El asesinato del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el General Qasem Soleimani, y del irakí Abu Mahdi al-Mohandes, por EEUU, constituye un acto de agresión en contra de Irak e Irán.

Se trata de un acto terrorista y no de un acto de guerra legítimo. Soleimani tenía el más alto perfil como funcionario de Estado y, desde el punto de vista de los tratados antiterroristas promovidos especialmente por EEUU, el General Soleimani tenía inmunidad diplomática.

El Tratado de Montreal de 1971, promovido por Washington para prevenir el secuestro de aviones, establece claramente que los jefes militares o los comandantes de cualquier país, tienen igual condición diplomática que los jefes de Estado o de Gobierno.

Dicho tratado, valga la analogía, le reconocía inmunidad al General Manuel Antonio Noriega, porque este militar era el Comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá y constitucionalmente jefe de Gobierno y no podía ser objeto de persecución, amenaza, difamación, ataque, captura o extradición. Noriega fue secuestrado arbitrariamente por el Comando Sur y la DEA de EEUU, con la complicidad del Nuncio Sebastián Laboa (Vaticano).

El asesinato del General Soleimani traerá graves repercusiones mundiales. El mismo acto constituye una clara declaración de guerra a Irán y le da derecho a este país para llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La ONU ha asegurado que el asesinato del General Gasem Soleimani y del iraquí Abu Madhi al-Mohandes viola el derecho internacional. Así lo ha reconocido la relatora especial del organismo internacional sobre Asesinatos Selectivos y Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamand.

La citada funcionaria ha dicho que estos asesinatos están fuera del contexto de hostilidades activas y que el uso de drones y otros medios para asesinatos selectivos casi nunca es legal.

Por supuesto, a EEUU, y al presidente Donald Trump en especial, le caben responsabilidades penales internacionales y pueden ser llevados ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Espero que su no reconocimiento de la CIP por EEUU sea un obstáculo, igual que no debe ser impedimento llevar a Israel al mismo tribunal por su opresión y despojo a Palestina.

Mientras tanto, Irán ha dicho que va a tomar represalias duras. Es obvio que Irán tiene una enorme importancia geoestratégica en Medio Oriente y a nivel mundial. Irán controla el paso de barcos petroleros en un espacio geopolítico clave entre Oriente y Occidente.

El asesinato de Soleimani puede tener consecuencias incluso hasta para Panamá porque el Canal está en un espacio geopolítico controlado por EEUU. De hecho, Panamá eliminó a barcos tanqueros de Irán de nuestra Marina Mercante, a requerimiento de EEU como parte de sus sanciones ilegales a Irán.

El hecho de que el Canal tenga a la superpotencia como principal garante de su neutralidad acarrea una gran amenaza hacia Panamá, porque EEUU es la potencia más guerrerista a nivel mundial, actúa hegemónicamente y no respeta las normas jurídicas internacionales.

En consecuencia, el Canal de Panamá y nuestro país ya constituyen un objeto legítimo de represalia por culpa de EEUU.

Nuestro pueblo debe luchar prioritariamente para modificar el régimen de neutralidad del Canal de Panamá y hacerlo extensivo a toda la república. Con este propósito, debemos lograr una garantía multilateral directa por parte de las principales potencias del mundo incluidos EEUU, China, Rusia e India, y de América Latina en general.

En efecto, se trata de establecer un régimen que garantice la neutralidad auténtica de nuestro canal que se concilie con la soberanía panameña.

Tal régimen debe garantizar un seguro y libre tránsito en todo tiempo para barcos, mercantes o de guerra. En la actualidad, este principio no se aplica porque EEUU ha impedido u obstaculizado el tránsito de barcos mercantes y de guerra de Rusia (“Almirante Chabanenko”) y de Corea del Norte (“Chong Chon Gang”) en 2009 y 2011, respectivamente. EEUU no reconoce la neutralidad del Canal ni nuestra independencia a ningún nivel.

La Asamblea Nacional debe anular todos los tratados y acuerdos suscritos entre Panamá y EEUU que le otorgan derecho a esta potencia en el territorio nacional y que no fueron discutidos ni aprobados por el Órgano Legislativo.

Algunos de estos tratados fueron firmados por funcionarios que no tenían facultades constitucionales para obligar a la República de Panamá, como es el caso del Administrador del Canal, Alemán Zubieta, quien suscribió un tratado con el Encargado de Negocios de EEUU, el señor Frederick Becke, con el fin de darle amplios privilegios a 16 agencias federales de EEUU, con el agravante de que dicho acuerdo fue firmado exclusivamente en inglés, en abierta violación de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados.

Julio Yao Villalaz

Internacionalista y ex asesor de política exterior