido del Pueblo Trabajador, altera el conocimiento obtenido sobre esta etapa de las operaciones secretas de la Policía y el Departamento de Justicia.

De igual forma, las informaciones de que policías y fiscales han recopilado los números de identificación electrónica de usuarios de la prensa estudiantil universitaria y hasta de personas que sencillamente comentan por internet las noticias que aparecen en la prensa regular del país, da un sentido de amplitud de todo el sistema.

Pero aún dentro de todo ese marco, el caso de Droz tiene unos perfiles particulares.

La amazona y modelo puertorriqueña, que al momento de los hechos había vuelto a estudiar en la UPR y expresaba su interés de desarrollar prótesis para mascotas lisiadas, fue fotografiada durante el motín de 2017 tratando de encender un papel con un pie en el Banco Popular, que era blanco de ataques a pedradas, palos y tubos. Droz aparentemente llevaba en su mochila el equipo para su espectáculo circense de lanzar fuego por la boca, con el que había participado en una película de Hollywood.

Aunque al principio se le imputó un intento de pegarle fuego al gigantesco edificio con aquel papel que nunca encendió, luego se aceptó que se declarase culpable sólo de conspiración, sin que se tomara prueba alguna de con quién habría conspirado. Su encierro en la cárcel estuvo marcado por informes sobre torturas físicas y emocionales, con negativas de darle los medicamentos para sus padecimientos y hasta de intentos de vejar su dignidad íntima.

Cuando llegó a Puerto Rico desde la prisión en EEUU caminó a paso firme y rostro decidido. En la ocasión hizo un llamado apasionado a que el pueblo no sea “cobarde” y no se limite a lo que pasó con el alzamiento del verano de 2019 –que derrocó el gobierno de Ricardo Rosselló- sino que de verdad se rebele y le quite todos los recursos económicos a la dictadura de la Junta de Control Fiscal impuesta por EEUU.

En el documento interno sobre Nina Droz, se le informa a la jefatura de la fiscalía de San Juan que el caso estaba “pendiente para radicar una vez terminen los federales con ella”.